El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad una declaración institucional donde recuerda que el apoyo a las víctimas “no implica a renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental”, respondiendo así a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras sus palabras por el ‘caso Alves’.
En una nota de prensa, el CGPJ explica que reacciona “a la vista del debate suscitado en los últimos días” sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que absuelve al futbolista Dani Alves del delito de agresión sexual por el que había sido condenado a 4 años y medio de cárcel por la Audiencia de Barcelona.
Cabe recordar que el pasado fin de semana Montero dijo que la sentencia era “una vergüenza”, así como que “todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos”.
Aunque la declaración institucional no hace mención expresa a Montero, fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran a Europa Press de que se trata de una respuesta a sus declaraciones del pasado fin de semana.
“La protección y apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental”, ha declarado el CGPJ.
Además, señala que “es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones”.
Recuerda también que “la revisión por tribunales superiores de lo resuelto por tribunales inferiores forma parte de la normalidad del Estado de Derecho”. “El sistema de recursos se establece para buscar el acierto de la decisión última” y “la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no escapa a este principio y también está sujeta a los procedimientos de revisión previstos en las leyes procesales”, añade.
Asimismo, el órgano de gobierno de los jueces ha expresado su confianza “en la profesionalidad y capacitación técnica de las magistradas y los magistrados intervinientes en el caso, tanto de la Audiencia Provincial de Barcelona como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, a quienes ha trasladado “todo su apoyo con independencia del sentido de sus decisiones”.