El Congreso calienta motores desde este martes para el arranque del nuevo curso político, tras echar el cierre a finales de julio. Coincidiendo con el primer Consejo de Ministros en casi un mes, la Cámara Baja reúne a su diputación permanente, el órgano que vela por su funcionamiento fuera de periodo de sesiones. La jornada de este martes servirá a todos los grupos para medir posiciones de cara a septiembre; dará pistas del estado de las relaciones entre el Ejecutivo y sus socios de ERC y Junts per Catalunya, que vuelve a atravesar turbulencias. Y permitirá al Partido Popular presentar y ensayar públicamente su nueva ofensiva parlamentaria contra el Gobierno desde tres frentes distintos. Está claramente recogida en el orden del día de esta sesión.
El PP reclama la comparecencia extraordinaria de Pedro Sánchez ante el pleno por tres motivos distintos: para responder por “el fraude electoral en Venezuela”, por los motivos que permitieron que “el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont” pudiera “pasearse” por Barcelona sin ser detenido y por la “emergencia migratoria”.
Sin embargo, en un órgano donde se replican los equilibrios parlamentarios del pleno, previsiblemente no lograrán los votos para forzar buena parte de las comparecencias que reclaman (el Ejecutivo suele acceder a una parte, a menudo a las menos inconvenientes para su propia agenda).
Un veterano diputado se refería a las habituales reclamaciones de la oposición ante la Diputación Permanente como una suerte de carta a los Reyes Magos. Saben que no lograrán la mayoría de las cosas que reclaman, pero permite esbozar por qué nuevos flancos concentrarán el fuego contra el Ejecutivo, y en qué medida. Los grupos tendrán que posicionarse, dando pistas sobre sus hojas de ruta, y el Gobierno desplegará los argumentos que también marcarán su acción política en los meses venideros.
Por lo pronto, los conservadores intentarán que Sánchez rinda cuentas ante el pleno sobre “la postura oficial del Gobierno” sobre el “posible fraude electoral” del “régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela”, en los comicios del 28 de julio. En esta ofensiva, en varias pistas, también piden la comparecencia de José Manuel Albares, titular de Exteriores, ante el pleno y ante la comisión mixta (Congreso-Senado). Y hasta de los presidentes de RTVE y la Agencia EFE, en ambos casos porque consideran que les ha faltado “neutralidad” al informar sobre el proceso electoral. En el caso de la primera, Concepción Cascajosa, comparecería ante la comisión mixta de RTVE, mientras que el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, lo haría en el marco de la comisión Constitucional. Le acusan de haber difundido “como incuestionable” el triunfo de Maduro y de ocultar “las numerosas irregularidades y denuncias de fraude electoral”.
Albares ya se ha visto obligado a comparecer en el Senado, donde el PP tiene la mayoría absoluta, y lo mismo le ha ocurrido a Óscar Puente, titular de Transportes. Los conservadores forzaron su presencia en la Cámara Alta el viernes, y vuelven a reclamar que acuda al pleno para explicar “el caos ferroviario que se está produciendo este verano en España”.
Una hora antes, la Mesa del Congreso también aprovechará para reunirse, y de ahí podría salir el calendario de sesiones con todos los plenos previstos de aquí a diciembre. Es el primer periodo de sesiones de la legislatura sin convocatorias electorales a la vista; para los aliados parlamentarios y para el socio minoritario, Sumar, toca acometer un esfuerzo legislativo que compense el bajo ritmo seguido hasta ahora.
Puigdemont y el “secesionismo fiscal” en Cataluña
El concierto económico catalán pactado con ERC a cambio de sus votos para la investidura de Salvador Illa ha mantenido al Ejecutivo en un tenso silencio durante buena parte del mes. Las críticas de Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, fueron contestadas por la número dos del PSOE, vicepresidenta primera, y ministra de Hacienda, que llegó a negar el miércoles que el acuerdo contemple un concierto económico. Borrell replicó a la vicepresidenta el viernes, mientras que los días antes ERC y Junts reaccionaron con enfado a las declaraciones de Montero.
Este es uno de los flancos más sensibles para el Gobierno y los grupos votarán sobre la comparecencia extraordinaria de Montero en un contexto de importantes tensiones, tanto para el PSOE como para sus socios de Sumar. Los conservadores quieren exprimir la situación y esta es la principal pata de su estrategia de desgaste con relación a Cataluña, conscientes de las dudas y el enfado de varios barones socialistas.
Aquí podrían contar con el respaldo de Junts.
El viernes, el partido de Puigdemont solicitó las comparecencias de Montero y del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para que informen de la “propuesta exacta” de financiación para Cataluña pactada por ERC. “Tendrán que dejar de esconderse y tendrán que salir a dar explicaciones, porque durante dos semanas se nos ha estado vendiendo un concierto económico inexistente”, afirmó su portavoz, Míriam Nogueras, el miércoles, después de escuchar a Montero.
También pretenden que Sánchez dé cuentas sobre la segunda huida de Puigdemont de España, en la jornada de la investidura de Illa. Lo previsible es que el Ejecutivo y sus aliados catalanes rechacen este escenario. Interior ha señalado a los Mossos D’Esquadra, y la policía catalana ha reconocido errores en el despliegue para intentar detener al líder espiritual de Junts, sobre el que pesa una orden de detención cursada por el Tribunal Supremo.
Además, los conservadores han reclamado una tercera comparecencia de Sánchez para explicar sus planes ante la “emergencia migratoria que vive España, y que afecta a la Unión Europea”. La situación de saturación de los centros de acogida de migrantes en Canarias, Ceuta y Melilla, es una suerte de bumerán que los dos principales partidos se arrojan entre sí, y que erosiona a ambas partes (el PP votó en contra de la reforma de la ley de extranjería en julio, contribuyendo a que descarrilara).
Y, en última instancia, los partidos decidirán sobre la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante la comisión del ramo, para rendir cuentas sobre los “graves errores” que el PP aprecia en la ley trans y en la ley de paridad. Independientemente del resultado de las votaciones, los grupos ensayan su vuelta a la actividad ordinaria, que previsiblemente no se demorará más de un par de semanas. El martes es el ensayo, el anticipo de buena parte de lo que está por venir hasta diciembre.