El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este viernes un escrito en el que defiende que se debe aplicar la ley de amnistía a la malversación que se le atribuye al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros líderes del procés.
Así se ha pronunciado en un decreto, que firma después de que el miércoles recibiera de los fiscales del procés un informe en el que se oponían a aplicar la norma a la malversación.
“Procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados”, aboga el fiscal general en el escrito.
Además, García Ortiz llama la atención sobre el hecho de que los fiscales del Supremo “han anticipado el planteamiento de una discrepancia” con la postura de la Fiscalía General (artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) “sin conocer previamente el contenido de la orden o instrucción ni los argumentos en que esta se fundamenta”.
Aunque la cuestión clave de esta novedad reside en por qué el fiscal general ordena a los fiscales del Supremo que defiendan la amnistía a Puigdemont. García Ortiz considera que los cuatro fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno confunden en su informe el “ánimo de lucro” que exige el delito de malversación con el “enriquecimiento personal de carácter patrimonial” de aquellos hechos que la ley de amnistía considera no amnistiables. El perjuicio patrimonial para la Administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al “enriquecimiento personal de carácter patrimonial”, señala.
Asimismo, considera que los hechos no produjeron una afectación directa a los intereses financieros de la Unión Europea.
Informe de fiscales del ‘procés’
Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo se mostraron en contra de amnistiar dicho delito al entender que los encausados sí tuvieron ánimo de lucro y que su actuación sí afectó a los intereses financieros de la Unión Europea.
En aquel informe, los fiscales avisaron a García Ortiz de que si no estaba de acuerdo con este criterio y consideraba que sí debe aplicarse la ley de amnistía a dichos encausados debería “ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada”.
Los cuatro firmantes adelantaron que si el fiscal general plasmaba por escrito que proponía aplicar la amnistía a la malversación del procés, invocarían el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para elevar el asunto a la Junta de Fiscales para que se pronuncien sobre las dos posturas.
Cabe recordar, no obstante, que el fiscal general tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar al cónclave, tal y como fija el Estatuto.
Con todo, los fiscales del procés apuntaron que si García Ortiz -tras la Junta de Fiscales- impone que se debe aplicar la amnistía ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general u otro fiscal que él designe.
Aunque no ven posible amnistiar la malversación del procés, los cuatro fiscales sí ven viable aplicar la norma a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos que se circunscriben al proceso independentista catalán.
Junta de fiscales
Por ello, el fiscal general ha convocado a los Fiscales de Sala para celebrar una junta el próximo martes, 18 de junio, después de que el fiscal Zaragoza, en nombre de los cuatro fiscales del procés, haya invocado el artículo 27 por no estar de acuerdo con la orden dada esta mañana por el FGE. La Junta de Fiscales de Sala comenzará a las 9.30h.