Este martes se reúne la Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano doctrinal, para abordar uno de los últimos frentes que afecta a Álvaro García Ortiz: la aplicación de la ley de amnistía. Cuatro fiscales del Tribunal Supremo han propiciado este cónclave porque discrepan del criterio del fiscal general. Para ellos, el delito de malversación de los condenados en la causa que instruyen no cabe en la amnistía pero para Ortiz sí porque “no supuso enriquecimiento personal”. Esa es la discrepancia que debatirán.
Si bien, más allá de esa tensa reunión, el verdadero el elefante en la habitación será la imputación que sobrevuela sobre el fiscal general del Estado.
Lo que se sabe es que Ortiz no se plantea dimitir aunque el Supremo le investigue por un posible delito de revelación de secretos. El fiscal general del Estado está convencido de su inocencia, según su entorno. Defiende que publicó los datos fiscales de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, para desmentir “un bulo”. Además, considera que no se saltó el deber de reserva -confidencialidad esperada cuando se está intentando llegar a un acuerdo entre las partes- porque la información que desveló en la nota de prensa ya había sido filtrada a otros medios “por parte del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.
Sin embargo, fuentes jurídicas del Tribunal Supremo consultadas por Artículo 14 piensan que debe dimitir. Apelan a la Constitución Española: “El ministerio fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad”, dicta el artículo 124. Por lo que, según las fuentes consultadas, no sería compatible cumplir con este artículo de la Carta Magna y estar siendo investigado por unos hechos constitutivos de delito: “La situación sería insostenible”, añaden.
Dicho esto, las fuentes consultadas no dudan de que Ortiz habrá recibido el apoyo “expreso”del presidente del Gobierno, y de ahí que se mantenga firme en su postura de quedarse.
Desde la Asociación de Fiscales (AF), considerada de corte conservadora, piensan que lo propio sería dimitir por lo “lamentable” de la situación y, en declaraciones a Artículo 14, denuncian el “sacrificio” al que sometería a la institución de no hacerlo y ya “ni hablamos si acabara siendo juzgado”, sentencian. Una circunstancia tan extraordinaria que ni si quiera está contemplada en el Estatuto.
Por su parte, en la Unión de Fiscales Progresistas, asociación a la que pertenece García Ortiz, no plantean ese escenario. Se muestran convencidos que la actuación de García Ortiz está “libre de delito” y no contemplan otra opción que no sea “el archivo del caso”. Además, manifiestan su apoyo absoluto a la decisión del fiscal y creen que no dimitirá porque “es un hombre de firmes convicciones”.
El criterio de Ortiz se impondrá este martes
Precisamente la Unión Progresista de Fiscales será mayoritaria en la Junta de este martes para debatir sobre la aplicación de la ley de amnistía. Las fuentes consultadas de la asociación confían en que el debate de este martes sea “enriquecedor” y reivindican que la Junta de Fiscales de Sala no es un “parlamento de fiscales, sino un órgano asesor”. Normalizan además el encuentro: “No tenemos precedentes de una ley de amnistía es lógico que haya debate”, sentencian las fuentes.
Sin embargo, desde la Asociación de Fiscales miran a la cita con menos expectación. Dan por hecho que saldrá adelante la postura de García Ortiz ya que ahora mismo la mayoría de los componentes de esa mesa pertenecen a la UPF. Situación que denuncian: “Con Dolores Delgado y sobre todo con García Ortiz, todos los nombramientos de los nuevos Fiscales de Sala han recaído en la UPF salvo dos casos”.
Además, lamentan que no se vaya a tener en cuenta la postura de los fiscales del Tribunal Supremo porque “quien más conoce el procedimiento son los cuatros fiscales de sala del juicio del ‘procés’”, aseguran las fuentes consultadas.
Los fiscales del Supremo que discrepan de García Ortiz son Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno e instruyen las causas de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa en el alto tribunal. Dos de estos fiscales pertenecen a la Asociación de Fiscales mientras que los otros dos no están inscritos a ninguna agrupación. Si se oponen a la doctrina que se imponga este martes en la Junta de Fiscales, podrán dar un paso al lado y dar el relevo a que sean otros fiscales quienes apliquen el criterio del fiscal general.
La polémica rodea al fiscal general
Estos dos frentes mantienen en la actualidad al García Ortiz en la picota. Pero el mandato del fiscal general está rodeado de polémica desde el principio. Desde su nombramiento se le puso en duda porque había sido la mano derecha de Dolores Delgado, su predecesora y exministra de Justicia. Delgado fue muy cuestionada por su conexión con el Ejecutivo y el nombramiento de Ortiz fue visto como una continuidad del mandato de Delgado.
De hecho, dos meses después de asumir el cargo, intentó ascender a su predecesora a la máxima categoría: a Fiscal de Sala de lo militar. Algo que el Tribunal Supremo rechazó porque consideró que se trataba de una desviación de poder. Luego intentó que fuera Fiscal de Sala de memoria democrática, nombramiento que el Tribunal Supremo también anuló recientemente.
Otro varapalo de García Ortiz llegó con el informe del Consejo General del Poder Judicial que rechazó, por primera vez en la historia, la idoneidad del fiscal general para seguir en el cargo. El Senado también le reprobó este mayo gracias a la mayoría absoluta del PP que le acusó de “servilismo descarador”, en palabras de la senadora popular María Asunción Mayo.
Precisamente en ese vínculo con el PSOE es en el que se basan la gran parte de críticas -tanto de la judicatura como de partidos políticos como el PP- hacia García Ortiz. Le echan en cara su participación en un ‘laboratorio de ideas’ del PSOE en 2019 y le acusan de “actuar en favor” del Gobierno con sus decisiones, sobre todo las relacionadas con el independentismo. Por ejemplo, en febrero de este año los fiscales de sala acordaron pedir al Tribunal Supremo la imputación de Carles Puigdemont por un delito de terrorismo. Sin embargo, el informe final redactado por la número dos de Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, concluyó que se hallaban “ante meras conjeturas o sospechas” y rechazó la postura del resto.
La unión Progresista de Fiscales asegura que a Ortiz, así como al resto de fiscales generales, se le culpa de algo de lo que no es culpable: la forma de su nombramiento. Creen que el hecho de ser designados por el Gobierno hace que se convierta en motivo de ataque por la oposición y que siempre pasa lo mismo. Por su parte, en la Asociación de Fiscales viven con “desazón y amargura” el lugar en el que está dejando Ortiz a la institución.