La radiografía del móvil del fiscal general que hace la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil certifica que, excepto una llamada de un periodista de la Cadena Ser, “no existe ninguna llamada ni intento de comunicación fuera del ámbito de la Fiscalía“. Pero los días 12 y 13 de marzo se produjeron contactos con un número de teléfono cuyo usuario la UCO no pudo identificar en su informe. Fueron dos llamadas telefónicas y Artículo14 ha podido confirmar que la interlocutora fue Dolores Delgado, la ex ministra de justicia de Pedro Sánchez y ex fiscal general.
García Ortiz fue la mano derecha de Delgado durante su etapa al frente de la Fiscalía. Y su relación es muy estrecha porque, además, Delgado sigue estando en la cúpula del Ministerio Público, toda vez es Fiscal de Sala Derechos Humanos y Memoria Democrática.
El 12 de marzo saltó a la prensa la denuncia de la Fiscalía contra Alberto González Amador a la prensa por presunto fraude con Hacienda. Horas después de que eldiario.es publicara esa información, Delgado llamó a García Ortiz y habló con él durante más de 20 minutos. Al día siguiente volvieron a telefonearse, la comunicación duró esta vez seis minutos.
Esa tarde, el periódico El Mundo publicó una información sobre el desarrollo de los acontecimientos filtrada por Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, en la que se decía que la fiscalía ofreció un pacto a la pareja de la presidenta madrileña cuando fue al revés. La confusión vino porque la cadena de correos electrónicos no se filtró de forma íntegra. Faltaba un e-mail del dos de febrero en el que el novio de Ayuso reconocía delitos y era él quien ofrecía un pacto.
Ese correo se publicó al día siguiente, el 14 de marzo, pero antes el Palacio de la Moncloa ya tenía en su poder todos los mensajes intercambiados, según se pudo constatar del volcado de mensajes de Juan Lobato, a quien Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López, le instó a usar el mail del dos de febrero como arma política contra la presidenta de Madrid en el pleno de la Asamblea.
Es reseñable que ese mail llegara a la Presidencia del Gobierno antes que los medios se hicieran eco. Según explicó Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, ante el juez Ángel Hurtado, a los correos electrónicos tuvieron acceso unas 60 personas dentro del Ministerio Público, institución de la que forma parte Delgado.
123 llamadas del fiscal general
Aparte de sus conversaciones con la ex ministra de Justicia, García Ortiz efectuó 123 llamadas a otros cargos de la fiscalía. La mayoría con Diego Villafañe, su número dos, y Pilar Rodríguez, fiscal Jefe de Madrid, ambos imputados en el caso por un presunto delito de revelación de secretos. También hubo varios contactos con Almudena Lastra, fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, que se opuso a la publicación de la nota de prensa que emitió la fiscalía aclarando la información tergiversada del jefe de gabinete de Ayuso.
Sin embargo, la UCO no ha podido desvelar los mensajes de Whatsapp, ni los correos que intercambió García Ortiz en esos días porque el 16 de octubre, el día que el Tribunal Supremo abrió una investigación al fiscal general, él se afanó en no dejar rastro así lo certifican los agentes: “La falta de mensajes anteriores al 16 de octubre del 2024 en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se debe, fundamentalmente, al vaciado o borrado intencionado de todos los mensajes contenidos en las distintas conversaciones siendo realizada esta acción hasta en dos ocasiones el indicado día 16 de octubre”. Además, eliminó su cuenta de correo electrónico de forma “deliberada”.
El fiscal general pide protección al CGPJ
El informe de la UCO al que ha tenido acceso este periódico contiene información sensible de García Ortiz. Es por ello que el fiscal general ha pedido al Poder Judicial medidas urgentes porque considera que “se está poniendo en riesgo su seguridad” con la difusión de estos datos que incluyen “el domicilio particular de todos y cada uno de los titulares de las líneas telefónicas”, lamenta el fiscal general en su escrito. En este mismo sentido, el ministerio de Interior baraja reforzar la seguridad del fiscal general, según comunican fuentes a este periódico.
En paralelo, el juez Ángel Hurtado continua con sus pesquisas. Este lunes, citó a declarar como testigo a Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el próximo 21 de febrero. Ribón se reunió con García Ortiz y con la entonces presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, después de que se emitiera la nota de prensa en la que desmentía la noticia de El Mundo. El decano no quedó conforme con esta reunión y días después presentó una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de Madrid contra el Ministerio Público por la nota de prensa difundida con “datos concretos de comunicaciones”. Ahora el Colegio de Abogados ejerce la acusación popular en la causa.
Resolución sobre el recurso del registro
Por otra parte, queda pendiente que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo resuelva el recurso que interpuso la defensa de García Ortiz por el registro que ordenó Hurtado a los despachos de la fiscalía general. Fuentes jurídicas confirman a este periódico que esta semana se producirá dicha resolución, que podría ser clave para el devenir de la causa. Unas deliberaciones en las que, paradójicamente, participará Julián Sánchez Melgar, ex fiscal general del Estado. Es decir, un fiscal general tendrá que decidir sobre si es legal y mesurado encargar el registro del despacho del actual fiscal general.