El Gobierno cubrirá el expediente y llevará al Congreso de los Diputados normas que afectan a dos impuestos distintos, pero hoy asume que aprobarlas es casi equivalente a lograr la cuadratura del círculo. Se trata de la prórroga del impuesto temporal a las energéticas, que exigen Podemos y otros grupos de la izquierda, y el incremento de la fiscalidad del diésel, para equipararla con la de la gasolina.
Fuentes del Ejecutivo anticipan que prevén tramitar estos cambios a través de dos reales decretos ley distintos, aunque para el incremento de los impuestos al diésel también se contemplan otras “fórmulas”, por especificar. Reconocen que ven “muy difícil” que los decretos que apruebe el Consejo de Ministros el 23 de diciembre, o en una convocatoria extraordinaria posterior, logren los votos para su convalidación en la Cámara Baja, ya en enero.
De hecho, afirman que hay normas que presentarán por los “compromisos” con los distintos grupos, con escasas esperanzas. En el caso concreto de las energéticas, entienden que no se producirá la convalidación, y por tanto las empresas no tendrán que pagarlo. Esto escenario no quita, afirman, para que la redacción que adopten, sobre la que no avanzan muchos detalles, garantice la seguridad jurídica. Desde el Ejecutivo recuerdan que se trata de un impuesto sensible, con el que “cuenta” Bruselas, e inciden en que deben tramitarlo, pese a las dificultades.
Y, aunque Junts per Catalunya ha sido el aliado parlamentario que ha cosechado más titulares en los últimos días, tratando de poner en aprietos al Gobierno por distintas vías, hoy es Podemos quien amenaza estas dos normas.
La izquierda a la izquierda del PSOE quiere porrogar el gravamen temporal a las energéticas, reeditarlo para mejorar la recaudación y hacerlo permanente, pero Junts y el PNV rechazan este escenario. Hacienda logró los votos de Podemos, ERC, Bildu y el BNG a favor de su paquete fiscal, prometiendo una suerte de equilibrio casi imposible: conjugar los intereses contrapuestos de sus aliados de la izquierda y la derecha para buscar un punto común al que ni se aproximan. El primer paso era aprobar una prórroga que planean escenificar, pero que nacerá muerta.
Los morados comunicaron el martes que no asistirían a la segunda reunión de la mesa de partidos sobre el gravamen a las energéticas, cuya convocatoria habían exigido al PSOE. “Es necesario que los representantes de las energéticas en el Congreso de los Diputados, Junts y PNV, asistan a la reunión para avanzar en la negociación, tal y como había comprometido el PSOE. Hasta entonces, Podemos negociará de manera bilateral con los socialistas”, despacharon fuentes de esta formación. Durante la tarde, ERC, Bildu y BNG remitieron un comunicado dando por hecho el real decreto, y por amortizado este foro.
PNV y Junts se descolgaron de la primera cita y han hecho lo propio en la segunda: Podemos reprocha al PSOE que estos grupos ni siquiera llegaran a sentarse, y el partido de Pedro Sánchez se lava las manos. El compromiso era buscar una fórmula casi milagrosa que no supusiera incumplir la palabra dada con Junts y, a la vez, que colmara las expectativas de Podemos.
Se trata de un impuesto puesto en marcha durante la anterior legislatura, cuando la formación de Ione Belarra era parte del Ejecutivo. Tiene un importante valor simbólico, más allá de su capacidad recaudatoria, y los morados no ven sentido a reeditar este gravamen si incorpora una batería de exenciones e incentivos fiscales que lo vacíen de contenido, como planteaban Junts y Hacienda. “Nuestros votos no se van a usar para desmantelar todos los logros que Podemos consiguió en la anterior legislatura”, advirtió Belarra desde la tribuna de oradores, el martes. Su intervención debía versar sobre vivienda, pero el aviso para navegantes traspasaba esa frontera.
Rizando el rizo, los suyos insisten en vincular la rebaja fiscal a las grandes energéticas, 1.160 millones en 2024, con la subida generalizada de la tributación del diésel. “Es enormemente injusto cargar los costes de la emergencia climática y la necesaria transición ecológica sobre los hombros de la gente, al mismo tiempo que se permite a las grandes empresas energéticas, principales responsables de la contaminación que causa esa emergencia, irse de rositas”, afirmaron fuentes del partido.
Esto es, que no ven sentido a subir los impuestos a buena parte de la clase trabajadora, que sí utiliza vehículos propulsados por gasoil, para quitárselos, en paralelo, a las grandes energéticas. “No se hará con los votos de Podemos”.
Posiciones “polarizadas”
Por su parte, desde el Ejecutivo lamentan que las posiciones están muy “polarizadas” en lo que toca a este impuesto. Interpretan como meras escenificaciones los golpes sobre la mesa por parte de las distintas fuerzas políticas, y se sacuden toda responsabilidad sobre el anunciado fracaso de la negociación del impuesto a las energéticas: “Si no comprometemos los votos de Podemos, ¿cómo lo vamos a hacer con Junts?”.
En lo que toca a Junts, interpretan que quieren convencer “de que no forman parte de un bloque”, el de los aliados del Ejecutivo. En lo que afecta a los morados, la interpretación de fuentes del Gobierno es que aprovechan la debilidad de Yolanda Díaz y de Sumar para intentar sacar cabeza.
Precisamente, la vicepresidenta segunda mantiene un pulso soterrado con el titular de Economía, Carlos Cuerpo, a costa de la reducción de jornada. Es otro de los muchos frentes -además de los judiciales- que tiene abiertos el PSOE, que se asoma de nuevo a un pleno de máxima tensión este jueves.
La ley de eficiencia procesal, en riesgo
Por un lado, el PSOE estará atento a que Junts “cumpla” con su palabra en materia de impuestos y no ayude a introducir nuevas enmiendas del PP al paquete fiscal del Ejecutivo, después de haber votado a favor de dos de sus modificaciones en el Senado. Por otro, también tiene sobre la mesa la amenaza de los morados sobre la ley de eficiencia del servicio público de Justicia.
Después de su paso por la Cámara Alta, donde la norma fue vetada, el Congreso cuenta con dos meses para levantar este veto y remitirla al BOE. Los de Belarra insisten en que no prestarán sus votos si no se retira de la norma una enmienda que agiliza los desahucios en caso de okupaciones de vivienda.
El Ejecutivo afirma que revertir esta modificación, que se adoptó por error, es tremendamente complejo en el marco de esta tramitación, pero tampoco ha concretado una fórmula concreta para hacerlo a través de otra norma. Podemos advierte de que no levantará el veto este jueves, activando la cuenta atrás de dos meses para lograr los votos necesarios. O para que decaiga.