Choque institucional sin precedentes entre el Congreso de los Diputados y el Senado. La Mesa de la Cámara Baja, controlada por la mayoría de PSOE y Sumar, ha apostado por obviar la decisión de la Cámara Alta, donde el PP goza de mayoría absoluta, y publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la reforma legal que durante una semana ha monopolizado los focos y generado una importante polémica.
La norma en cuestión, la modificación de la ley orgánica 7/2014, incluye una enmienda avalada por unanimidad en el Congreso que permite a los presos que hayan pasado periodos privados de libertad en el extranjero computar estos periodos con su condena de prisión en España. La polémica ha estallado porque permitirá que los presos de la banda terrorista ETA que han pasado por cárceles en Francia también se beneficien de este cambio legal. El PP ha maniobrado para retrasar su aprobación, el PSOE y Sumar para que llegue al BOE cuanto antes.
En una decisión sin precedentes, el Senado devolvió el lunes el texto a la Cámara Baja, pese a que no se habían cumplido los trámites para vetar o enmendar esta norma. La Cámara Alta se amparó en un informe jurídico de la Secretaría General, para argumentar que el rechazo mayoritario del Pleno a la ley supone, de facto, un veto sobre el que la Cámara Baja se tiene que pronunciar antes de su aprobación definitiva.
Fuentes de la Mesa del Palacio de la Carrera de San Jerónimo han cargado contra el PP, afirmando que ha puesto “en una situación muy complicada al presidente del Senado”, Pedro Rollán. “A sabiendas, ha incumplido la ley”, acusan. Defienden que el Reglamento del Senado, que tiene rango de ley orgánica, fija claramente las potestades de la Cámara, así como los plazos legales a los que debe atenerse para actuar.
En este caso, sostienen que en el PP han recurrido a una “triquiñuela”; han permitido la tramitación de la norma con total normalidad en la Cámara Alta, sin presentar enmiendas o vetos. Después, cuando la votación de la norma ya estaba contemplada en el orden del día, han evitado convocar a la Junta de Portavoces para alterar los términos de esta votación.
Y, en el mismo pleno, “el presidente”, “in vocce” -a viva voz-, decidió modificar los términos y afirmar que, “como ha sido por mayoría absoluta, esto es un veto”. “Barco no es animal de compañía”, abundan.
“Los senadores que estaban votando no sabían que estaban votando un veto. Los portavoces no lo sabían”, argumentan. Sostienen que, todavía hoy, el Senado recoge en su página web el orden del día que ya establece que la norma iba ser votada este lunes en pleno, sin vetos o enmiendas, y por tanto que después sería retornada al Congreso.
Esta secuencia de acontecimientos lleva a un choque que trasciende a lo político. El secretario general del Congreso ha informado verbalmente, sin “debatir” el informe de su homóloga en el Senado, de que el veto estaría “fuera de plazo”. Son interpretaciones totalmente opuestas de los máximos responsables jurídicos de ambas Cámaras.
El PP: “Deben respetar el veto”
En el PP, por su parte, sostienen que en el Congreso “deben respetar el veto”, y consideran “un Tezanos de lo jurídico”, al secretario general de la Cámara Baja, Fernando Galindo, que trabajó en el Gobierno de Pedro Sánchez como subsecretario del Ministerio de Política Territorial.
La secretaria general del Senado, Sara Sieira Mucientes, que llegó a este cargo durante la Presidencia de Pedro Rollán, señala en su informe que “el artículo 90 de la Constitución solo exige para el veto una votación por mayoría absoluta en el Pleno de la Cámara Alta”. “Esto confirma que el veto se puede manifestar en la misma votación sin necesidad de presentar previamente de forma expresa un escrito”, añade el texto de los letrados de la Cámara.
“La forma del veto presentado en un escrito con tal denominación y dentro de un plazo, aunque sirve para ordenar el desarrollo del procedimiento, no es lo que califica al veto. El veto es únicamente, en realidad, un rechazo frontal y global de un texto, manifestado por la Cámara mediante mayoría absoluta”, sentencia el informe.
El enfrentamiento tiene los mimbres para escalar hasta la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, como reconocen fuentes parlamentarias.
Por lo pronto, desde la Mesa del Congreso no habrá ninguna actuación jurídica contra la decisión del Senado; otra cosa es que el grupo socialista en la Cámara Baja sí pueda promoverla. En el Congreso, Vox ya reclama al órgano de gobierno, donde no tiene asiento, que rectifique. En caso contrario, presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
No parece probable que ninguna de estas actuaciones pueda frustrar la entrada en vigor de la norma. “Es una no aprobación, no un veto. Ahora toca la admisión y su posterior publicación”, insistieron fuentes de la Cámara Baja. La reforma entrará en vigor con su publicación en el BOE.