La secuencia de acontecimientos en el pulso entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz a raíz del pago del IRPF entre quienes cobran el salario mínimo, tras la última subida del SMI, es difícil de seguir. Pero el resultado, a escasas horas de que expire el plazo para que el Gobierno vete en el Congreso de los Diputados las normas que revertirían la decisión de Montero, es que no han logrado alcanzar un acuerdo, según trasladan fuentes de las dos almas de la coalición.
A primera hora de la mañana, la propia Díaz acusaba a Hacienda de haber bloqueado la negociación en la noche del jueves. “A las 10 de la noche ella dio la instrucción de levantarse de esa mesa”, aseguró en una entrevista en Telecinco. La vicepresidenta segunda presumió de “haberle trasladado hasta cinco propuestas” a la ministra de Hacienda, y criticó el veto por motivo presupuestario que ya da por hecho, porque entiende que la mayoría del Congreso apoyaría las iniciativas que el Ejecutivo va a bloquear.
“El aroma que rezuma es que a ella le parece que el SMI es muy elevado”, apostilló. En Hacienda niegan haberse levantado de la mesa. Reconocen que las posiciones están “muy alejadas”, y que siguen “sin acuerdo”. Defienden que siempre apostaron porque el SMI represente el 60% del salario medio, pero “nunca acordamos que, con independencia de lo que suba el SMI, se garantice que no pagará nunca IRPF”.
Según el equipo de Montero, la disputa está en que Sumar “no quiere que el acuerdo sea tan explícito y claro en que hay que desvincular futuras subidas del SMI del debate sobre la tributación”. Lo que está sobre la mesa es un sistema de exenciones para el 20% de perceptores del SMI que deberán pagar IRPF este año, pero Hacienda no contempla seguir subiendo el umbral de exención.
El margen de maniobra es cada vez más escaso. Además, el partido de Díaz, Movimiento Sumar, celebra este fin de semana su congreso político, lo que le empuja a endurecer posiciones y a tratar de diferenciarse de sus socios de coalición.
Si no hay acuerdo habrá veto
Si no hay fumata blanca, Moncloa remitirá a la Mesa este viernes, antes de las 18.00 horas, su rechazo a tramitar las tres proposiciones de ley (PLs) de la discordia, de PP, Sumar y Podemos. Persiguen incrementar el umbral de exención en el IRPF para que el 20% de quienes cobran el salario mínimo interprofesional, y no tienen cargas familiares, sigan sin tributar tras la subida del SMI en 2025 (50 euros brutos al mes). No hay previstas más reuniones del órgano de gobierno de la Cámara Baja hasta el 8 de abril, por lo tanto incluso este choque aún puede ir a más hasta entonces.
Este viernes puede darse la situación inédita de que un Ejecutivo vete en el Congreso la iniciativa de un partido con el que comparte asiento en el Consejo de Ministros. Y que esa fuerza, Sumar, vote junto al PP para levantar ese veto. En una tercera pantalla, como informó Artículo14 el martes, el ala socialista tendría en su mano presentar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Una parte del Gobierno llevando a la otra (formalmente, a la Mesa del Congreso) al Tribunal de Garantías. Otro escenario inexplorado, aún evitable.
La salida lógica, como reconoce una fuente del Ejecutivo, es que acaben anunciando un pacto este viernes, o incluso más adelante, y que las normas que persiguen torcer el brazo a la ministra de Hacienda no lleguen a tramitarse. Esto es, que Díaz rebaje sus expectativas y que permita que Montero tenga una salida política después de rectificar. Y tras poner encima de la mesa 200 millones de euros.
Lo que ofrece Hacienda es una deducción específica para ese 20% de perceptores del SMI (1.184 euros brutos en 14 pagas), para que este año no tengan que pagar IRPF. Incluso que esa deducción se mantenga “estable”, esto es, que también opere el próximo año, según fuentes del Ministerio. Pero advierte de que las próximas subidas del SMI “no quedarán exentas” de tributar. Es un debate que la coalición ya ha vivido anteriormente, y que este año Montero quería zanjar.
Plantea que se “desacople” el salario mínimo del umbral de tributación; desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, se ha disparado de los 735 euros (2018) a los actuales 1.184 euros brutos en 14 pagas. De hecho, retan a sus socios de coalición a debatir sobre “dónde debe estar el umbral para tributar”. El SMI no marcaba esta frontera, pero con los sucesivos incrementos acabó sobrepasándola, y este umbral se ha ido elevando por decisión de la coalición.
Se trata de un conflicto que la vicepresidenta primera y la vicepresidenta segunda arrastran desde hace algo más de mes y medio, pero los primeros pasos hasta el deshielo no se produjeron hasta la noche del lunes. Fue entonces cuando comenzaron a hablar sobre una propuesta cuya autoría reivindican desde ambos frentes.
El miércoles, desde Sumar señalaban que Montero les había planteado una salida que no podían asumir: pactar que la exención se produzca únicamente este año, para que, con la previsible subida del próximo año, quede claro que no volverá a producirse.
Por lo pronto, en el ala socialista recuerdan que el veto puede presentarse este viernes, pero también pueden retirarlo a futuro si así lo deciden. Como Sumar debería retirar su proposición de ley. Es la única que aceptarían tramitar, porque entienden que las del PP y Podemos no atajan el problema, y sólo retrasan la obligación de tributar. El Partido Popular desliza que les apoyaría, y el mero hecho de votar con Sumar contra Montero ya les serviría para apuntarse un tanto. Para apuntalar su mensaje sobre la división y la debilidad de los socios de coalición.
Abrazo gélidos, versiones contradictorias y silencios
Primero expresaron sus divergencias, después Díaz denunció que Montero había decidido unilateralmente, y sin avisar. Lo anunció en directo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, poco después de enterarse “por la prensa”. Siguieron semanas de críticas de la vicepresidenta segunda, mientras la vicepresidenta primera respondía que la postura del Gobierno estaba fijada.
Silencios, un abrazo gélido en un acto público, y después imágenes de complicidad buscadas por ambas en el Congreso de los Diputados. Tras eso vino el anuncio de que buscaban un pacto sobre una propuesta que ambas reivindican como propia.
El miércoles, varios medios anunciaron que el acuerdo era inminente, para que después las dos partes echaran un nuevo jarro de agua fría. El jueves, desde ambos equipos insistieron en que aún no había pacto. En Hacienda llegaron a dudar de que el plazo para presentar el veto, revisado por la Mesa, expirase realmente este viernes.
Sólo una semana antes, el Gobierno había iniciado el trámite para llevar al Senado al Constitucional por otra disputa parlamentaria, también relacionada con un veto. Y, entre líneas, voces vinculadas a la parte socialista reconocían los paralelismos de ambos escenarios. Incluso afirmaban que, llegado el caso, podrían usar el mismo procedimiento, aunque la decisión política no estuviese tomada. En paralelo, Hacienda y Trabajo decían explorar un acercamiento, cada una con un nivel de optimismo propio.