Yolanda Díaz ha logrado hacerse con un balón de oxígeno político tras una semana particularmente difícil. La vicepresidenta segunda del Gobierno anunció el jueves que el Consejo de Ministros del 29 de abril aprobará en segunda vuelta el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral de las 40 a las 37,5 horas semanales, un ansiado objetivo que ha requerido de especial dedicación.Es la medida estrella de Díaz, a la que fía recuperar parte de su capital político, y goza de un importante consenso ciudadano según varias encuestas.
Pero el anuncio de Díaz se superponía hoy a otra victoria para su espacio, especialmente para Izquierda Unida, que 24 horas antes había amagado con romper el Gobierno de no lograrla: la decisión de anular un contrato del Ministerio del Interior con una empresa israelí para adquirir 15 millones de balas, por un importe de 6,6 millones de euros. Díaz y Moncloa confirmaban en paralelo la rectificación de Pedro Sánchez al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al anunciar que buscan una fórmula para resolver en contra del criterio de la Abogacía del Estado.
Marlaska quedaba desautorizado, y Díaz lograba apuntarse un tanto. El incremento del gasto en defensa por valor de 10.471 millones de euros, aprobado el martes en Consejo de Ministros, hizo convulsionar al espacio. El contrato con la empresa israelí “vulneraba” el acuerdo de la coalición, tenía un enorme peso simbólico para los partidos que piden al PSOE dar más pasos ante el genocidio de Israel en Gaza. Fue la gota que colmó el vaso.
Entre los Ministerios de Sumar existía la sensación de que habían tenido que tragarse un sapo de dimensiones descomunales a cambio de nada. Y que, además, les debilitaba enormemente ante Podemos, decidido a pescar en el mismo caladero de votantes, a retratar a Sumar como sumisa ante el “señor de la guerra” Sánchez.
El enfado de IU empujó a Díaz y al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a garantizar que no romperían la coalición. Fue la vicepresidenta quien negoció personalmente con Sánchez y con el propio Marlaska, hasta acabar imponiéndose.” Llevo desde ayer negociando con el ministro Marlaska y con la Presidencia del Gobierno, y lo he hecho personalmente”, reivindicó Díaz ante la prensa.
Las dimensiones del plan acordado para cumplir con las exigencias de la OTAN y la UE, catapultando la inversión en defensa y seguridad hasta el 2% del PIB cuatro años antes de lo comprometido, sin apoyo de sus aliados parlamentarios y sin pasar por el Congreso de los Diputados, dejaban el flanco social del Gobierno absolutamente descubierto. Podemos ha abierto fuego a discreción, convocando ruedas de prensa diarias para reaccionar a las decisiones del Ejecutivo.
Este jueves, Sánchez vendía una inversión de 1.300 millones de euros en 10 años para el nuevo PERTE de vivienda industrializada, y poco después Díaz anunciaba la nueva rectificación sobre el contrato con la empresa israelí. Como tercer hito, la vicepresidenta anunciaba el avance de la reducción de jornada.
Distintas voces del espacio político entienden que el desbloqueo de la reducción de jornada obedece a un intento del Ejecutivo por recuperar la agenda social, por pasar página después de aprobar un costoso plan que indigna a parte del electorado más a la izquierda.
En menor medida, hay quienes lo interpretan como un intercambio entre Sánchez y Díaz, el precio a pagar por haber tenido que asumir posiciones de los socialistas en defensa. Por digerir el mismo plan que inicialmente rechazaron por completo, aunque hoy centren sus críticas en el 19% del gasto que va directamente destinado a armamento.
Sumar esperaba que llegara a segunda vuelta a finales de mayo o principios de abril
Oficialmente, Sumar mantiene hoy que el anteproyecto nunca se ha visto bloqueado. Distintos dirigentes y voces del Gobierno sí reconocen que, más allá de las modificaciones técnicas que ha requerido, su intención era que llegara al Consejo de Ministros mucho antes. Llegaron a plantear como fecha la última semana de marzo o la primera de abril, mientras el ministro de Economía calculaba que aterrizaría en el Congreso entre abril y mayo.
Después de un pulso indisimulado con el ala socialista, personalizado en Díaz y Carlos Cuerpo pero con María Jesús Montero entre bambalinas, el Consejo de Ministros del 4 de febrero aprobó el anteproyecto de ley y su tramitación urgente. En contra del criterio de Cuerpo, los plazos se reducían al mínimo, y el 26 de febrero el Consejo Económico y Social dio a conocer su informe sobre la norma.
Desde ese momento, en la coalición de Díaz son ya varias las figuras que han reconocido en privado cierta frustración por este retraso. La norma se incluyó el miércoles en el orden del día de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (GSYS) que se celebró el jueves. Es el órgano del Gobierno que se encarga de estudiar y preparar los asuntos que se someterán a deliberación en el siguiente Consejo de Ministros. Y son varias las voces de la dirigencia de Sumar que han expresado que este escenario no entraba en sus cálculos.
Una vez superado el Consejo de Ministros del martes, la norma llegará al Congreso y Díaz redoblará esfuerzos para sumar los siete votos de Junts per Catalunya, el socio que más reservas ha expresado a esta ley. El jueves, junto con la decisión de Sánchez sobre los contratos, la reducción de jornada laboral les permitió que el incremento del gasto en defensa quedara en segundo plano.