La Asociación de Diplomáticos retoma las críticas a la gestión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. En un comunicado dirigido a los medios, se hacen eco del oficio publicado por “The Objective”, que el Ministerio de Trabajo y Economía Social envió el 18 de febrero al ministerio de Asuntos Exteriores, en el que ordenaba “La paralización de forma inmediata” de las actividades dentro del Consulado General de España en Mendoza (Argentina), debido a «las patologías significativas existentes en varios muros del edificio, las cuales a lo largo de los años no han sido resueltas”, por lo que “se recomienda realizar una intervención estructural inmediata, para evitar el colapso de dichos muros».
La ADE puntualiza que el deterioro en este edificio no es algo aislado, y se remontan al informe sobre la situación de la red consular que hizo público en enero de 2024. Ya en 2019, recuerdan en el comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores puso de relieve los graves problemas de infraestructuras existentes. En aquel momento, “28 oficinas consulares se encontraban al límite de su capacidad física y no podían incorporar refuerzos por falta de espacio para acoger personal adicional; 68 oficinas presentaban problemas de accesibilidad en la entrada del edificio, 53 en el área de atención al público y 76 en el resto de instalaciones; 10 oficinas carecían de sistemas de detección de incendios y 14 de sistemas de protección contra incendios; y al menos 17 edificios no presentaban un buen estado de conservación”, informan desde la ADE.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una intervención en el Senado
Desde el sindicato afirman que muchas oficinas consulares y embajadas incumplen el plan de seguridad e higiene en el trabajo, no disponen de la protección necesaria en aquellos países con un mayor nivel de inseguridad y no están preparadas en caso de terremotos en países de alto riesgo sísmico.
“Es ésta una realidad que el público puede observar día a día cuando acude a las instalaciones consulares y embajadas españolas en muchas ciudades del extranjero y la situación, lejos de mejorar, no ha cesado de empeorar desde 2019”, afirman. “De hecho, la Inspección General de Servicios del Ministerio ha recomendado en los últimos años el traslado de sede en varios casos, sin que estos cambios se hayan producido hasta la fecha. En la actualidad, a estos casos y al Consulado en Mendoza, probablemente haya que añadir varios inmuebles más”.
Según el informe de la ADE del pasado año, este “lamentable estado de cosas” no sorprende si se considera que el Ministerio de Asuntos Exteriores disponía entonces de unos 13 millones y medio de euros anuales para mantener más de quinientos edificios en todo el mundo, muchos de ellos de carácter histórico. “En razón de las malas condiciones de trabajo y de los bajos salarios, la unidad responsable del patrimonio inmobiliario del Ministerio, la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales, contaba a inicios de 2024 con apenas 19 puestos cubiertos de sus 47 plazas”, explican.
La ADE reclama que, en cumplimiento del artículo 39.2 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la
Acción y del Servicio Exterior de Estado, el Consejo Ejecutivo de Política Exterior elabore urgentemente un informe sobre la adecuación del despliegue y estructura de las misiones diplomáticas, representaciones permanentes y oficinas consulares, que, tal como dispone la Disposición adicional tercera de la citada Ley, debe reflejar la situación de los inmuebles y de los medios materiales y personales. A partir de este informe debe establecerse un plan de acción -con la necesaria dotación presupuestaria y de personal- que asegure que todos los edificios de la Administración General del Estado en el exterior están adecuadamente conservados y cumplen con la normativa laboral, de prevención de riesgos y de atención al público.
Aseguran que, al margen de lo anterior –y teniendo en cuenta lo ocurrido en Mendoza y lo que puede estar ocurriendo en otras embajadas y consulados sobre los que circulan informaciones preocupantes- es urgente la adopción de medidas inmediatas para los casos más graves y perentorios. “La ADE exige transparencia y máxima urgencia en la identificación de dichos casos, con objeto de evitar nuevas situaciones de riesgo para los trabajadores y los ciudadanos”.