Día histórico en el Tribunal Supremo. Este miércoles, el juez Ángel Hurtado interrogará al fiscal general del Estado para dilucidar si cometió un delito de revelación de secretos al desvelar, presuntamente, datos fiscales de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La denuncia de González Amador contra la fiscalía por haber publicado una nota de prensa sobre su situación con Hacienda aterrizó en octubre en el Alto Tribunal abriendo una investigación al máximo representante del Ministerio público.
El magistrado no encontró indicios de delito en la emisión de la circular de prensa de la Fiscalía, ya que la información que contenía ese documento ya la había difundido varios medios de comunicación, pero sí creyó pertinente estudiar quién había filtrado esa información sensible sobre González Amador. En la búsqueda del filtrador se han basado las pesquisas hasta la fecha.
El papel preeminente
García Ortiz, en sus apariciones públicas, ha dejado claro que él promovió la nota de prensa porque consideró que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso filtró a los medios un correo del doce de marzo entre el abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos del que se podía deducir que era la fiscalía la que ofrecía un pacto de conformidad al novio de Ayuso cuando en realidad era al revés.
Algo que se aclaraba con un correo del dos de febrero con el que quedaba claro que era el abogado de González Amador quien había reconocido los delitos: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, admitía su abogado.
Ese es el correo al que hacía referencia la nota de prensa de la fiscalía para desmentir “el bulo” que trataba de difundir MAR y que García Ortiz ha defendido a ultranza. “Yo asumo que hicimos una nota de prensa, de la que soy el único responsable”, reivindicó el fiscal general en una entrevista en RTVE, donde indicó que “no tiene sentido hacer una nota de prensa y a la vez filtrar unos correos”. “Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir”, zanjó.
Sin embargo, el primer informe de la Unidad Central Operativa lo situó con un papel preeminente en la filtración porque, de las comunicaciones intervenidas por la segunda imputada en el caso, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, se deduce que García Ortiz tuvo en su poder el correo del dos de febrero desde las 21:59 de la noche del 13 de marzo y esa información se publica en prensa a las 23.59 por primera vez.
La UCO acreditó que en ese periodo de tiempo muy poca gente tuvo acceso a la información y en esas horas hubo movimientos en la cúpula de la fiscalía para aclarar la información: “Si dejamos pasar el momento van a ganar el relato, es imperativo sacarla”, llegó a aseverar a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, testigo que ofreció el volcado de su móvil porque nunca ha ocultado su cabreo por la insistencia del fiscal general para publicar la nota de prensa. Por todo ello, con toda seguridad, el magistrado le preguntará este miércoles por esas horas claves.
El cambiazo
A raíz de este informe, el juez Ángel Hurtado acordó entrar en el despacho del fiscal e incautar los dispositivos móviles para conocer las comunicaciones que mantuvo García Ortiz durante la filtración. Pero la sorpresa llegó cuando la UCO no encontró ningún mensaje en el móvil del fiscal los días que se produjo la filtración: “Cero mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado”, rezaba el informe.
Desde la fiscalía alegaron que es un protocolo habitual el borrado de mensajes, pero el juez quiso indagar más. Pidió a la UCO otro informe en el que concluyó que el 23 de octubre, una semana después de que se abriera la investigación, García Ortiz cambió de móvil.
Por tanto, no pudo informar sobre los mensajes que intercambió. Por eso, el magistrado ha seguido ordenando diligencias en este sentido. Lo último ha sido solicitar a WhatsApp los mensajes asociados a la cuenta del fiscal. Una diligencia de la que aún no se conoce resultado. Es por estas incógnitas que mañana será conveniente aclarar ese empeño por no dejar rastro.
A quién filtró
Otra de las dudas sobre las que tendrá que responder es si la filtración salió de la fiscalía general a la Moncloa. De hecho, Artículo14 ya publicó que uno de los objetivos del juez al perseguir el contenido de las comunicaciones de García Ortiz era encontrar conexiones con el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Esto se sospecha por el volcado de móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato.
En el dispositivo se constata que el 14 de marzo, día de la filtración, a las 7:03 de la mañana, Lobato recibió los primeros whatsapps de Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del actual ministro Óscar López, para indicarle la línea a seguir en el Pleno de la Asamblea de Madrid. El entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, a las 8:20 envió también a Lobato un mensaje con un tuit que contenía la noticia del Diario.es en la que se reproducían entrecomillados del mail de la filtración.
Nueve minutos después, Sánchez Acera envió directamente el correo íntegro del 2 de febrero y advirtió a Lobato que tuviera cuidado con los datos personales. En el correo, González Amador le ofrecía a la Fiscalía un pacto mostrando “la voluntad de alcanzar una conformidad penal reconociendo íntegramente los delitos cometidos contra la Hacienda Pública”.
Sánchez Acera no recibió respuesta e insistió a Lobato: “Se puede sacar. Sácasela en la primera pregunta. Un ‘¿Quién miente señora Ayuso, usted o su novio? Parece que usted’”. Por ello, la UCO concluyó en su informe que este hecho podría ser “indiciario de que lo facilitó Moncloa a algún medio de comunicación para que lo divulgara antes del inicio de la sesión del pleno”.