El Gobierno asegura que informar sobre el coste de los dispositivos de seguridad que tienen que ver con Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, supone un “potencial peligro para actividades presentes y futuras”.
Así lo afirma el Ejecutivo en una respuesta por escrito que ha enviado al Congreso, donde Vox se interesó por el “coste” del despliegue policial que acompañó a Gómez en su declaración judicial del pasado 5 de julio.
Ese día, la mujer del presidente estaba citada para declarar por tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado. La compareciente se acogió a su derecho a no declarar, pero su desplazamiento a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid implicó el uso de diversos vehículos y agentes para garantizar su seguridad.
A este respecto, el Ejecutivo responde que “la información solicitada se refiere al dispositivo de seguridad y, por lo tanto, no puede ser proporcionada, pues conocer los detalles del dispositivo de seguridad permite dimensionarlo y supone, con ello, un potencial peligro para actividades presentes y futuras”.
Figura no regulada
En su pregunta, Vox aludía a que el Ejecutivo había negado a medios de comunicación dar detalles sobre el dispositivo de seguridad que conllevó el traslado de Gómez a los juzgados el pasado 5 de julio.
No obstante, este partido planteaba que “si bien el dispositivo del presidente del Gobierno es materia de información clasificada, el de su mujer no, puesto que ni la Constitución española ni el resto de nuestro ordenamiento jurídico regula su figura”.
Por este motivo, la formación de Santiago Abascal pedía conocer “el coste del dispositivo policial desplegado” para que la esposa de Sánchez fuese trasladada ante el juez Peinado para atender su citación.