¿Qué pasaría si una región pudiera decidir de repente quién entra y sale de su territorio? En España, este escenario se está haciendo realidad con un inesperado acuerdo entre el Gobierno central y el movimiento independentista catalán. Esta transferencia de competencias, que sitúa a Cataluña en el centro de su propia política migratoria, suscita tantas esperanzas como críticas. Veamos más de cerca esta decisión, que podría redibujar los contornos de la autonomía regional.
No todos los días una región obtiene tal poder sobre cuestiones tan delicadas como la inmigración. El acuerdo, recién negociado entre los socialistas en el gobierno y los independentistas catalanes, supone un audaz paso adelante. Pero, ¿qué implica realmente? La respuesta está en los detalles de esta propuesta, que aún espera la luz verde del Parlamento.
A partir de ahora, la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas estratégicas ya no estará exclusivamente en manos de las fuerzas nacionales. La policía autonómica catalana, en colaboración con las autoridades centrales, tomará las riendas. Una fuente cercana a las negociaciones afirma que este cambio pretende dar a la región mayor flexibilidad y autonomía a la hora de hacer frente a los flujos migratorios.
Y eso no es todo: Cataluña también se convertirá en el punto central para la expedición de permisos de residencia, ya sean temporales o de larga duración. Una función que hasta ahora correspondía estrictamente al Estado. Esta responsabilidad se extiende incluso a las expulsiones y a la gestión completa de los centros de internamiento.
Con este acuerdo, la región se convierte en una ventanilla única para los inmigrantes. Todo estará centralizado bajo su control, desde los permisos de residencia hasta los procedimientos de deportación. Según los partidarios del proyecto, esto simplificará la vida de los recién llegados al tiempo que reforzará la identidad de la región.
Para los independentistas, es una victoria simbólica y práctica. Lo ven como un primer paso hacia una autonomía aún mayor, sobre todo en cuestiones como el presupuesto y los límites de gasto. Pero no todos están de acuerdo con esta visión.
Mientras algunos celebran este paso adelante, otros lo ven como una amenaza directa a la unidad de España. El líder de la oposición de derechas no se anduvo con rodeos y acusó al Presidente del Gobierno de desmantelar el Estado en beneficio de una región rebelde. Esta crítica tiene eco incluso en las filas de la izquierda radical, donde algunos aliados del gobierno amenazan con hacer descarrilar la votación en el Parlamento.
Los sindicatos policiales no se quedan atrás. Para ellos, el traspaso debilita la presencia de las fuerzas nacionales en Cataluña y vulnera los principios del Estado de derecho. Piden incluso la dimisión del ministro del Interior, al que responsabilizan de esta polémica decisión.
El Presidente del Gobierno español, al frente de un Gobierno en minoría, está haciendo equilibrios. Sin el apoyo de los independentistas catalanes, sus planes corren el riesgo de fracasar. Aunque este acuerdo alivia temporalmente las tensiones con ellos, podría costarle caro en otros ámbitos. Las recientes mejoras en sus relaciones, marcadas por los compromisos sociales de finales de enero, demuestran lo esencial -y frágil- que sigue siendo esta asociación. ¿Pero a qué precio? Para algunos observadores, esta concesión parece una recompensa ofrecida a los independentistas, siete años después de su intento fallido de secesión. Una estrategia arriesgada en un país donde la unidad nacional sigue siendo una cuestión candente.
Sobre el terreno, este cambio podría transformar la gestión de los flujos migratorios. Cataluña, región económicamente dinámica y atractiva, ya recibe un gran número de inmigrantes. Con esta transferencia, podrá adaptar sus políticas a las realidades locales, argumento esgrimido por sus defensores. Pero sigue habiendo interrogantes. ¿Dispone la región de los recursos necesarios para asumir semejante responsabilidad? Y, sobre todo, ¿cómo evitar que la autonomía aumente la brecha con el resto de España? Las respuestas dependerán en gran medida de la aplicación práctica de este acuerdo. No se trata sólo de una cuestión española. En toda Europa, las regiones reclaman más poder a unos gobiernos centrales que a menudo se perciben como desconectados. ¿Podría Cataluña inspirar otros movimientos autónomos? Posiblemente, pero sólo si este ensayo tiene éxito. Por el momento, el destino de este acuerdo está en manos de los eurodiputados. Si se aprueba, sentará un precedente. Si fracasa, podría avivar aún más las tensiones entre Madrid y Barcelona. Una cosa es cierta: todos los ojos están puestos en Cataluña. Este traspaso de poderes es sólo el principio de una historia que promete muchos giros. España se encuentra en una encrucijada entre las aspiraciones regionales y la unidad nacional.