En todo escándalo mediático suele haber un cabeza de turco y en la huida del prófugo Carles Puigdemont no va a ser menos. En esta ocasión, la gestión de los Mossos y el ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska se están llevando toda la responsabilidad del asunto. Tanto el Gobierno como el ministerio de Defensa miran hacia él como responsable de que el juez Llarena no haya podido tomar declaración al político independentista por su papel en el 1-0 de 2017. Según fuentes de la cartera dirigida por Robles, la titular no tiene previsto dar ninguna explicación sobre el asunto y se escudan en las explicaciones ofrecidas por el CNI, respecto a que seguir la pista del prófugo “no estaba en sus objetivos”.
Sin embargo, Marlaska no es el único actor que ha participado en el guión. El vodevil ofrecido por España, que parece inspirado en la película Bienvenido Mr. Marshall pero con orden de detención incluida, deja una lectura clara. El ex presidente del gobierno catalán llevaba meses anunciando que vendría a España el día de la investidura del socialista Salvador Illa, y el Estado había preparado, supuestamente, una llamada “Operación jaula” para detenerle. Sin embargo, Puigdemont, según ha afirmado el propio secretario general de Junts, Jordi Turull, salió de Bélgica, entró en nuestro país, y durmió en Barcelona la noche del martes para descansar antes de su discurso cerca del Arco del Triunfo ante miles de simpatizantes. A la mañana siguiente, cumplió su cometido y se marchó de vuelta.
Pese a que el Gobierno haya roto su silencio y eche la culpa a los Mossos sin responsabilizarse -“Es un operativo policial que corría a cargo de los Mossos”, ha pretendido zanjar el asunto el ministro de Presidencia Félix Bolaños- la realidad es que, pese a llevar 7 años huido de la Justicia y pesar sobre él una orden de detención, el político secesionista ha cruzado la frontera. Y no porque se haya camuflado, sino porque directamente los organismos que deberían haber estado pendientes de sus pasos no han recibido órdenes de arriba de estarlo.
Desde el propio CNI, en conversación con este medio, afirmaron: “No estamos haciendo ninguna monitorización”. Y se explicó el motivo: “El Gobierno nos dice cuáles son nuestras prioridades, y Puigdemont no está dentro de nuestros objetivos. El CNI no decide cuáles son los temas que lleva”.
Distintas voces piden la dimisión, tanto del titular de Interior como la de Defensa, por esta nueva burla de Puigdemont que ha provocado hasta la reacción de la prensa internacional. De momento, el ministerio dirigido por Robles guarda silencio y aseguran que la información sobre el asunto no les corresponde a ellos, sino al organismo dirigido por Esperanza Casteleiro. Un juego delicado, porque por un lado despejan la pelota sobre su tejado pero, a la vez, reafirman la información vertida por el CNI de que el Ejecutivo no tenía ningún interés en que Puigdemont fuera detenido.
Es preciso añadir que, pese a esta conveniente equidistancia mantenida por Robles, el CNI ya no depende de Presidencia, sino del ministerio que ella dirige, y su directora, Esperanza Casteleiro, es una persona de su máxima confianza. Así, el CNI hace de su portavoz y compra la estrategia de poner el foco sobre Marlaska, con el que no mantiene precisamente una buena relación: ejemplos en los últimos años han puesto sobre la mesa estas tensas relaciones que vienen de lejos, como la gestión entre ambas carteras a causa de la gran nevada Filomena.
Entre las prioridades de Defensa y del CNI se encuentra la posición de la OTAN en el Báltico ante la amenaza rusa, el conflicto en el Sahel y la amenaza del islamismo radical principalmente, en cuanto a la prevención de un posible atentado. En definitiva, sobre Puigdemont había una orden de detención por parte del Tribunal Supremo, a la que el presidente del Gobierno, en el mismo año que ha aprobado la ley de amnistía, no ha dado importancia.