Si los números son tozudos, y el Gobierno suda la camiseta para sacar adelante casi cualquier norma en el Congreso de los Diputados, la iniciativa que acaba de presentar Sumar suena prácticamente a un imposible para distintas fuentes parlamentarias. A una semana del 8-M, el grupo de Yolanda Díaz expuso este jueves una proposición de reforma constitucional que blinde el derecho al aborto dentro de la Constitución.
Ante el avance de la extrema derecha y los postulados negacionistas, el socio minoritario de la coalición anunció una modificación que pasaría por introducir un cuarto punto en el artículo 43, que establece el derecho a la protección de la salud. Plantea seguir la misma línea que Francia, que introdujo el aborto como derecho en su Carta Magna en 2024.
De hecho, Sumar anunció esta misma medida hace un año, y entonces se estrelló contra la oposición del Ministerio de Igualdad y del PSOE. En el 41 Congreso Federal del PSOE, que fue clausurado el 1 de diciembre, los socialistas ya se comprometieron a introducir en la Constitución el derecho al aborto y al matrimonio igualitario.
El propio Pedro Sánchez hizo suya esta bandera en el acto celebrado en diciembre en la Cámara Baja, con motivo del 46 aniversario de la norma. “Creemos que son derechos que debemos blindar en la Constitución para que nadie pueda tocarlos en el futuro”, apuntó.
Sumar no cuenta con la fuerza parlamentaria necesaria para presentar por si sola esta reforma (70 diputados, una quinta parte del total, o dos grupos parlamentarios), y por el momento sólo ha remitido el texto a todos los partidos, menos Vox. Desde el PSOE han acogido con frialdad su propuesta; aseguran compartir la música, pero otra cosa es la letra. También recuerdan que el presidente del Gobierno ya planteó esta reforma como una prioridad, y dejan ver que difícilmente regalarán esta bandera a Sumar.
Lo más difícil hoy, con todo, es que logren el respaldo del PP. Las relaciones entre los partidos del Ejecutivo y la principal fuerza de la oposición están más que deterioradas. Pero, además, el aborto es un tema complejo y espinoso para el PP.
Distintas fuentes del partido conservador aseguran que todavía no han podido estudiar y debatir esta propuesta, pero una de estas voces no imagina a su formación “entrando ahí”. “Para nosotros el tema está zanjado tal y como está”, afirman desde la dirección nacional. “Ya tardaban en seguir la estela de Francia”, apunta otra dirigente.
La última vez que el PP sufrió una tormenta interna a cuenta del aborto fue en las primeras semanas de 2023. “El aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley”, pero “no un derecho fundamental”, sentenció su líder, Alberto Núñez Feijóo, después de semanas de turbulencias a cuenta de su asunción de la ley de plazos.
Fijó una nueva posición, porque hasta entonces se consideraba en vigor la ponencia política de 2017, aprobada durante la presidencia de Mariano Rajoy, que establecía que el aborto “no es un derecho”, sino “un fracaso de la sociedad”. Antes, el PP se había opuesto a la ley actual, y la había recurrido ante el Tribunal Constitucional.
La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya expuso en 2024, después de que Francia blindara el aborto, su rotundo rechazo a esta decisión: “No considero que lo que ha pasado en Francia esta semana sea ningún avance porque creo que nuestra defensa es la de la vida y más en una región, la europea en su conjunto, que se está envejeciendo”. La onda expansiva que podría generar en el partido este debate se antoja lo bastante potente hoy como para disuadirles de abrir este melón.
“Para otras cosas se reforma la Constitución con mucha soltura”, reprochan desde Sumar, mientras piden tiempo para iniciar las conversaciones necesarias. Aseguran que hay grupos que se muestran dispuestos a apoyar la iniciativa (presumiblemente, las formaciones de izquierdas de la mayoría parlamentaria), pero el artículo 167 de la Constitución es claro: hace falta una mayoría de tres quintos en el Congreso, pero también en el Senado. Sin el PP, entran en vía muerta.
La redacción definida por Sumar, y presentada por las principales referentes de su grupo parlamentario, reza: “Se reconoce el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal. Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a la autonomía física”.
La idea de introducir este blindaje en la Carta Magna, pero fuera del capítulo de los derechos fundamentales, facilitaría su aprobación, aseguran desde el partido de Díaz. En 2024, pero sin presentar un texto, se leyó que abrían la puerta a este escenario, que habría requerido de la convocatoria de elecciones, la disolución del Parlamento y la posterior aprobación, por mayoría de dos tercios, en las nuevas Cámaras, para después ratificarla en referéndum.
En Sumar esgrimen como un indicador de que este cambio es posible la modificación del artículo 49, para sustituir del texto la expresión “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”, para introducir en su lugar la referencia a las “personas con discapacidad”.
El cambio tuvo un abrumador apoyo en el Congreso (312 votos), pero la cuestión a abordar no revestía la carga política que, para el PP, tiene el aborto. Más, aún, con Vox beneficiándose del los vientos de cola generados por el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca.
Verónica Martínez Barbero, Aina Vidal, Águeda Micó y Esther Gil de Reboleño, entre otras referentes del grupo, escenificaron el llamamiento de Sumar al PSOE, para que sea “una propuesta compartida” con sus socios.
Sumar presiona a sus socios recordando los movimientos de la ultraderecha a nivel internacional, o la cumbre antiabortista que acogió el Senado hace apenas dos meses. Y vende el inicio de un “camino” que, salvo que cuenten con el respaldo de los conservadores, no llevará mucho más lejos.
El portazo de Redondo
Por su parte, desde el Ministerio de Igualdad no han querido posicionarse sobre esta iniciativa. Hace un año, Igualdad rechazó que se dieran los mimbres para un acuerdo de este calado.
“La Constitución Española, en cuanto a derechos fundamentales, es muy exigente en procedimientos de reforma. Estamos hablando del artículo 168 de la Constitución, que establece un procedimiento realmente agravado, imponente desde el punto de vista de los consensos y las mayorías. En este momento, creo sinceramente que no se dan las condiciones para iniciar ese procedimiento agravado”, afirmó Redondo hace un año, en la presentación del 8-M.
El texto que acaba de ver la luz desglosa que aún no puede hablarse de la “verdadera garantía real” del aborto. Esgrime que a menudo es necesario desplazarse a otras provincias o comunidades para poder recurrir al sistema público. Y las mujeres en situación administrativa irregular, más vulnerables, lo tienen mucho más difícil, como también recoge la iniciativa.
También plantea que “la garantía efectiva del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo” en España es una vía “para proteger y amparar con
carácter definitivo, a través el texto constitucional, la autonomía y el bienestar físico, emocional, mental y social de todas las mujeres”.
Fue la propia Martínez Barbero, portavoz del grupo, quien avanzó hace un par de meses que presentarían esta propuesta. Aseguran haber trabajado durante el último año con juristas, asociaciones y organizaciones civiles, para encontrar una vía que les permita blindar el aborto en la Constitución. Distintas fuentes parlamentarias sostienen que es un camino prácticamente intransitable hoy por hoy.