En el Alto Tribunal está todo preparado para tomar declaración a Carles Puigdemont. El juez Pablo Llarena ya está puesto en preaviso para abandonar sus vacaciones e “incorporarse de inmediato” si esta vez el amago de regreso de Puigdemont se materializa. En el Supremo dan por hecho que, en el caso de que regrese, reaparecerá en Barcelona. Por eso no dan una fecha concreta de la toma de su declaración ante el juez Llarena: “Hay que conducirle”, explican. Pero apuntan las fuentes consultadas por Artículo 14: “En todo caso debe ser antes de que transcurran las 72 h que otorga la ley como plazo máximo para resolver sobre si queda en prisión o en libertad”, por tanto, ese cara a cara entre Llarena y Puigdemont se produciría antes de terminar la semana.
Sobre su vuelta todo son incógnitas. Cómo entrará en Barcelona, cómo intentará acceder al Parlament, cómo será su detención… Por el momento, los Mossos han preparado un dispositivo de seguridad para su detención. El Parlament estará blindado, cordones de agentes se extenderán por las inmediaciones donde también habrá protestas de la ultraderecha y de los independentistas.
El objetivo de Puigdemont es reventar el pleno de investidura de Salvador Illa. Que se suspenda por su detención y ser el protagonista de la jornada. Por el momento, en la previa ya ha conseguido toda la expectación. De cara a mañana, el presidente de la cámara, Josep Rull, del partido de Puigdemont advirtió: “Si detienen a Puigdemont, no puedo aceptar que el pleno se desarrolle con normalidad”, por tanto, lo aplazaría.
El magistrado Joaquim Bosch da detalles a Artículo 14 sobre cómo sería su arresto: “La detención se puede realizar cuándo Puigdemont esté con manifestantes o incluso en el propio Parlament; pero se debe actuar con principios de necesidad y proporcionalidad para evitar que la detención tenga lugar en un espacio en el que se puedan generar incidentes o situaciones conflictivas”, así que la cantidad de gente que consiga movilizar el regreso del líder de Junts será clave en su detención.
El jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay culpó por redes sociales a los Mossos de su eventual detención: “Contemplando el fin definitivo de los Mossos como policía catalana. De esta deriva he sido testigo directo en estos últimos 7 años”. Pero apuntaba que hay agentes que mañana seguirían las órdenes del expresident. Sobre la posibilidad de que haya Mossos afines a Puigdemont que lo ayuden y se opongan a la orden de arresto del Supremo, el magistrado Bosch aclara: “Si un agente se niega a detenerlo por razones ideológicas, se expone a medidas que pueden llevar a su inhabilitación”.
Sea como fuere, no podrán evitar su detención y esa declaración presencial ante Llarena. Tras ella, será el magistrado quien decida si va a prisión provisional. Con toda probabilidad Puigdemont irá a la cárcel porque “hay riesgo de fuga y la obligación del magistrado es que se le pueda juzgar”, aseguran las fuentes del Supremo. Una decisión que su abogado, Gonzalo Boye, podrá recurrir. Primero con un recurso de Reforma y otro de Apelación al Alto Tribunal y después, si estos son revocados, con un recurso de amparo al Tribunal Constitucional.
Mientras, la Sala del Tribunal Supremo recibirá la instrucción de Llarena, ya completa con la declaración de Puigdemont. Acto seguido tendrá que escuchar a todas las partes (Abogacía del Estado, acusaciones, defensas y Fiscalía) para tomar una decisión sobre si se abre juicio oral. Un trámite que se podría demorar hasta tres meses, según estiman las fuentes consultadas. De salir adelante, Puigdemont podría ser juzgado por un delito de malversación que el Supremo determinó que no entraba dentro de la ley de Amnistía y que está penado hasta con 12 años de prisión.