El Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto este miércoles por unanimidad admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Supremo (TS) sobre la aplicación de la ley de amnistía al delito de desórdenes públicos, según ha informado el TC.
Tal y como se preveía, el Pleno de la corte de garantías -con el apoyo de sus 12 magistrados (los 7 progresistas y los 5 conservadores)- ha admitido tanto la consulta elevada por el Supremo como la solicitud del magistrado Juan Carlos Campo de abstenerse.
El Pleno del TC ha dado trámite al primer asunto relativo a la ley de amnistía aprobada el pasado mayo. Se trata de la cuestión de inconstitucionalidad que el pasado julio le trasladó el TS al considerar que el artículo 1 de la medida de gracia vulnera el derecho constitucional a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional.
El Supremo decidió acudir al Constitucional tras estudiar el caso de dos condenados por desórdenes públicos por unos hechos ocurridos en Girona tras la sentencia que condenó al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes del procés.
En relación al otro asunto, Campo presentó su abstención porque cuando era ministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez dijo que la amnistía era “claramente inconstitucional” en los informes sobre los indultos a los condenados por el procés.
No es la primera vez que el magistrado decide apartarse en deliberaciones sobre la amnistía, puesto que ya se abstuvo en noviembre de 2023 -cuando la ley se estaba negociando- de un recurso de amparo presentado por un particular. Argumentó que lo hacía para salvaguardar la “imparcialidad” del Constitucional.
La abstención de Campo, encuadrado en el sector progresista del tribunal, no afectaría a la correlación de fuerzas entre los bloques, que quedaría 6 a 5, con lo que los conservadores seguirían en minoría.
Un fallo clave
Una vez admitida, la respuesta al TS tardará en llegar entre seis meses y un año y, aunque no se podrá extender automáticamente al resto de cuestiones de inconstitucionalidad y recursos que puedan llegar, porque el contenido impugnado y los argumentos expuestos pueden variar, lo cierto es que marcará el camino.
De acuerdo con las fuentes del TC consultadas por Europa Press, cuando se resuelvan las dudas manifestadas por el Supremo, será el turno de los recursos de inconstitucionalidad. De momento, el TC tiene en sus manos los presentados por el PP y varias autonomías gobernadas por los de Alberto Núñez Feijóo, como Madrid o Andalucía.
El magistrado conservador José María Macías se ocupará de la ponencia sobre el recurso firmado por Génova, según ha tocado por turno de reparto. Las fuentes aseguran que no sopesa abstenerse, a pesar de que se pronunció contra la ley de amnistía como vocal del CGPJ.
De los demás recursos de inconstitucionalidad registrados por las comunidades populares, Campo ha recibido el de Cantabria, pero se espera que se abstenga y, por turno, recaiga en su compañero conservador César Tolosa.
Al margen de las abstenciones, ya son varios los recursos acompañados de recusaciones contra tres magistrados: el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez y Campo. Sin embargo, en la sede de Domenico Scarlatti ven poco recorrido a estas peticiones.