El 23 de octubre, una semana después de que el juez Ángel Hurtado abriera una investigación al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos, García Ortiz cambió de móvil. Es a la conclusión a la que llega la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en su último informe al que hemos tenido acceso: “Se habría producido un cambio de terminal telefónico”, reza el documento solicitado por el juez, después de que la UCO informara que había encontrado “cero mensajes” en el móvil del fiscal general después de su incautación.
Es cuestión de tiempo, incluso de días que el juez Ángel Hurtado del Tribunal Supremo llame a declarar a Álvaro Garcia Ortiz como investigado para aclarar este cambio de terminal. El objetivo último de este caso es destapar la identidad del filtrador de la información fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Todo empezó con la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de delitos económicos contra González Amador por presunta defraudación tributaria y falsedad documental. El abogado de la pareja de Ayuso ofreció un pacto a la fiscalía reconociendo los delitos. Esta información saltó a la prensa en marzo, pero de forma tergiversada, dando a entender que había sido la fiscalía quien ofreció un pacto a la pareja de Ayuso.
Supuestamente, esta filtración con la información a medias la promovió el equipo de la presidenta madrileña liderado por Miguel Ángel Rodríguez. En ese momento, se inició una operación dentro de la fiscalía para emitir una nota de prensa con el objetivo de “desmentir un bulo“, tal y como aseveró el fiscal general. La publicación de esta circular motivó una denuncia de la pareja de Ayuso contra la fiscalía por haber desvelado información confidencial de un ciudadano anónimo. El caso llegó al Tribunal Supremo con la imputación del fiscal general. Sin embargo, la información correcta de cómo fue el transcurso de los hechos ya la había publicado la Cadena Ser horas antes de la publicación de la nota de prensa. De ahí que el Alto Tribunal trate de aclarar quién fue la persona que facilitó la información a la prensa.
El juez ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil incautar el móvil y el ordenador de García Ortiz e indagar en las comunicaciones que mantuvo los días de la filtración. Sin embargo, la UCO encontró “cero mensajes” en el dispositivo de García Ortiz. En principio, desde la fiscalía defienden que el borrado de dispositivos móviles es un protocolo habitual dentro del ministerio público. Pero también cabría la posibilidad de que García Ortiz no estuviera usando el movil que la UCO incautó el día de la filtración, pero ahora se demuestra que no fue cuestión de eliminar mensajes sino que se cambió el teléfono móvil.