Ocho días han transcurrido desde que las víctimas de ETA se enteraban de que el Congreso aprobó una reforma legal para beneficiar a 44 etarras. Algo más de una semana en la que el Senado también ha intentado prolongar su promulgación -no si antes obviar esta Cámara la presentación de un veto o una enmienda-, y a lo que ha recibido un no como respuesta del Congreso de los Diputados.
Es la compleja situación en la que este martes se ha encontrado la Cámara Baja al votar la toma en consideración de una proposición de ley con la que el PP pedía la inelegibilidad electoral de aquellos que hubieran cumplido condena por delitos relacionados con el terrorismo, y no se hubieran arrepentido formalmente de ello. Una medida que ha sido rechazada por 174 votos en contra -PSOE, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y Coalición Canaria. Mientras, los favorables se han contabilizado en 169 -PP, Vox y UPN-.
Cabe mencionar que este texto se registró el pasado 7 de junio, pero no ha sido hasta este martes cuando ha llegado al Pleno. Una fecha, dada el contexto, que ha producido tensión cuando la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha tomado la palabra. Y es que en una intervención que se intuía relevante, la diputada vasca ha comenzado señalando, de manera implícita, el carácter dictatorial de la proposición de ley.
Lo que sí ha explicitado Aizpurúa, condenada en 1984 a un año de prisión por apología del terrorismo, es que con esta reforma el PP quiere “ganar mediante ilegalizaciones lo que no ganaron en las urnas”. Una declaración a la que ha agregado que el “gran problema” de los populares no es con los partidos, “es con la democracia”.
Tras anunciar a la principal formación de la oposición su voto negativo ha planteado que “cada paso que hemos dado (su formación) en materia de memoria lo hemos hecho en nombre de todas las víctimas que la violencia ha generado en este país”.
Asimismo, la portavoz de EH Bildu ha advertido a la bancada del PP de no traer “tan a la ligera estas medidas” porque, a lo mejor, “planteamos que ningún partido condenado por corrupción pueda presentarse a las elecciones“. Ha sido en ese instante cuando se han escuchado gritos y abucheos provenientes de los diputados del PP. Es más, cuando Aizpurúa se ha marchado hacia su escaño, Rafael Hernando ha llegado a decir a viva voz: “Tiros en la nuca” u “organización criminal”.
Una enmienda “moral” a Bildu
Otra de las intervenciones que ha causado revuelo ha sido la del diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro. Y es que después de que en la fijación de la postura de su grupo citara unas declaraciones del popular Borja Sémper de 2013 en las que aseguraba que “el futuro de Euskadi se tiene que construir también con Bildu”, el diputado del PP ha tomado la palabra.
En ese momento, Sémper ha interpelado a Álvaro desde su escaño para decirle que no frivolizara el terrorismo. Asimismo, cuando el diputado catalán le ha recriminado a la principal formación de la oposición la “cacería de brujas” que suponía esta reforma, Sémper ha señalado su necesidad. “Aizpurúa todavía cree que asesinar a guardias civiles y a concejales del PP o del PSOE tiene una razón de ser. Y hasta que moralmente no haya una enmienda a la totalidad de la historia de Bildu, no se puede homologar al resto de partidos“.
Por su parte, Vox ha empezado confirmando su sí a la proposición de ley, aunque con alguna matización. El diputado José María Sánchez ha declarado no ser “suficiente”, además de reprocharle “algo más ambicioso” al PP. Como, por ejemplo, que en un futuro voten a favor de una proposición de ley que la formación liderada por Santiago Abascal presentó para que no sean elegibles las personas sujetas a un auto de detención, o aquellas que no comparezcan ante los tribunales cuando sean citados por delitos de sedición y terrorismo.
La proposición ‘popular’
La proposición de ley en cuestión pretendía modificar la ley electoral -LOREG-. El primero de los cambios que el PP quería introducir suponía añadir la inelegibilidad de las personas que, entre otras cuestiones, hubieran cumplido sus condenas por delitos relacionados con el terrorismo, pero que no hubieran aportado documentalmente en el momento de la presentación de la candidatura su rechazo al terrorismo, a su justificación a sus fines y a sus medios.
A su vez, el texto legal pretendía obligar a estas personas a acreditar que han satisfecho la totalidad de la responsabilidad civil derivada de la sentencia condenatoria, así como el cumplimiento íntegro de las penas accesorias que les fueran impuestas. En caso de que el Congreso hubiera votado sí mayoritariamente, la proposición podría haber puesto cierta responsabilidad sobre el Gobierno, pues este se hubiera encargado de comprobar que ninguno de los candidatos incumpliera lo anteriormente mencionado.