Hasta la guerra arancelaria de Donald Trump no se podía imaginar un escenario en el que el Gobierno compartiera con el primer partido de la oposición el texto de un real decreto ley 48 horas antes de aprobarlo en Consejo de Ministros. Tampoco se podía contemplar que el Ejecutivo elogiase al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ni que distintos portavoces del partido de Alberto Núñez Feijóo reconociesen la voluntad negociadora de Carlos Cuerpo.
Desde el estallido de la guerra comercial, el pasado miércoles, Cuerpo ha trasladado al PP, pero también al resto de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, la promesa de que el Gobierno será “previsible” y les tendrá en cuenta. Fuentes de La Moncloa sostienen que el decreto ley aprobado este martes en Consejo de Ministros, que finalmente incluyó algunas de las medidas planteadas por el PP, es sólo una primera actuación, y que aún tienen mucha pista para forjar acuerdos.
Sobre Bravo, admiten que está desempeñando “muy bien” su rol de interlocutor, y califican la actitud de Feijóo de “razonable”. También hay curvas en esta relación: el lunes, el PP narra una secuencia de confusión en la que inicialmente Cuerpo comunicó que sus recetas difícilmente entrarían en el texto, para después cambiar de posición y oficializarlo 20 minutos después de medianoche. Entre medias hubo dos llamadas en las que el PP expuso sus ideas, ya presentadas públicamente por su líder.
El ministro, afirman en sus filas, hizo un “repaso del contenido” del decreto con los grupos que se mostraron dispuestos, y después volvió a hablar con ellos para estudiar “cómo canalizar” parte de sus medidas, asegurando que las vías de diálogo se mantenían abiertas.
“Cuerpo nos manifestó algunas dificultades para modificarlo”, afirmaron desde el PP. “Y esa percepción fue corroborada cuando diversos medios de comunicación recibieron información por parte de Moncloa diciendo que el texto iría al Consejo de Ministros con la misma redacción planteada desde un primer momento y sin incorporar propuestas del PP”, abundaron.
El PP lamenta que apenas han contado con algunas de sus ideas, como la que alude a las comparecencias trimestrales de Cuerpo en el Congreso para hacer seguimiento de la implantación del plan. En el Gobierno venden lo contrario: “Hemos atendido mucho”.
“Se ha incorporado todo lo que se podía”, “les hemos dado una pista de aterrizaje”, presumen en La Moncloa. Agradecen la “oposición de Estado” que creen que está ejerciendo hoy el PP, y sostienen que los conservadores ven en esta actuación “una posibilidad de distanciarse de Vox”. Los teléfonos no han dejado de sonar, pese a los recelos mutuos y a las críticas, nunca en boca de Cuerpo o de Bravo.
Al Gobierno no le sentó bien que el PP celebrara en un comunicado que Sánchez no haya puesto a María Jesús Montero al frente de estas negociaciones. “Pedro Sánchez acierta al mandarla al rincón de pensar y al asumir que no es una interlocutora razonable para afrontar políticas de Estado”, afirmó el PP. “Amable no es”, criticaron en el PSOE.
En cualquier caso, entre los socialistas reconocen que el perfil de Cuerpo, más técnico y menos político que el de Montero, puede facilitar el entendimiento. Y no ocultan que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, aunque hoy no da la cara directamente ante el PP, tiene un peso determinante en la actuación del Ejecutivo. En esta ocasión, sin embargo, evitaron hacer sangre.
Choque y reconducción del rumbo
También optaron por medir su reacción cuando, a mitad de la tarde, el PP remitió un nuevo comunicado enfriando las negociaciones, deslizando que el pacto con el Gobierno del que ha presumido Junts per Catalunya en el marco de este decreto les impediría votar a favor. Para que el Congreso vote su convalidación aún pueden jugar con hasta un mes de margen, por lo que ambas partes tienen en su mano rebajar la tensión.
De nuevo, una conversación telefónica entre Cuerpo y Bravo permitió constatar, según fuentes del PP, que los cauces de diálogo siguen operativos, y que ninguna de las partes tiene intención de abandonar la mesa de negociaciones.
“El Gobierno ha decidido expulsar al Partido Popular del marco negociador para la respuesta a la crisis arancelaria tras pactar unilateralmente con el independentismo un cupo arancelario que reparte de manera desigual los recursos de todos los españoles”, denunció el PP. Se refería así a las palabras de Junts, que defendió que el 25% de los recursos se destinarán a empresas en Cataluña.
Fuentes del Ejecutivo aseguraron estar “alucinando” ante la reacción del PP, y explicaron que el texto incluye en su disposición adicional segunda que los instrumentos de financiación estarán a disposición de las empresas “de manera equilibrada territorialmente, en función de su exposición al shock”. Esto es, que si hay empresas más expuestas en determinadas regiones “podrían necesitar más acceso a financiación”. Esto no supone que las de otras regiones no lo tengan, ni que se reserve un porcentaje de estos créditos a una comunidad en concreto, y de hecho no aparece mención alguna a porcentajes en el texto.
Esta redacción se incluyó en la última versión del decreto, remitida de madrugada, pero no en la que enviaron al PP el domingo, reconocen fuentes gubernamentales. Pero dicen no entender el malestar de los conservadores, toda vez que esta redacción está incluida en una disposición que recoge exigencias del PP sobre el papel de seguimiento de las comunidades autónomas y la necesaria rendición de cuentas del Ejecutivo ante la Cámara Baja. “Habrá financiación para todas las empresas que lo requieran”, “no esperamos que haya competencia”, insistieron fuentes de Economía.
Desde Moncloa sólo se explican los números facilitados por Junts si se tiene en cuenta el peso de las empresas que exportan a EEUU en los distintos territorios. Aunque recuerdan que son esas empresas quienes pedirán las ayudas, no las comunidades autónomas. Las palabras de Junts tensionaron, pero a última hora de la tarde ambas partes intentaron rebajar la tensión.
El Gobierno advierte: esperan contar con los votos de sus socios
Antes de que el PP reaccionara al anuncio de Junts, en el Gobierno insistían en que, a priori, prevén contar con los votos de sus socios habituales para convalidar el decreto, sugiriendo que no necesitan el respaldo de Feijóo. Otra cosa es que quieran contar con el PP, y que se declaren “optimistas” sobre la posibilidad de lograrlo.
Aún hay muchos puntos por negociar, como expuso Cuerpo en rueda de prensa: hay que definir las condiciones de acceso a los avales crediticios del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y en esto pueden influir las decisiones que adopten en Bruselas sobre la respuesta conjunta a la crisis arancelaria. También se puede elevar el techo de los avales, que hoy está fijado en 5.000 millones.
De momento no están tan dispuestos a abordar los incentivos fiscales que propone Feijóo, uno de los pilares de su estrategia. Pero insisten en que la decisión que adopten finalmente “no será dogmática”, sino que tendrá que ver con el impacto de las medidas de Trump y el grado de efectividad de las contramedidas del plan antiaranceles.
Por lo pronto, el Gobierno y el PP tienen la vista puesta en la reunión del próximo jueves, la conferencia sectorial con las comunidades autónomas. Las comunidades del PP están indignadas con el anuncio de Junts y reclamarán explicaciones. Y en Moncloa insisten en que, “ante un shock tan generalizado, es difícil que prime el componente partidista”. Cuerpo comparece en el Congreso este miércoles, y el tono que adopte el PP servirá para evaluar el estado de sus relaciones. Los puentes siguen siendo transitables.