La Generalitat valenciana vuelve a incidir en que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez “sigue sin cumplir” con los recursos “que necesitan los valencianos”. Así lo aseguran fuentes del Consell, las cuales critican el menosprecio mostrado a la batería de propuestas puestas sobre la mesa “desde el minuto 1” en los grupos de trabajo que el Ejecutivo autonómico propuso al Gobierno.
Desde noviembre del pasado año, agregan estas voces autorizadas, “el Gobierno de España es incapaz de poner todos los recursos necesarios para que los afectados tengan una vivienda en condiciones, reacondicionar un centro social o ayudar a las empresas a abrir sus negocios”.
Asimismo, dichas fuentes exigen una mayor cooperación al señalar que la “única” ayuda ofrecida a la Generalitat para afrontar la financiación de la reconstrucción es acudir a más deuda “que tienen que pagar todos los valencianos”.
Por ello, desde el Consell listan los “principales rechazos” del Ejecutivo encabezado por Sánchez a las propuestas presentadas por las distintas consejerías durante los seis meses transcurridos desde el comienzo de la DANA. Entre ellos destacan la negativa a un Plan contra Inundaciones, cuyo valor está cifrado 2.390 millones de euros. El departamento de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, destacan las citadas voces autorizadas, presentó dicho proyecto con la intención de modernizar e implementar nuevos modelos predictivos o establecer un sistema de alarmas en los cauces con impacto urbano.
Desde la Consejería de Hacienda y Economía pidieron ayudas a fondo perdido para la reconstrucción, que, según estas voces autorizadas, sí se dieron durante la pandemia. Este departamento también planteó la exención fiscal de las ayudas concedidas por la Generalitat a autónomos y empresas afectadas por la riada.
Por último, destacan tres propuestas procedentes de las consejerías de Medio Ambiente, Industria y la encargada de la Recuperación Económica y Social. El primer departamento pidió “agilizar la ejecución de las obras hidráulicas pendientes”. Entre ellas, efectuar las de encauzamiento pendientes en el barranco del Poyo y la Saleta para poder determinar en qué terrenos se podrá o no recalificar suelo y urbanizar. “No ha habido ninguna respuesta, tan solo información general del proyecto de la Saleta que ha llegado de forma indirecta”, agregan las mencionadas voces autorizadas.
La segunda consejería citada propuso la creación de un pacto de Estado que permita “revisar, actualizar y priorizar” las inversiones en infraestructuras hídricas en toda la cuenca mediterránea para “minimizar los riesgos ante futuras inundaciones”. La tercera solicitó “agilidad en el pago de las indemnizaciones del Consorcio de Seguros”. Desde el Ejecutivo valenciano señalan que en el caso de empresas se ha abonado 13.155 solicitudes de un total de 19.290.