Sumar redobla su apuesta: Israel es “un Estado criminal que se salta sistemáticamente todas las leyes internacionales”. El pulso en público entre el PSOE y el socio minoritario de la coalición a cuenta de los movimientos de Israel va a más, y la desautorización expresa del ministro de Exteriores a la vicepresidenta segunda no ha servido para rebajar la tensión. Más bien al contrario. Estas tensiones quedaron patentes antes de la escalada que ha supuesto el bombardeo de Irán con cerca de 200 misiles balísticos en Israel
Después de que Yolanda Díaz afirmase que “la violación del derecho internacional es la forma de estar en el mundo del régimen del Netanyahu”, José Manuel Albares le reclamó “unir fuerzas” y despachó sus palabras recordando quién tiene las competencias en esta materia. “La política Exterior de España la marca el ministro de Exteriores con el presidente”, aseguró desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Un golpe sobre la mesa.
Poco más de una hora después, el portavoz de Sumar en el Congreso y hombre fuerte del partido sin galones en el Ejecutivo, Íñigo Errejón, iba a más. En una comparecencia en la Cámara Baja, Errejón tildó a Israel de ser un “estado criminal que se salta sistemáticamente todas las leyes internacionales”, que lleva a Oriente Medio “una guerra regional total”, que “amenaza la seguridad en todo el mundo”.
Albares ya había marcado la posición oficial, pero el portavoz parlamentario de su socio de Gobierno le reclamó “liderar” los esfuerzos europeos para poner fin “a todo el comercio” con la Administración de Benjamin Netanyahu. Exigió a la UE “aplicarle las máximas sanciones económicas” y “destinar todos los recursos necesarios” para que su Ejecutivo sea juzgado “por crímenes de guerra”. Díaz había marcado el camino horas antes y Errejón, que goza de más margen para escenificar las diferencias con el PSOE ya que no forma parte del Gobierno, ahondó en la materia.
El pulso, hasta ahora, es dialéctico, estratégico. Desde la formación de Díaz aseguran que las diferencias en esta materia ya están “habladas” con el ala socialista, y asumen que las suyas son “posiciones más duras”. Los roces a cuenta de la política exterior son ya habituales, y ni el responsable de Exteriores y de la diplomacia puede dar pasos en falso, ni la alianza de Díaz, presionada por su izquierda y convencida de que hay que avanzar más, puede permitirse no hacer nada.
El viaje de Díaz a Palestina, congelado
El rechazo a las acciones de Israel y la simpatía con el pueblo palestino son mayoritarias en el caladero de votantes de ambos partidos. Para desmarcarse del PSOE y dar foco a la dramática situación que padecen en la región, en febrero Díaz vendió motu proprio que viajaría a Palestina, invitada por su Gobierno. A pesar de que Exteriores afirmaba no estar preparando ninguna visita de la vicepresidenta a este lugar. El choque fue evidente, y tuvo su réplica dos meses después.
En abril, desde el equipo de la también ministra de Trabajo reafirmaron sus intenciones, incluso en el escenario de no contar con el apoyo de Exteriores. “En estos momentos no estoy preparando ningún viaje de ningún ministro ni vicepresidenta a Palestina”, había asegurado Albares días antes.
Siete meses después de conocerse este plan, no hay rastro siquiera de una estimación sobre cuándo podría producirse este viaje oficial. En Exteriores tampoco constan novedades al respecto, según trasladan a este diario fuentes de ese departamento.
Desde el equipo de la vicepresidenta segunda sostienen que su voluntad de viajar sigue intacta, y explican que las razones de este retraso siguen siendo las mismas que las expuestas en abril: “De seguridad y diplomáticas”. En su día, adujeron que el relevo del homólogo Palestino de la ministra de Trabajo, Nasri Abu Jaish, con el que pretendían firman un memorándum de colaboración, forzó una congelación de sus planes que hoy persiste.
En sus filas recuerdan que durante meses empujaron al PSOE a reconocer el Estado palestino, algo que Pedro Sánchez no asumió públicamente hasta el 22 de mayo, y no se oficializó hasta dos semanas después. Desde poco después del 7 de octubre, cuando Hamás atacó Israel y el Gobierno de Netanyahu lanzó una ofensiva contra Gaza que aún se perpetúa, Sumar ha defendido la imposición de sanciones. Hace meses también empezaron a reclamar la ruptura de las relaciones diplomáticas.
Son extremos a los que el ala socialista del Ejecutivo no quiere llegar hoy. Por un lado, Albares impone su autoridad y recuerda quién tiene las riendas en esta materia, mientras presume de que el Gobierno está “unido como una piña”. Por otro, sus socios muestran abiertamente sus diferencias, conscientes de que si a ellos también se les imputa la inacción que atribuyen al PSOE, será difícil sanar estas heridas en un espacio político históricamente simpatizante con las pretensiones del pueblo palestino.
Que Margarita Robles haya sido la única ministra socialista que ha tildado de “genocidio” el resultado de la ofensiva de Israel en Gaza ya da buena cuenta de hasta qué punto el PSOE mide con cuidado sus palabras sobre esta materia. Es la misma ministra que ha tildado a Venezuela de “dictadura”, desatando una crisis diplomática con el régimen de Nicolás Maduro. Una suerte de verso suelto que goza de más margen que el resto.
Sumar no puede permitirse ser percibida en las mismas posiciones que el PSOE en materias tan sensibles como la situación en Palestina o en el Sáhara. Si Díaz usaba este martes unos términos para referirse a la invasión del Líbano o a la destrucción generada en Palestina, Albares expresaba después los propios, que son los que representan la posición oficial.
El debate terminológico, el uso de la palabra “genocidio” para un espacio constantemente presionado por la izquierda, es especialmente importante. Así lo demuestra el muy inicial rechazo de Sumar a utilizar la palabra “genocidio” para referirse a la situación en Gaza. Fuentes de la dirección de la alianza de Díaz no entendían que Podemos, cuya estrategia pasa por obviarles con sus declaraciones, pero tratar de visibilizar sus costuras con los hechos, criticara su decisión de no emplear este término. “Lo único que pueden reprochar es que no usemos la palabra ‘genocidio’”, afirmaban en los días posteriores al 7 de octubre. Poco después asumirían como propia esta palabra, y desearían que el socio mayoritario hiciera lo propio.