El Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña ha realizado un duro comunicado dirigido a la Mesa del Parlament a raíz de los casos de discrimación de género denunciados por las diputadas Aurora Madaula (Junts) y Cristina Casol (ex Junts). El órgano colegiado, en un documento que ha podido consultar Artículo14, pide a la Mesa que analice “con urgencia” y “con el nivel de diligencia debida” la aplicación que ha seguido del protocolo diseñado para estos casos, cuya fragilidad ha quedado de manifiesto tan buen punto como se ha tenido que aplicar.
Cristina Casol fue la primera parlamentaria de la historia en acudir a la oficina de igualdad del Parlament y en activar el protocolo previsto. Su caso ( “Un acoso machista como el de Junts nunca lo he sufrido en toda mi vida”) desembocó en un informe elaborado por tres profesionales externos contratados por la oficina de igualdad, a quienes Junts acabó querellando por “injurias”. Un abogado de los querellados atribuyó esta maniobra al intento de la formación soberanista de evitar un segundo informe (el que correspondería al caso Madaula, paralizado desde la querella).
Durante el proceso de aplicación del protocolo del Parlament para evitar discriminación por género y violencia machistas se rompió el obligado principio de confidencialidad que debía seguir la investigación. Los tres profesionales elaboraron un documento después de completar varias entrevistas en el grupo parlamentario de Junts y manifestaron: “A grandes rasgos, se puede afirmar que queda acreditado un ambiente de trabajo donde el machismo cultural está arraigado y donde se genera una diferencia de trato y competencias general por motivo de sexo/género en el que se producen diversas discriminaciones directas e indirectas. Esto es percibido por diversas mujeres entrevistadas y también por algunos hombres“.
Querellados
Pero Junts no solo desestimó cualquier medida correctora respecto a sus políticas internas de igualdad, sino que fulminó a Casol como diputada de sus filas parlamentarias y de su partido al entender que el denunciado, el presidente de su grupo, Albert Batet, no era señalado como culpable directo de nada. Y, a continuación, emprendió una batalla judicial contra los expertos del informe, que la pasada semana tuvieron que ir a declarar a la Ciudad de la Justicia, arropados, eso sí, por una concentración convocada contra las violencias machistas.
Ante toda esta secuencia de los hechos, el Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña ha instado en un comunicado, que ha tardado varias semanas en salir a la luz debido a los obstáculos que ha encontrado en el Instituto Catalán de las Mujeres, a los miembros de la Mesa del Parlament a que “activen los medios necesarios para evaluar, subsanar y mejorar el protocolo, a fin de observar las garantías de los derechos de las mujeres que trabajan en la Cámara, tanto políticas como no políticas, a un ejercicio profesional libre de violencias machistas”.
La presidenta del Parlament, Anna Erra (Junts), llegó a plantear una suspensión del protocolo de acoso en vigencia ante la indignación del resto de grupos parlamentarios, que rechazaron tajantemente esa medida.
Aplicar medidas
El Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña exige al Parlament que despliegue “todas las medidas necesarias para sensibilizar, prevenir, detectar, atender y reparar (con finalidad de no repetición y de recuperación), cualquier violencia machista que se produzca sus espacios”.
Una de las denunciantes, la diputada Cristina Casol mostró su perplejidad respecto a las disfunciones que había presentado la aplicación del protocolo de acoso en una entrevista con Artículo14. “¿Qué mensaje estamos dando a las mujeres que quieran acogerse a este protocolo? Es fatal porque lo que se ha proyectado es que si denuncias acabas expulsada del grupo parlamentario y luego del partido”, dijo.
A raíz de todo lo sucedido, el Consejo Nacional de las Mujeres reivindica los derechos de las políticas. “Las mujeres que integramos los movimientos asociativos y feministas defendemos los derechos de las mujeres en participar en la vida pública y política, con medidas que den garantía al ejercicio de la representación política libre de violencias machistas. Esta garantía es una obligación de los poderes e instituciones públicas, partidos políticos y también de cualquier institución parlamentaria que debe velar por un ejercicio democrático en igualdad efectiva entre mujeres y hombres como representantes políticos de la ciudadanía”.