La mayoría progresista del Tribunal Constitucional admite los recursos de los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán condenados por los ERE de Andalucía, el mayor caso de corrupción de la historia de nuestro país.
La Junta de Andalucía repartió 680 millones de euros en subvenciones a empresas en lo peor de la crisis económica de 2008, en teoría, para sufragar los ERE de sus empleados. Años después se descubrió que muchos de los beneficiarios de esas ayudas nunca habían trabajado para las empresas a las que decían pertenecer. Y que todo era un entramado fraudulento de desvío de dinero a las arcas de los afines del PSOE andaluz.
La sentencia de los ERE de 2019 estableció responsabilidad penal en los dirigentes políticos de la época en la que se concedieron esas ayudas sociolaborales. El fallo de la Audiencia de Sevilla determinó que los expresidentes de la Junta de Andalucía fueron “plenamente conscientes” de este entramado fraudulento y lo permitieron. Por eso condenó a Griñán a 6 años de cárcel por malversación y 15 de inhabilitación por prevaricación. Y a Manuel Chaves a una pena de 9 años de inhabilitación por prevaricación.
Considerar la prevaricación
El Tribunal de Garantías piensa que la sentencia viola dos derechos fundamentales: derecho a la presunción de inocencia y derecho a la legalidad penal. Por tanto, devuelve el caso a la Audiencia para que reformule la sentencia El argumento que vertebran las dos resoluciones es el mismo que esgrimió el Constitucional al resolver los recursos de otros 8 exdirigentes andaluces y se basa en dos puntos.
En primer lugar, el Tribunal de Garantías considera que no se puede considerar prevaricación la tramitación de una ley como la ley de presupuestos por los que se imputa a los presidentes porque las leyes, no pueden ser motivo de delito: “Si los proyectos de ley tuvieran que respetar el contenido de las normas nunca podrían llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor”, sostiene la resolución que defiende que por esta razón se violó el derecho a la legalidad penal.
Con respecto al delito de malversación de Griñán, el Constitucional considera que la sentencia violó la presunción de inocencia porque dice que el fallo no prueba que Griñán cometiera el delito. Además, dice la resolución, que el derecho a la presunción de inocencia “impide que pueda trasladarse automáticamente la responsabilidad de quienes gestionaron las ayudas en la Consejería de Empleo a quienes se limitaron a aprobar partidas presupuestarias correspondientes”.
Bloques de la Justicia
Sin embargo, estos dos argumentos por los que el Constitucional desmonta la sentencia de la Audiencia de Sevilla, no son compartidos por todos los magistrados. Los cuatro jueces del bloque conservador votaron en contra.
Políticamente, la decisión fue muy criticada por la derecha. Desde el PP pidieron apartar a los magistrados del Constitucional que hubieran participado en alguna pieza de los ERE durante su trayectoria profesional o que tuvieran conexiones con el PSOE. Una petición que fue rechazada.
Tras conocerse la decisión de este martes, su portavoz parlamentario en el Congreso Miguel Tellado decía: “Con la ley de amnistía España le pidió perdón a los políticos del procés y con esta resolución del TC, Andalucía le pide perdón a los corruptos de los ERE”. Añadió Tellado que el PSOE quiere “un borrador mágico” de delitos.
¿Un montaje?
Por su parte, Vox iba más allá y anunciaba una querella contra el presidente del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido y a los magistrados que votaron a favor de la resolución por considerar que “forman parte del golpe institucional de Sánchez”.
Chaves celebró la decisión del TC entre duras críticas al PP: “Ha tratado de destruirnos política y personalmente y a día de hoy sigue difamándonos y tratando de borrar la sentencia del Constitucional. Pero su montaje ha quedado al descubierto y cada vez más ciudadanos están conociendo la verdad de lo que ha sucedido”, asegura Chaves en un audio al que ha tenido acceso Artículo 14.
En la misma línea se manifestó la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez la primera en beneficiarse de esta decisión del Tribunal Constitucional: “Fue un montaje político del PP para ganar las urnas de una manera sucia”, aseveró Álvarez.