El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para delegar competencias migratorias en el partido liderado por Puigdemont será recurrido por el PP en el Tribunal Constitucional si cuenta con la aprobación del Congreso. Pero, ¿qué sucederá a nivel europeo si el órgano jurisdiccional presidido por Cándido Conde Pumpido da luz verde al pacto?
Fuentes diplomáticas y de la UE explican que FRONTEX -Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas- no intervendrá mientras se respete el acuerdo Schengen de circulación.
Según estas fuentes, existe un precedente. “Se trata de que entre una tercera fuerza siguiendo el modelo alemán con Baviera”. Se refieren a un sistema de gestión compartida que el gobierno alemán presidido por Angela Merkel llevó a cabo en 2018, según el cual realizó una concesión a su ministro de Interior, el bávaro Horst Seehofer, para crear una Policía fronteriza en la región de Baviera, al sur del país y con un un movimiento regionalista similar al catalán. De tal manera que mientras España cumpla con la normativa europea, lo que suceda dentro de nuestras fronteras no figurará entre sus prioridades.
Un acuerdo en el limbo legal
La Constitución establece en su artículo 149 que el Estado tiene competencia exclusiva “en nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”, tal y como se argumenta en su segundo apartado. No obstante, en el 150.2 se establece que “podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”.
Pese a que en la Carta Magna los casos susceptibles de ser delegados se especifican, el último artículo permite al TC una interpretación más amplia. En este caso, la ley, de tener luz verde en las Cortes, entraría en vigor. “Esto va en contra de la dirección de la política migratoria de Bruselas”, señalan fuentes de la Comisión Europea. “Precisamente, lo que se busca es homogeneizar y armonizar las políticas nacionales”.
Jordi Turull junto a Miriam Nogueras y Josep Rius, entre otros, durante la reunión de la ejecutiva nacional del partido que preside Carles Puigdemont (en la pantalla).
No obstante, la UE no tendría un paso que dar al respecto, ya que al ser una ley aprobada dentro de nuestras fronteras lo que preocuparía al Consejo de Estado es que España no cumpliera con los preceptos del “Pacto de Migración y Asilo”. Y así, Cataluña pasaría a colocar a sus Mossos d’Esquadra en las fronteras, gestionarán la seguridad de puertos, aeropuertos y las “zonas críticas” en cooperación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
“Es una delegación de la ejecución”, explican fuentes diplomáticas. “Al Consejo de Europa le da igual nuestra organización interna siempre y cuando haya una autoridad central que se encargue de la ejecución y cumpla con lo establecido”. Incluso, afirman, Sánchez podría haber “vendido” que el incremento de número de efectivos de los Mossos en la frontera -1.800 agentes más, hasta alcanzar una cifra total de 26.800- es un punto positivo para Europa respecto a un refuerzo en el control de la inmigración.
“Desvían la atención a las fronteras, pero lo preocupante es el control de las residencias”
Lo que, explica un cónsul con dilatada experiencia, es altamente preocupante, es el apartado del acuerdo respecto a las residencias. “Desvían la atención hacia el tema de que será un Mosso quién te pida el pasaporte, pero eso no es determinante, ya que o se ciñen a la normativa común o se acaba el asunto”, explica. “Además, al ser una delegación de competencias a una comunidad, y no una transferencia, es reversible y el Gobierno puede dar marcha atrás en el momento que considere”.
Así, la diplomacia consultada considera de gravedad el hecho de que la Generalitat pueda tener el control de las residencias. Según detalla el documento publicado por el Ejecutivo de Sánchez, los de Puigdemont tendrán “ventanilla única” en su territorio respecto a las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración. “En el referéndum del 1 de octubre de 2017, un porcentaje salvaje de los participantes era gente con menos de cinco años de arraigo en Cataluña“. Y esta inmigración, afirma es la que Puigdemont quiere controlar “para modelarla a su gusto y convertirla en votos y en afines a la lucha secesionista”.
Este es el punto que más afectaría a nuestro país y en el que Europa no entraría, ya que se controla mediante el Reglamento de Extranjería al margen del acuerdo Schengen. Acuerdo europeo que supervisa FRONTEX y que permite a varios países suprimir controles en las fronteras interiores para trasladarlos a las exteriores con otros países. “Al ser el permiso competencia nacional, Cataluña decide quién entra y quién sale según su criterio”, explica el cónsul. “Si Schengen se garantiza la Unión Europea no opinará quién lo lleva a cabo”, asegura un alto cargo de la UE. “Si falla el sistema, entonces si dará su opinión”.