A los partidos que integran Sumar se les atraganta el acuerdo entre el PSOE y Junts para ceder competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Después de que Yolanda Díaz bendijera el martes el pacto, que se tramitará como una proposición de ley orgánica en el Congreso de los Diputados, Más Madrid y la secretaria de Comunicación de su partido, Movimiento Sumar, plantearon algunos peros.
Lo que Más Madrid vio como una forma de movilizar el “voto anti inmigración”, incluye, para Elizabeth Duval, una exposición de motivos que contempla la inmigración como una “amenaza”. Y este jueves, los diferentes partidos que componen esta alianza fueron a más, evidenciando así su división.
Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, no pudo frenar las críticas, a pesar de que defendió las posiciones de Díaz el miércoles por la noche, en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE. “Si alguien no entiende que las autonomías gestionen las competencias conjuntamente, tendrán que explicarlo”; “Es verdad que ese preámbulo hace consideraciones de política migratoria, pero no es ley”, razonó. No taponó la hemorragia.
A la mañana siguiente, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, salió en tromba a criticar el acuerdo, y Compromís advirtió de que sus dos diputados votarán en contra si la proposición de ley no se retoca. IU y Compromís suman 7 de los 27 votos con los que cuenta Sumar en el Congreso, pero la importancia de este movimiento va más allá.
Con la excepción de Los Comunes, que han pedido el voto favorable para el acuerdo, Compromís y Más Madrid son los partidos de referencia, hermanados con Sumar, en sus respectivos territorios (Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid). Mientras que IU, por su parte, es la única organización de esta alianza que cuenta con estructuras orgánicas en todo el Estado.
El conato de rebelión se produce, además, en un momento de incertidumbre interna para Movimiento Sumar, el partido de Díaz y de Duval. A escasas semanas de la Asamblea de la formación, para la que Díaz sigue siendo la principal referente, todo movimiento puede ser considerado sensible.
Tampoco ayuda que Podemos, partido que se dirige al mismo caladero de votantes, rival y enemigo de Sumar, fuera el primero en desmarcarse del pacto, rechazándolo por su carácter “racista”. Los morados se adelantaron a sus competidores y marcaron el camino el martes, y todos ellos están hoy redirigiendo sus posiciones.
Fuentes de la dirección del grupo parlamentario restaron importancia a la división evidenciada estos días: “Lo importante será lo que se decida en la dirección”, aseguraron a Artículo14. Ese debate aún no tiene fecha, pero las posiciones desde las que parten son muy lejanas.
Además, el Gobierno no tiene mucho margen para perder apoyos. Se trata de una ley orgánica, y por tanto requiere de 176 votos, imposibles de sumar sin Podemos.
Maíllo rechaza la lectura “absolutamente disparatada” que hace Junts de la ley
Maíllo advirtió el jueves de que PSOE y Junts “tendrán que negociar” si quieren que el acuerdo prospere, porque “hay elementos que tienen que ser modificados”. El problema para la coalición de izquierdas no tiene que ver con la “descentralización” que promueve la norma, sino con los contenidos, sobre los que tiene dudas “técnicas, legales e ideológicas”.
Reclamó a Junts contención ante su lectura “absolutamente disparatada”, en clave “clasista y reaccionaria” del texto, y recordó que “ni ellos van a asumir el control de fronteras, ni va a ser requisito el catalán para instalarse en Cataluña”. También se refirió a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, como representante de una “derecha pija catalanista”.
Por su parte, el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, rechazó avalar una norma que favorece que la agenda política sobre la migración gire a las posiciones de “la extrema derecha y el racismo”. Y la portavoz de su partido, Águeda Micó, afirmó que podrían modificar el sentido de su voto si el Gobierno se abre a cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).
En Podemos, por su parte, reiteraban su rechazo a apoyar esta norma tal cual está: “Lo que urge es aprobar la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes en situación irregular”, advirtió su coportavoz, Pablo Fernández, en referencia a una iniciativa que lleva casi 11 meses congelada en la Cámara Baja.
Ya hay dirigentes del PSOE que manifiestan su malestar con el texto. El único que lo reconoce abiertamente es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Pero hay otros dirigentes a los que les genera incomodidad, pese a que los ministros, con Félix Bolaños a la cabeza, lo defienden como pueden.
Es el PSOE quien ha redactado el texto con Junts, pero es su socio minoritario el que sufre, en carne propia, casi cada palabra de la exposición de motivos de la ley.