El Tribunal de Cuentas ha detectado que el 86% de las formaciones políticas en España incumple la obligación de hacer públicos los sueldos de sus máximos dirigentes, según se desprende de un informe sobre transparencia de 63 partidos con representación institucional. Así figura en el informe Fiscalización del cumplimiento del principio de transparencia por los partidos políticos, elaborado por el órgano fiscalizador.
En este estudio se indica que la falta de publicación de las obligaciones de publicidad activa de los 63 partidos analizados es especialmente elevada en lo que se refiere a las retribuciones a los “máximos responsables” (86% de las formaciones) y la normativa de la aplicación (89%),
La falta de información es alta también respecto al organigrama (84%) y al perfil profesional de los directivos (73%). Sobre este último punto se indica que bastaría con incluir el perfil profesional de estos altos cargos de las fuerzas políticas.
Obligación de transparencia
No obstante, el Tribunal de Cuentas destaca que más de la mitad de las formaciones políticas analizadas obtiene una calificación media o alta en el cumplimiento general de sus obligaciones de publicidad activa.
El informe muestra que el 21% de los partidos (13 formaciones) recibió una calificación alta, el 37% (23 partidos) obtuvo una valoración media y un 25% (16 partidos) registró un nivel bajo. El 17% restante no cumplió ninguna de sus obligaciones de transparencia.
El documento constata una clara diferencia entre las formaciones de ámbito estatal, que mayoritariamente alcanzan un cumplimiento alto o medio, y las de ámbito autonómico o local, donde predomina un nivel bajo de transparencia.
Mejora de la publicidad
El informe añade que, durante la fiscalización de los partidos, se incrementó en un 34% el promedio de publicaciones obligatorias en sus webs y en un 71% las no obligatorias.
Entre las recomendaciones, el organismo fiscalizador insta a las formaciones políticas a incluir en sus estatutos una mención expresa al compromiso con la transparencia y aprobar protocolos específicos para cumplir con las obligaciones de publicidad.
El informe también valora positivamente algunas buenas prácticas voluntarias, como la publicación de la memoria de cuentas anuales, informes de fiscalización electoral y códigos éticos.