El Gobierno abre el grifo del dinero y ofrece a las comunidades autónomas asumir hasta 83.252 millones de su deuda. Por un lado, los dos partidos del Ejecutivo comparten estrategia, y tratan de trasladar toda la presión sobre las comunidades autónomas gobernadas por el PP (11 de 17). Por otro, PSOE y Sumar difieren en la letra pequeña en cuanto a los requisitos para acceder al reparto, y escenifican un nuevo debate sobre esta materia.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, planteó este lunes que esta distribución debe ser “equitativa”, pero también debe estar sujeta a “una condicionalidad”.
A su juicio, el requisito indispensable para acceder a esta condonación de la deuda es que las comunidades autónomas se comprometan a no rebajar “los impuestos que gravan la riqueza”. “Si no, estaríamos haciendo trampa”, “no sería justo” asumir estas cargas para que después se rebaje la presión fiscal, advirtió durante el acto Pioneras14, organizado por este diario.
Poco después, María Jesús Montero protagonizaba una rueda de prensa que inicialmente no había sido incluida en la agenda oficial del Gobierno. Y que fue posterior a la comparecencia del presidente de ERC, Oriol Junqueras, para anunciar la condonación de 17.104 millones de euros de deuda de la Generalitat de Cataluña.
Esta asunción de la deuda por parte del Estado es superior a la acordada en 2023 entre ERC y el PSOE, como condición para investir a Pedro Sánchez como presidente (15.000 millones). Pero el Gobierno ha ofrecido al resto de comunidades autónomas que también se beneficien de esta condonación de la deuda adquirida mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
La diferencia con la referente de Sumar es que Hacienda, que ya ha trasladado a los Gobiernos regionales la metodología de cálculo y la propuesta para cada una (y que planteará votarlas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles), no es condicional. Sí incluye una suerte de premio para las comunidades que no reduzcan la presión fiscal.
En concreto, la vicepresidenta primera ha planteado una bonificación adicional en este marco, del 10%, para las comunidades autónomas que “ejercieran al alza” sus competencias en materia de IRPF. Para las que no hayan subido impuestos por encima de la media, únicamente será del 5%.
“Beneficiamos a los que hacen un esfuerzo fiscal”, afirmó Montero, y ponen sus competencias “al servicio de los ciudadanos”, para que puedan contar con “mayores recursos” para financiarse. En este reparto se incluyen las comunidades que tributan en el régimen común, por lo que quedarían excluidas Euskadi y Navarra.
Montero, con dos chaquetas: la de ministra de Hacienda y la de candidata andaluza
La oferta de Montero sitúa como principal beneficiaria de este esquema a Andalucía, toda vez que el criterio para distribuir el 75% de los recursos es el de población ajustada. Y llega después del fin de semana en el que la vicepresidenta, ministra y número dos del PSOE a nivel federal, se ha visto entronizada como secretaria general del PSOE de Andalucía.
Lo que Montero, como Díaz, pretenden ahora, es que las comunidades del PP reciban toda la presión, y tengan que justificar si aceptan o no esta condonación de deuda. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció este lunes que las comunidades autónomas gobernadas por su partido votarán “no” a esta asunción de la deuda de las CCAA por parte de la administración central.
El Ejecutivo, y especialmente la responsable de la hacienda pública y a su vez candidata andaluza, se centrarán en desgastar a los conservadores por no aceptar esta fórmula, que en la práctica les permitiría contar con más recursos. Montero ya dirigió sus dardos al presidente andaluz, Juanma Moreno, al afirmar que “no se entendería” que “se opusiera” a que Andalucía se libre de casi la mitad de su deuda, 18.791 millones de euros.
Moreno ya ha reafirmado su rechazo a esta quita: “Andalucía no tiene un problema de deuda porque hemos hecho un esfuerzo. Se ha hecho una solución ad hoc para un acuerdo político con Cataluña, y lo que no podemos hacer el resto de los españoles es pagar la fista del procés y del independentismo”, afirmó.
“Tendrán que explicar por qué lo rechazan”, retaron fuentes de Hacienda durante la mañana, en referencia a las comunidades del PP que previsiblemente votarán contra este alivio a su deuda.
Cierto optimismo sobre los Presupuestos
Las mismas fuentes reconocieron que el acuerdo con ERC que afecta a la deuda catalana puede allanar el camino hacia los tardíos Presupuestos Generales del Estado para 2025, que el Gobierno quería tener listos en el primer trimestre de este año. Este plazo ya no se puede cumplir, pero en Hacienda insisten en que no renuncian a estas cuentas.
Más allá del pacto con ERC, que no se presuponía una formación que fuera a dificultar sensiblemente las cuentas públicas, el Ejecutivo ha visto rebajada la tensión con Junts per Catalunya este lunes. El partido de Carles Puigdemont ha acordado retirar su iniciativa en la que pedía al presidente del Gobierno que contemplara someterse a una cuestión de confianza en el Congreso.
Y hoy tiene en su mano dar su aval a la oferta del Ejecutivo sobre cesiones de competencias en materia de inmigración, el paso previo para desbloquear los engranajes de la negociación presupuestaria formal.
Con o sin condicionantes para acceder a estos fondos (depende de Hacienda), el Gobierno ha accionado varios resortes, y ha presenciado cómo se desplazaban otros.
Fuentes del Ejecutivo recordaban, además, que los acuerdos en esta legislatura se cierran de “hoy para mañana”. Desde que descongelaron la relación con Junts -accediendo a tramitar la petición de una cuestión de confianza que hoy va a parar a vía muerta-, en Moncloa respiran con algo más de alivio.