El exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos ha negado “radicalmente” que su salida de la institución para ir a la Embajada de España en EEUU “tenga nada que ver” con los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) ni que él fuera autor de un chivatazo a Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. También ha negado relación con otro implicado en la trama, el comandante Rubén Villalba, más allá de firmar su cese.
“Nunca hemos hablado ni tenido trato, nunca he estado reunido con él, nunca nos hemos escrito, nunca nos hemos enviado Whatsapps, nunca nos hemos escrito por Telegram ni por ningún otro procedimiento; no le conozco”, ha señalado Leonardo Marcos al ser preguntado por Koldo García en su comparecencia por videoconferencia en la comisión de investigación en el Senado.
Ante las preguntas de UPN, Leonardo Marcos ha justificado su salida tras 15 meses como director general de la Guardia Civil para “reintegrarse” en su puesto en la administración como consejero de Información en la Embajada de España en Washington, donde ya estuvo entre 2009 y 2012, señalando que tomó esta decisión tras “cumplir” con su cometido de dar “estabilidad” al Instituto Armado.
En este sentido, ha negado que su destino en la Embajada sea un premio político por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya que lleva 44 años en puestos de relevancia por libre designación por formar parte del cuerpo superior de administradores civiles del Estado, incluyendo la etapa de director general de Protección Civil y Emergencias durante la pandemia.
Su nombre en un informe de la UCO
“He desempeñado puestos relevantes desde 1989 de manera ininterrumpida; no hay ningún premio, ningún silencio, nada que comprar, nada que ocultar”, ha indicado Leonardo Marcos en su comparecencia por videoconferencia, pidiendo que los informes de la UCO se lean “enteros” y no parcialmente.
Leonardo Marcos ha dicho que en su caso él no leyó como director ni conoce directamente los informes de la UCO sobre el ‘caso Koldo’, porque entre sus funciones no estaba controlar lo que hacía la UCO en su función de policía judicial bajo mandato de los tribunales, por lo que su conocimiento se limita a lo publicado en prensa.
Dicho esto, le ha dado la vuelta al interrogatorio de los senadores para sostener que son los “investigadores los que parece que han aclarado” que no hubo chivatazo suyo a la trama. “La pregunta es por qué con esos indicios tan débiles acaba mi nombre en ese informe”, ha comentado.
El exdirector de la Guardia Civil ha repetido varias veces que “niega absolutamente” la conversación en la que el comandante Rubén Villalba y Koldo García conversaron sobre su implicación en un chivatazo, lo que ha encuadrado en que es “un implicado que le dice a otro implicado”. “Es una falsedad absoluta; lo niego total y radicalmente”, ha terciado.
No puedo hablar de teléfonos seguros
Leonardo Marcos también ha comentado que “no tuvo relación ninguna” con Rubén Villalba, al que ha señalado como “un comandante más de los muchos que hay en la Guardia Civil”. Su relación se limitó, ha dicho, a que lo suspendió de funciones “en cuanto” tuvieron conocimiento de su presunta implicación con la trama por “comportamientos irregulares”, promoviendo a continuación su cese de destino en la Embajada de Venezuela.
Ante las preguntas relativas a la parte del informe de la UCO que habla de que Rubén Villalba -que forma parte del Servicio de Información- habría proporcionado teléfonos móviles seguros a la trama, Leonardo Marcos se ha disculpado por no poder contestar, aludiendo a cuestiones operativas que desconocía por su función como director general.
Leonardo Marcos también ha asegurado que “no le consta” que ninguna asociación profesional de la Guardia Civil le haya denunciado, tras los anuncios de demandas tanto de AUGC como de JUCIL.
“Ignoro si han denunciado e ignoro si han denunciado a otros compañeros de la Guardia Civil que parece que sí están implicados”, ha apuntado Marcos, preguntándose ante los senadores si esta demanda contra él es una “maniobra o intento de venganza por los expedientes que no tuvo más remedio que abrir por el grave quebrantamiento de la obligación de mantener la neutralidad política”, lo que ocurrió por manifestaciones públicas contra la ley de amnistía.