El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En él asume la responsabilidad última de la publicación de una nota de prensa que “desmentía informaciones falsas” en relación con la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por dos delitos contra la Hacienda pública y uno de falsedad documental.
García Ortiz ha concluido que el TSJM carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota, ya que su publicación no se hubiera producido sin su previa autorización e instrucciones “expresas y directas”. Esto supondría, si así se estimara, que la causa pasaría a investigarla el Tribunal Supremo debido al aforamiento de García Ortiz.
De esta manera, el fiscal general ha respondido al magistrado instructor, Francisco José Goyena, que había requerido a la Fiscalía Provincial información sobre “quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado”.
Cabe recordar que el magistrado Goyena está instruyendo una causa en la que se podría haber producido un delito de revelación de secretos al publicar algunos correos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso Julián Salto.
Defensa de sus acciones
García Ortiz, ha subrayado, que ya “asumió la responsabilidad” de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril. Dicha declaración, que se dirigía a zanjar especulaciones sobre su “notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa”, fue aportada a la causa que se sigue en el TSJM.
Asimismo, ha reiterado que la nota se emitió “para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal” y para cumplir con la obligación de ofrecer información veraz a la ciudadanía. Este “bulo” hace referencia a las informaciones que apuntaban a que el pacto lo habían ofrecido los fiscales y no el empresario.
A juicio del fiscal general resulta “cuando menos sorprendente” que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos. Como consta en el escrito remitido al TSJM, ha indicado, “ningún secreto se desvela” cuando los correos electrónicos que el letrado de la persona investigada había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid “circulaban ya —sin contención alguna— por las redacciones de varios medios de comunicación”. “No es secreto lo que ya es de dominio público”, ha venido a resumir su postura.
Citación de la fiscal superior de Madrid
Actualmente, la situación del caso es la siguiente. Este escrito se hace público cuatro días después de que el TSJM acordara citar a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. Lo hizo para ahondar en esta investigación abierta a raíz de la denuncia interpuesta por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Salto por un presunto delito de revelación de secretos.
Con ello, el magistrado Goyena tratará, si continúa como instructor, de investigar a instancias del querellado “quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado”.