El Consejo General del Poder Judicial emitió este lunes su crítica a la segunda carta de Pedro Sánchez. En ella, el presidente del Gobierno aseguraba que le resultaba “extraña” la citación a declarar de su mujer a cinco días de las elecciones europeas, lo que fue entendido por fuentes jurídicas como un ataque a la separación de poderes, tal y como publicó Artículo14.
El órgano que gobierna a los jueces y vela por la independencia judicial consideró que la misiva del presidente hacía “una valoración política” de decisiones judiciales. Por eso, pidieron respeto de las decisiones judiciales de una manera general y en concreto a las “personas que están al frente de las instituciones”, apuntaba la declaración.
Reclamaron también contención para hacer este tipo de valoraciones porque, denuncian, “solo contribuye al deterioro de las instituciones”. Eso sí, no hacen referencia desde el CGPJ a las críticas de otros miembros del gobierno por la decisión del juez Juan Carlos Peinado. Teresa Ribera, la ministra de transición ecológica, tildó la citación de Begoña Gómez de “rara y burda” y el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que “carecía de lógica procesal”.
Una respuesta contenida para lo que, en un principio, iba a ser. Algunos vocales de la Consejo quisieron publicar la declaración el pasado jueves, tal y como reveló este periódico. Fue una reunión de alta tensión entre vocales progresistas y conservadores. Estos últimos estaban enfadados y querían dar una respuesta inmediata e “incendiaria”, según calificó el vocal Álvaro Cuesta.
Finalmente, el presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, consiguió posponer esa declaración para dejar pasar las elecciones europeas. Aun así, fuentes del CGPJ aseguran a Artículo14 que la declaración de este lunes “no es poca cosa”.
Algunos vocales consideraban que el juez Peinado podría pedir amparo al CGPJ por la reacción de Sánchez y de otros miembros del Gobierno ante la citación de Begoña Gómez. Es un mecanismo que suelen utilizar los jueces cuando sienten deteriorada su independencia judicial. Lo hizo, por ejemplo, el juez de Prada en diciembre de 2023 cuando el senador del PP Antonio Monago le acusó de “lawfare”.
Sin embargo, el juez Peinado respondió a la carta de Pedro Sánchez por su cuenta. Utilizó una providencia, un texto jurídico. En él anunciaba que iría a tomar declaración al hospital al empresario Carlos Barrabés y de paso recalcaba que no había ley que le impidiera continuar con la instrucción de Begoña Gómez.
Últimamente, se suceden las declaraciones del CGPJ reclamando respeto a la independencia judicial. Lo hicieron en enero cuando en el debate de la ley de amnistía algunos diputados de Junts, Podemos y Sumar criticaron las acciones de la judicatura. En concreto, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, llamó a los jueces “prevaricadores” y una diputada de Podemos Martina Velarde situó al juez García Castellón en el sector “reaccionario judicial” por imputar a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic.
También resonó el “déjennos en paz” del presidente interino, Vicente Guilarte, en diciembre de 2023. Pedía los políticos que rebajaran la tensión y que dejaran de meterlos en política porque estaban consiguiendo “minar la confianza de los ciudadanos en la justicia”
Lo cierto es que el Consejo general del Poder Judicial lleva más de 2 mil días caducado. Está en funciones porque PP y PSOE no consiguen llegar a un acuerdo para su renovación y su independencia cada vez está más puesta en cuestión por parte de algunas formaciones. Dudan de ella incluso sus propios miembros: el vocal Álvaro Cuesta declaraba a Artículo 14 que “el órgano estaba perdiendo toda credibilidad”.
Críticas de la asociación JJpD
Al hilo de esta cuestión también se ha pronunciado la asociación judicial Jueces y Juezas por la Democracia (JJpD). Su portavoz, Edmundo Rodríguez, ha afirmado que “cualquier pronunciamiento del CGPJ es irrelevante”, puesto que se trata de un “órgano con el mandato caducado desde hace más de cinco años, a cuya descomposición contribuyen quienes se mantienen en el mismo por no dimitir”.
Asimismo, Rodríguez ha considerado que “es incoherente pedir contención en las declaraciones políticas”, cuando en su actividad cotidiana la mayoría conservadora de este órgano “ha apostado por convertirse en un actor político más, que interfiere en el debate político llevando al desprestigio a la judicatura”, informa Nicolás Cook.