Este jueves, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró como testigo en la causa que el Tribunal Superior de Justicia instruye sobre si la Fiscalía incurrió en un delito de revelación de secretos al publicar los datos reservados de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Lastra aseguró ante el juez que fue ella quien recibió la orden directa de Álvaro García Órtiz, fiscal general del Estado, para publicar esa nota de prensa. En la declaración, Lastra evidenció la tensión que se ha vivido en la Fiscalía Superior de Madrid en esos momentos. El jefe de prensa se negó a publicar una primera versión amagando incluso con la dimisión.
Pese a las reticencias de Lastra, “por imperativo”, acabó obedeciendo la petición de García Órtiz, su superior. El 14 de marzo se distribuyó la nota de prensa, que ahora se investiga, con las conversaciones que había mantenido la Fiscalía y el abogado de González Amador.
En ese comunicado, se disponía en orden cronológico el intercambio de correos electrónicos mediante los que el abogado de la pareja de Ayuso intentó llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por sus delitos fiscales. El escrito enviado a los medios respondía a unas informaciones publicadas por el entorno de Ayuso en las que se aseguraba que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad a González Amador cuando, en la práctica, fue lo contrario. El abogado de la pareja de Ayuso había ofrecido ese acuerdo al ministerio fiscal.
La realidad es que García Órtiz no se ha ocultado. De hecho, ya en abril en un acto institucional asumió la “responsabilidad última de esa nota de prensa” y este lunes envió un escrito al TSJM de Madrid explicando que la nota de prensa se difundió por sus órdenes “expresas y directas” y que las volvería a dar para “poner fin a un bulo”.
Además, añadía en el documento al que ha tenido acceso Artículo 14: “Ningún miembro de la Fiscalía española debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva porque todos los correos electrónicos habían salido previamente desvelados medios de comunicación”, refiriéndose a que el entorno de Ayuso llevaba días filtrando a la prensa el contenido de esas conversaciones.
Para concluir, García Órtiz recordaba al juez instructor que al asumir él la responsabilidad última y estar aforado, la causa debería pasarse a investigar por el Tribunal Supremo.
La actitud del fiscal general está más en entredicho que nunca, toda vez que puede acabar imputado. Y también ha generado una fractura entre los fiscales, según ha podido saber Articulo14. Fuentes fiscales progresistas respaldan “sin fisuras” la decisión de García Órtiz. En concreto, trasladan su “absoluta confianza” en que la causa se archivará y aseguran que si la nota de prensa hubiera salido de algún órgano judicial, en lugar del ministerio fiscal, la apoyarían de igual forma.
Argumentan las fuentes consultadas del lado progresista que había “suficiente interés informativo como para publicar los datos fiscales de González Amador y, es más, consideran que era obligación del ministerio fiscal dar cuenta de esa información para desmentir un bulo.
Por su parte, fiscales conservadores dicen a Artículo 14 que ellos hubieran optado por otra forma de comunicar la información y tildan de “excesiva” la nota de prensa. Recalcan la importancia de preservar la confianza entre las partes en las negociaciones para llegar a una conformidad.
Y explican las fuentes fiscales que, en parte, las reticencias de Lastra podrían explicarse con este argumento: “Cuando se están negociando los acuerdos de conformidad hay que mantener en reserva lo que se está negociando. No se puede vulnerar el deber de sigilo”, aseveran los fiscales conservadores.