Que los jueces sean objeto del centro de las críticas de la clase política se ha convertido en los últimos meses en la tónica habitual de nuestro país. De izquierda a derecha se han criticado decisiones del Tribunal Supremo y del Constitucional, pasando al señalamiento con nombres y apellidos de determinados magistrados, como Pablo Llarena, que investiga al fugado Carles Puigdemont. El Ejecutivo también ha sido durísimo contra Juan Carlos Peinado por imputar a Begoña Gómez, la mujer del presidente.
En las últimas horas, Llarena ha sido el más señalado, tanto por el Ejecutivo –el ministro Oscar Puente le acusó de “extralimitarse” y Féliz Bolaños no dudó en presionarle- como por parte del independentismo. El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, se refirió al magistrado del Tribunal Supremo como “Tejero sin bigote”, equiparándolo al militar golpista del 23F. Antes, Míriam Nogueras dijo que la Justicia era “una mafia togada” y Carles Puigdemont habló de “la Toga nostra”. Calificativos, por cierto, que no generaron el rechazo público de Moncloa.
El delito de Puigdemont
Lo que levanta ampollas en Junts es que Puigdemont no sea amnistiado por el delito de malversación. Piensan que los jueces no están aplicando una ley que aprobaron las Cortes de manera legítima. Pero lo cierto es que sí la están aplicando. De hecho, la amnistía se ha aplicado en Puigdemont. En principio se le imputaban dos delitos: malversación y desobediencia. Gracias a la amnistía la desobediencia quedó borrada de su historial. Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que el delito de malversación no era amnistiable según la redacción de la ley aprobada en el Congreso.
El texto de la norma excluía de forma nítida aquellos delitos de malversación “que implicaran un enriquecimiento personal o un incremento patrimonial”. Por tanto, cuando la ley llegó al Alto Tribunal y se dispuso a su aplicación vio que esta excepción hacía imposible la amnistía del delito de malversación de Puigdemont.
Consideró que los líderes independentistas habían usado dinero público para financiar el procés en lugar de pagar las urnas y la votación ilegal del 1-O de su bolsillo. Llarena determinó que “el dinero público para emplearlo en agrados personales, o endosar los gastos de bienes o servicios privados y autorizar después que sean pagados por la Administración, supone un acto de claro enriquecimiento”, rezaba su auto. Esa interpretación de la ley de amnistía es la que mantiene viva la orden nacional de arresto contra el líder Junts, aunque la burlara hace apenas una semana.
“Continúa de vacaciones”
Ante los ataques de las últimas horas, fuentes del Tribunal Supremo comunican a Artículo 14 que el magistrado Pablo Llarena “continúa de vacaciones” después de que fueran interrumpidas por la aparición estelar de Puigdemont, y que no hará movimientos en los próximos días.
Por el momento, tampoco se espera ningún pronunciamiento por parte del Consejo General del Poder Judicial, el órgano que vela por la independencia judicial. Se justifican asegurando que para que ellos se pronuncien sobre estos ataques a Llarena es él mismo quien tiene que solicitar el amparo. Si bien, el Consejo también ha actuado por decisión propia en algunas ocasiones.
“Tomamos nota y, de alguna manera, dejamos constancia que se ha traspasado un límite que puede afectar a la independencia. Pero si consideráramos que hay causa penal, instaríamos al Fiscal que iniciara acciones pertinentes”, explican las fuentes del CGPJ consultadas por Artículo14, que añaden que “es lo que se podría hacer si el Consejo estuviera constituido”. Pero como no hay acuerdo para designar a su presidente, el órgano de los jueces está paralizado y no puede ejecutar ninguna acción que le compete.
Ya habrá tiempo
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura aseguran que “ya habrá tiempo para tomar medidas” y alegan a Artículo 14 el periodo vacacional para justificar que por el momento no harán ningún pronunciamiento. Por su parte, en la Asociación de jueces y juezas para la Democracia descartan tomar acciones tras estos ataques a Llarena.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) entiende que la tarea de los jueces puede ser criticada y que al pertenecer a una institución están sujetos a unos límites más amplios de la crítica que otros ciudadanos. Sin embargo, sostiene que hay que protegerlos de ataques ofensivos.