El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha solicitado al juez del Tribunal Supremo (TS) que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que impute a la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, después de que el ex secretario general del PSOE en Madrid Juan Lobato entregara el acta notarial que refleja que le envió el e-mail donde Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reconoce delitos fiscales.
En un escrito el ICAM solicita al magistrado Ángel Hurtado que cite a declarar como investigada a Sánchez Acera al considerar que se trata de una diligencia “útil, necesaria, pertinente”.
“La razón estriba en que, de las manifestaciones vertidas por el testigo Lobato, se desprende la necesidad de recabar declaración de quien fuera interlocutora en las comunicaciones vía WhatsApp”, de las que se desprende que Sánchez Acera era la “fuente” del “documento nuclear objeto de las pesquisas de instrucción”.