El Gobierno ha alcanzado in extremis un pacto con Junts per Catalunya para reeditar parte del decreto ómnibus que fue tumbado el pasado miércoles, y Pedro Sánchez lo ha presentado como un auténtico triunfo este martes. La norma inicial fue aprobada por el Ejecutivo en diciembre y después derogada por el Congreso de los Diputados el pasado miércoles, con los votos en contra de PP, Vox y el partido de Carles Puigdemont.
El nuevo texto incluye la revalorización de las pensiones conforme al IPC (2,8%), y otras materias como la extensión de la rebaja del precio del transporte público hasta junio, así como las ayudas a los afectados por la Dana o a los del volcán de La Palma.
Según el jefe del Ejecutivo, el nuevo texto incluirá la “práctica totalidad” de las medidas contenidas en el original, pero ha cifrado en 29 las medidas que introduce, frente a las 80 que contenía en decreto que naufragó el pasado miércoles. Se trata de las iniciativas más sociales, y han quedado fuera las de cariz económico o fiscal.
Así lo ha explicado Sánchez, que ha querido capitalizar haber logrado un acuerdo para volver a tramitar parte de estas normas, para las que en esta ocasión sí creen contar con los votos necesarios, una vez que Junts ha dado su brazo a torcer.
Tras la “incertidumbre” y la “inquietud” que generó en la ciudadanía la caída de estas medidas, Sánchez ha presumido del esfuerzo del Ejecutivo para encarrilar la situación a través de una “larga negociación”. “Hemos negociado hasta la extenuación”; “al final, las cosas salen”, sostuvo.
Entre las medidas que incluye el nuevo decreto se establece también la prórroga de la prohibición de desahuciar a personas vulnerables durante el año 2025, una medida que Junts había rechazado. La complementará, según ha explicado el presidente, el sistema público de avales para propietarios e inquilinos de viviendas que anunció hace algo más de una semana, y que constituye una “medida adicional” al decreto ómnibus.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, compareció poco después del presidente para sacar pecho por el mantenimiento del “escudo social” en este nuevo decreto, y porque se replique “en su totalidad”. Desde el Congreso de los Diputados, no desveló nuevos detalles sobre la norma, y apenas mostró su “satisfacción” ante este desenlace.
El Ejecutivo acepta una nueva versión de la PNL de Junts sobre la cuestión de confianza
El precio a pagar, además de dejar fuera de esta norma algunas medidas, pasa por aceptar que el Congreso debata la proposición no de ley (PNL) de Junts que exige a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. Fuentes del Ejecutivo han aclarado que se modificará su redacción para que quede constancia de que la potestad de presentar una cuestión de confianza es exclusiva del presidente, y por tanto no han aterrizado qué desarrollará finalmente el texto de la iniciativa de Junts. Sánchez incidió en que no considera “necesario” someterse a este debate.
En escasas horas, Moncloa ha pasado de posponer la nueva regulación y de rechazar el troceo del decreto a asumir una actuación urgente -la reclamaban Sumar, los socios parlamentarios y la oposición-, y la fragmentación del decreto ómnibus, a la que sí se oponían todos sus aliados.
De hecho, ahora presumen de haber logrado una solución en tan breve espacio de tiempo: “Estos últimos días nos han enseñado” que, “a pesar de todas las dificultades, a pesar estar en minoría parlamentaria desde hace 7 años”, dijo Sánchez, éste es “el Gobierno de los acuerdos”.
El anuncio de la comparecencia del presidente se produjo apenas 25 minutos antes de la hora fijada inicialmente, las 13:45 horas, y después de que se difundiera que serían otros ministros quienes darían cuenta de lo aprobado tras la habitual reunión del Consejo.
Sirvió al presidente para presumir de los últimos datos de paro, el registro más bajo “en 16 años”, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes. Y para arremeter contra el PP y Vox, “la coalición negacionista” a la que acusa de “contaminar el debate con manipulaciones y mentiras” sobre el decreto. No dedicó una sola crítica a Junts, que también votó en contra, y que hoy ha dado un balón de oxígeno al Ejecutivo.
Una vez rubricado por el Consejo de Ministros, el texto será remitido al Congreso de los Diputados, y debe ser convalidado en pleno en no más de 30 días, pero se espera que esta sesión se produzca mucho antes.
Junts decreta el fin de la “congelación” de sus negociaciones con el PSOE 10 días después
Las negociaciones con Junts se han sucedido durante las últimas horas, y para ganar tiempo se ha retrasado la celebración del Consejo de Ministros hasta pasado mediodía.
Pese a las presiones de sus socios de coalición, de los aliados parlamentarios y de la oposición, hasta hace escasas horas el PSOE se resistía a legislar de inmediato para evitar que decayesen las medidas del decreto, en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros el 23 de diciembre. El Gobierno viró para dejar abierto el escenario al que, hasta ahora, se resistía.
Por su parte, el partido de Puigdemont ha convocado para esta misma tarde una rueda de prensa de su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, para “valorar la última hora después del Consejo de Ministros”.
En un comunicado, la formación asegura que el nuevo texto introduce “medidas para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los ocupas o por los morosos en las viviendas”.
Y presume de que quedan fuera, para abordarlas en una negociación posterior, “las medidas tributarias”, como las “ayudas a empresas electrointensivas”, o los anticipos por la financiación autonómica “sin pactar una redistribución distinta de los objetivos de déficit, y sin haber abierto una negociación seria sobre el concierto económico de Cataluña”. “Con este acuerdo, Junts per Catalunya levanta la congelación de las negociaciones sectoriales con el PSOE”, zanjan.