“A ustedes, señor Casado, se les fugó Puigdemont, y yo me comprometo hoy, y aquí, a traerlo de vuelta a España, y que rinda cuentas ante la Justicia”. Hace algo menos de cuatro años, Pedro Sánchez pronunció estas palabras ante Pablo Casado y los entonces líderes de Ciudadanos y Podemos, Albert Rivera y Pablo Iglesias, en un debate entre candidatos a las elecciones generales. Lo hizo en directo, en prime time. Dos legislaturas después, Sánchez es el único de estos políticos que sigue a los mandos de su formación, pero en el PSOE asumen que esta promesa electoral ha envejecido mal, y no es la única.
La anunciada llegada de Carles Puigdemont a España, este jueves así como su previsible “rendición de cuentas” ante la Justicia puede ser inminente. Pero no tiene que ver con la promesa del presidente del Gobierno, sino con la decisión del líder espiritual de Junts de intentar torpedear la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat.
El Gobierno espera en un silencio casi sepulcral el desembarco del expresident, huido hace casi siete años. Fuentes del Ejecutivo admiten cierta “expectación” por lo que pueda ocurrir este jueves, si bien interpretan que la investidura está asegurada. ERC admitió el martes que la detención de Puigdemont podría obligar a retrasar el pleno que convertirá a Illa en president, pero también se comprometió a mantener su apoyo al candidato del PSC. En el Gobierno empiezan a estar acostumbrados a los golpes de efecto de Junts, cuyos diputados llegaron a votar en contra de la ley de amnistía que ellos mismos reclamaban, retrasando su aprobación, para forzar la inclusión de nuevas exigencias de los independentistas.
“Habrá más ruido que nueces”, anticipan estas fuentes. Como los republicanos, en el Ejecutivo y en el PSOE dan por hecho que la investidura saldrá adelante, aunque los movimientos del expresident han acaparado todos los focos de la política nacional. El propio Puigdemont es quien prendió y quien alimenta este fuego. El miércoles, durante la mañana, difundió un vídeo en el que aseguraba estar regresando a España, y ya anticipó que considera “ilegal” su detención, que aún no se ha producido.
Oficialmente, el Gobierno se mantiene en riguroso silencio sobre esta materia, como evita responder a las preguntas sobre el acuerdo PSC-ERC. Los teléfonos suenan, pero la decisión es no descolgarlos. Según la agenda oficial de La Moncloa, no se ha propiciado una sola convocatoria abierta a los medios desde el pasado miércoles. Fue entonces cuando el presidente del Gobierno compareció para hacer balance del curso político, esquivando entrar al detalle del pacto.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (Sumar) concedió una entrevista el viernes, pero centró sus respuestas en las materias que son competencia directa del Ministerio de Trabajo. Apenas valoró como “positivo” el pacto entre el PSC y ERC, ensalzando que el Ejecutivo ha propiciado un clima favorable al diálogo. Este entendimiento ha sido criticado con dureza por el PP, pero también por media docena de barones socialistas, y hasta por algunos de los partidos que integran Sumar (Izquierda Unida, Compromís y la Chunta Aragonesista). Pero los socios de coalición respaldan el acuerdo, que ha levantado ampollas en los territorios por el concierto económico catalán.
El PSOE también hace lo posible por esquivar las preguntas sobre la llegada de Puigdemont, socio forzoso en el Congreso, y sobre el acuerdo con Esquerra. Desde el domingo, Ferraz se ha limitado a distribuir declaraciones grabadas de su portavoz, Esther Peña, críticas con el PP y con su modelo de financiación autonómica. Sobre el pacto que ha soliviantado a los territorios, de momento, no hay valoraciones.
En cualquier caso, el anuncio de la irrupción en escena de Puigdemont, que huyó de España en 2017 para evitar ser detenido por su rol en el procés, sí ha contribuido a rebajar la presión sobre los barones. Por una parte, los socialistas quieren celebrar su retorno a la Generalitat de Cataluña. Por otra, el propio acuerdo, así como la falta de explicaciones y pedagogía para naturalizarlo, han encendido a barones que, hasta ahora, no habían expresado tantas reticencias ante decisiones tan polémicas como la ley de amnistía.
El espejo de la hemeroteca
Dos semanas antes de que ERC anunciara el acuerdo, fue la número dos del Gobierno y del PSOE, la vicepresidenta María Jesús Montero, quien afirmó no contemplar una suerte de “concierto económico” para Cataluña. Tres días antes de las elecciones generales del 23-J, en plena campaña, era el propio Sánchez quien rechazaba una amnistía para los involucrados en el procés.
Y el próximo 6 de noviembre se cumplirán cuatro años desde que lanzara uno de sus mensajes públicos más contundentes contra Puigdemont. “Nadie está por encima de la ley. Puigdemont es un prófugo de la Justicia. Trabajaremos para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgarlo con imparcialidad”, escribió Sánchez en su perfil de X. Independientemente de cómo se desarrollen los acontecimientos este jueves, el presidente del Gobierno volverá a ser preguntado por su propia hemeroteca.