La representación legal de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de haberse convertido “en el mayor enemigo de la función jurisdiccional” del Tribunal Supremo, buscando “boicotear la actuación” del juez que le investiga haciendo uso de su cargo.
Así se expresa el letrado de González Amador en un escrito, y en el que se opone al recurso de García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, contra el auto por el que el instructor les citaba como investigados al considerar apuntalados los indicios en su contra.
“Se puede afirmar sin ápice de error que Álvaro García Ortiz ha abandonado la misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad hasta convertirse en el mayor enemigo de la función jurisdiccional del órgano al que nos dirigimos, haciendo uso para su personal y defensiva misión de tratar de boicotear la actuación instructora (procesal y extraprocesalmente), de las prerrogativas del cargo que aún conserva en la forma que sigue”, denuncia el abogado de la pareja de Ayuso.
En ese escrito recuerda que “García Ortiz procedió a deshacerse del teléfono móvil que contiene la información y comunicaciones de los hechos después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo hiciera pública su decisión de asumir la competencia e investigarlos, haciendo uso para ello de su cargo público”.
“¿Por qué no aporta el señor García ese dispositivo móvil y termina de una vez, a través de la verdad, con cualquier recurso o discusión? La respuesta es evidente: porque la información de dicho dispositivo no haría sino reflejar las delictivas conductas por él protagonizadas y que ya se conocen con un nivel de detalle abrumador”, opina la representación de González Amador.
En esta línea, critica el hecho de que la Abogacía del Estado (que defiende a García Ortiz) asegure que el auto del juez no valore contraindicios y elijan “un camino muy largo cuando está en su mano algo mucho más sencillo y objetivo”.
Sin “base objetiva”
“¿Por qué en lugar de tartar de inventar contraindicios -que no lo son- no aportan los teléfonos que han desaparecido después de que esta causa se iniciara con los datos de las comunicaciones mantenidas entre ellos los días 7 y 14 de marzo de 2024?”, se pregunta.
A su juicio, “no sólo no existe base objetiva alguna de lo que se califica como contraindicio, sino que mostradas las mentiras que acompañan esa calificación, lo que se muestra no viene sino a apuntalar los resultados de la instrucción incorporados al sumario”.
En el auto recurrido por García Ortiz, el magistrado Ángel Hurtado hacía un resumen de lo actuado hasta la fecha, tras lo cual destacaba, en el caso del fiscal general del Estado, que la UCO, en su informe de 21 de noviembre de 2024, habla de “la participación preeminente del fiscal general del Estado en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada”.
“Sin entrar en consideraciones al respecto -añadía el instructor-, lo que las diligencias practicadas hasta el momento apuntan, con un elevado grado de verosimilitud, es que, por ahora, hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos”.