El Gobierno sostiene ahora que llevar los Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados, sin tener atado un acuerdo que garantice su aprobación, sería “hacer perder el tiempo” al Parlamento y a los ciudadanos.
Así lo ha defendido la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de este martes. La comparecencia de Alegría se ha visto marcada por las preguntas sobre las presiones de Yolanda Díaz y los ministros de Sumar, pero también de los aliados parlamentarios, para que el Ejecutivo presente las cuentas públicas para 2025. “[Para] llevar esos Presupuestos hay que hacerlo de manera acordada”, incidió.
En privado, desde el ala socialista se muestran muy pesimistas, y desde la dirección del PSOE hacen lo propio. Pero, en público, Alegría y otros ministros insisten en que siguen “trabajando, dialogando y debatiendo” con el resto de fuerzas, y en que continuarán “sudando la camiseta” para presentarlos lo antes posible. La mayoría de grupos parlamentarios niegan que haya negociaciones abiertas.
Presentar los Presupuestos es una obligación constitucional que Pedro Sánchez ha ido retrasando en los últimos meses. Pese a que la Carta Magna establece que el Gobierno tiene que hacerlo, a más tardar, el último día de septiembre del año anterior a su aplicación.
Las cuentas prorrogadas, hoy en vigor, aterrizaron en la Cámara Baja en 2022, y este martes el Ejecutivo ha reforzado los argumentos en su defensa. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, enfatizó que la Constitución “también regula” lo que sucede “cuando no hay unos Presupuestos aprobados para este ejercicio. Esto es, la prórroga.
Lo que no contempla el texto constitucional, como recuerda el socio minoritario del Congreso, es que no se presenten las cuentas en la Cámara Baja en plazo. Formalmente, el Ejecutivo se niega a firmar el certificado de defunción política de los Presupuestos, que Hacienda mantiene guardados en un cajón, y repite que trabaja para tramitarlas “lo antes posible”.
Fuera de cámara, asumen que los partidos de la mayoría de investidura tienen objetivos distintos, a menudo antagónicos, y que el incremento del gasto en defensa ya comprometido con la UE dificultaría aún más su aprobación.