“Esta será la legislatura de la vivienda”. Con leves variaciones, la hemeroteca recoge esta promesa de Pedro Sánchez en distintos momentos, entre abril de 2023 y el mismo mes de 2024. En dos legislaturas distintas. Su socio de coalición, Sumar, incrementará la presión al PSOE esta semana con sus exigencias de cara a la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado para 2025. Y abrirá un nuevo carril para apretar a los socialistas en lo que toca a la regulación de los alquileres de temporada, ante el retraso para actuar en esta materia.
Fuentes de Sumar advierten de que el parón legislativo vivido durante el último año aún no ha terminado, y de que podría durar hasta finales de 2024 o principios de 2025. Los congresos de formaciones decisivas por los equilibrios parlamentarios (fundamentalmente Junts y ERC) previsiblemente mantendrán en “stand-bye” al Congreso hasta después de estos cónclaves. Y será entonces cuando empezará a vislumbrarse la viabilidad futura del Gobierno.
Yolanda Díaz y sus ministros escenificarán este lunes ese esfuerzo por presionar al PSOE, con la presentación de sus exigencias para unas cuentas públicas que ambos socios consideran muy difíciles de aprobar. Entre sus recetas, la reducción de la jornada laboral, los nuevos permisos y la vivienda tendrán un lugar destacado. Según el último barómetro del CIS, la vivienda es ya la segunda preocupación de todos los españoles, y el socio minoritario lamenta que los socialistas se resistan a actuar con más contundencia.
Sumar mantuvo contactos con el PSOE el pasado fin de semana para llevar al pleno del Congreso, esta semana, la proposición de ley (PL) de regulación de los contratos de alquiler de vivienda por temporada y alquiler de habitaciones. Llegó al Registro de la Cámara Baja en julio, redactada por el Sindicato de Inquilinos, y la avalan también ERC, EH Bildu y los diputados del grupo Mixto. Tendrán el apoyo del PSOE pero, si no logran los votos del PNV y Junts -que no han hecho pública su votación-, la ley ni siquiera empezará a tramitarse.
La norma persigue que este tipo de alquileres no burlen los controles y limitaciones que establece la ley de vivienda al alquiler residencial, toda vez que estos contratos se han convertido en una puerta de atrás para esquivarlos. Busca instaurar similares obligaciones para los propietarios y protección para los inquilinos que firmen estos contratos con las que ya existen para la vivienda habitual.
Lo llamativo del caso es que ya existe un grupo de trabajo para abordar la regulación de los alquileres de temporada. Lo coordina el Ministerio de Vivienda, participan otros departamentos como Derechos Sociales, y aglutina a los principales actores del mercado inmobiliario, entidades de propietarios y sindicatos. La norma presentada por Sumar y otros grupos de la izquierda en el Congreso plasma varios de los consensos ya alcanzados en este grupo, aunque vaya más allá en algunos apartados, como reconocen en el Ejecutivo.
De hecho, distintas entidades con asiento en este foro aseguran que el Ministerio de Vivienda llegó a comprometer la elaboración de un reglamento sobre lo que contiene la ley de arrendamientos urbanos (LAU) de 1995, para abordar precisamente lo que recoge la norma cuya tramitación puede empezar esta semana. La LAU ya recoge una definición de los alquileres no residenciales y, según fuentes jurídicas, bastaría con un reglamento o un real decreto, que no tienen que ser sometidos a votación en el Parlamento, para regular los cambios mencionados. Son dos de las herramientas a las que desde el Ejecutivo aludían esta semana, fuera de cámara, para explicar por qué creen que pueden gobernar “sin el concurso del Ejecutivo”, en palabras de Sánchez.
Las entidades presentes en ese grupo insisten en que el Ministerio de Isabel Rodríguez se comprometí hace dos meses y medio a remitirles una propuesta por escrito con la posición oficial del Gobierno sobre los debates ya abordados. En ese último encuentro, una rueda de prensa de la ministra en la que mencionó alguna de las “conclusiones” de este grupo, no se comprometieron plazos para abordar esta regulación, aunque las dos alas del Gobierno dicen considerarla prioritaria. Vivienda no contempla hoy nuevos avances en el marco de este foro.
Fuentes del Gobierno reconocen que hay “consenso” sobre el problema que supone el alquiler de temporada, pero también sobre “los fraudes que se producen en este área porque se vulnera la LAU. Y, sin embargo, Sumar ha abierto dos caminos legislativos distintos para desatascar esta situación. La PL en el Congreso también aborda cuestiones como la limitación de la fianza o aplicar los límites de precios para zonas consideradas de mercado tensionado, sobre las que no han referido un acuerdo en este grupo.
El PSOE “va muy lento” en vivienda
En julio, el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, consideró “descafeinada” otra propuesta de Vivienda, en este caso para regular los pisos turísticos, y advirtió de que su socio “va muy lento” en esta materia. En su rueda de prensa de hace dos meses, la ministra avaló desarrollar el artículo 3 de la LAU, como recoge la PL que puede empezar a tramitarse esta semana, para que sea obligatorio probar la “causalidad” por la que se firma un contrato de baja duración. Y afirmó que los contratos temporales deberán ser registrados a través de una plataforma de registro único. En una entrevista en El Diario.es, al arranque de septiembre, aseguró que esta plataforma estará lista “a finales” del próximo año, 2025.
A Sumar, como a varios aliados, se les agota la paciencia. Si la legislatura es complicada por los equilibrios parlamentarios, sostienen que la única forma de aguantar y de tener alguna opción de repetir tras unas elecciones generales pasa por actuar ya sobre cuestiones que tengan una repercusión visible en el día a día.
Desde la parte socialista del Gobierno ya han rechazado su propuesta de subir los impuestos a la educación o la sanidad privada. Pero el presidente dejó abierta una puerta a incrementar la presión fiscal sobre los grandes patrimonios, y se aferran a esta cuestión para vender una subida del IRPF a las rentas del capital, o un impuesto sobre las grandes herencias, además de reformar y hacer permanentes los gravámenes a la banca, energéticas y grandes fortunas. Este lunes, mientras Sánchez reúne a su grupo parlamentario, Sumar escenificará la voluntad de sacar nuevos compromisos al PSOE, consciente de su caída en las encuestas, y de que sólo tendrá opción de recuperar terreno si puede presumir de la aprobación de normas de calado.