La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que el Plan regional contra las Drogas contará con medio centenar de medidas centradas en la prevención, los jóvenes y limitaciones en el consumo de productos derivados del cannabis, junto a más inspecciones y nuevos servicios y tratamientos.
Este documento, en el que están trabajando las nueve consejerías, agrupa las actuaciones en cuatro grandes ejes que están encaminados a la prevención e información; la asistencia y la atención; la reinserción, así como la vigilancia y la monitorización.
En el ámbito de la prevención, y como ya avanzó la presidenta regional el pasado mes de junio, se modificaría la actual regulación autonómica recogida en la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos para proteger aún más a los menores y adolescentes. Esto incluye limitaciones a la venta y suministro de derivados y sucedáneos del cannabis a menores de edad tanto en establecimientos, donde se exigirá la presentación de un documento oficial que acredite la edad del comprador, como a través de máquinas expendedoras que deberán incorporar un sistema que permita comprobar la identidad del usuario y verificar su edad, y dispensadores móviles o portátiles.
El Plan regional contra las Drogas va a limitar el patrocinio y la publicidad de estos productos, además de prohibirla a una distancia inferior de 300 metros, como mínimo, de los centros educativos de enseñanza no universitaria. Se controlará también el suministro o la venta de artículos de promoción comercial cuya imagen se asocie a ellos y se intensificará la inspección en los establecimientos, que arrancó el pasado mes de junio, para verificar que cumplen con las nuevas medidas de control.
Paralelamente, esa limitación también afectará a los videojuegos distribuidos en la Comunidad de Madrid. Además, se prohibirá asociar el consumo de productos derivados del cannabis con mejoras en el rendimiento físico, beneficios para la salud o actividades de riesgo.
Esta reforma supondrá la adecuación de la normativa a la Ley autonómica de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia aprobada en 2023. Un texto legal que establece la prohibición de vender a los menores sustancias perjudiciales y nocivas para su organismo. También se incluye la obligación de informar de manera visible de la composición, características y uso de artículos orientados a este colectivo.