La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar su “Plan de Acción por la Democracia” ha provocado reacciones discrepantes dentro de las Asociaciones de Prensa. El elemento en discordia es el organismo que regulará lo que él ha tachado de “bulos” informativos: la CNMC -Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-. Según afirmó, con la finalidad de “garantizar la supervisión y el cumplimiento” de las medidas que quiere poner en marcha a partir de septiembre y que nos manda Bruselas, propondremos ampliar las funciones de la CNMC“.
La CNMC se encarga, entre otros cometidos, de supervisar el correcto funcionamiento del mercado de comunicación audiovisual, como puede ser la protección de menores. La APM (Asociación de Prensa de Madrid) pertenece a la FAPE (Federación de Asociaciones de Prensa de España), dentro de la que hay distintas asociaciones de prensa provenientes de las comunidades autónomas.
Según la presidenta de la APM, María Rey, en conversación con este medio: “Cuestionamos que el organismo propuesto sea el idóneo”, ha asegurado, dado que, “pese a ser un organismo independiente, está vinculado al Gobierno”. El sustento de esta consideración es que la presidenta, Cani Fernández, trabajó para el equipo de asesores de Iván Redondo en la etapa de Jefe de Gabinete y estrategia de Sánchez. Y fue este, precisamente, quien la propuso para el cargo de presidenta de la CNMC en 2020.
Además, asegura que el “punto de partida del Presidente del Gobierno es un reglamento europeo que, a diferencia de una directiva, no hay que trasponerlo, simplemente cumplirlo”, por lo que no es necesario que el Gobierno desarrolle una ley. A lo largo de su intervención en la Cámara Baja, el presidente del Gobierno se refirió de manera reiterada al Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, que se aplicará a todos los países miembros de la UE a partir del próximo agosto de 2025.
En un comunicado que hizo público la APM tras la comparecencia del presidente del Gobierno, afirman: “Abogamos por lograr una mayor transparencia sobre la propiedad de los medios y sus fuentes de financiación, si bien mantiene “sus reservas sobre quién determinará la limitación o la retirada de fondos públicos a medios que se compruebe que difunden bulos de manera reiterada”.
Además, afirman que ya existe una Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, “alguno de cuyos miembros podría formar parte del órgano regulador a nivel nacional, que a su vez tendrá un representante en el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación”, según establece el EMFA (Siglas del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación). Y menciona, precisamente, una resolución que ya aprobaron las Asambleas Generales de FAPE, como la que se celebró en 2022 en Lanzarote, en la que se solicitó que “las Administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales no contemplen en el reparto de sus ayudas públicas a aquellas empresas periodísticas que estén condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus trabajadores, por difusión de mentiras, bulos o por promover informaciones falsas”.
En cualquier caso, sostiene el comunicado, el órgano regulador propuesto por el Ejecutivo “no puede quedar en manos de un organismo administrativo vinculado al Gobierno”.
Por el contrario, la FAPE no entró a cuestionar la idoneidad del organismo regulatorio propuesto por Sánchez. Fuentes de la Federación aseguran que se reunieron con Cani Fernández recientemente, y que ella se definió como una profesional independiente que no tiene que ver con el PSOE. Según informó, su perfil es más cercano a lo que se tildaría de conservador, pero que cuando entró en el equipo de Redondo fue porque creyó en él. En el equipo de control de bulos ya ha localizado un abogado del Estado para ponerse a trabajar en las medidas que se trasladarán a la FAPE a partir de Septiembre.
“Desde la FAPE instamos al Gobierno de España a que transponga la normativa europea en sus máximos y que inicie un debate con el resto de grupos parlamentarios, representantes del sector de los medios de comunicación y agentes sociales para alcanzar un consenso general en su aplicación”, difundió ayer la Federación en otro comunicado. “La FAPE espera que esta regulación europea, que incluye aspectos determinantes para el saneamiento del ecosistema mediático, garantice la libertad de prensa, su independencia, estabilidad y pluralismo informativo, puesto que la información veraz es un derecho constitucional”.
Desde la FAPE se garantiza que se mostrará “atenta al desarrollo del citado Reglamento, sobre el que espera participar como organización más representativa de los periodistas de España, así como a su posterior cumplimiento”.
