Crisis PSOE-Sumar: los ministros de Díaz se enteraron del incremento en defensa la tarde antes

La herida es hoy más profunda que ayer. El Gobierno de coalición ha puesto a pruebas sus costuras este martes por las diferencias que separan a ambos socios, PSOE y Sumar, ante el incremento del gasto en defensa que han aprobado en Consejo de Ministros. Y lo ha hecho con sus primeros espadas, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, mostrando sus discrepancias a pesar de que oficialmente Moncloa ha tratado de minimizarlas. “No” habrá ruptura de coalición, coinciden las partes afectadas.

Distintas fuentes del Gobierno aseguran a Artículo14 que los ministros de Sumar conocieron con escasas horas de margen que el Consejo de Ministros aprobaría el plan por el que disparan en 10.471 millones la inversión en seguridad y defensa, para lograr que equivalga al 2% del PIB ya en 2025, cuatro años antes de lo inicialmente previsto. En paralelo, el Gobierno ha licitado la compra de 15 millones de balas a una empresa israelí tras prometer que no lo haría ahondando las discrepancias en la coalición.

Sánchez y Díaz conversaron durante la tarde del lunes, afirman. Y fue después cuando Díaz notificó al resto de ministros de Sumar la decisión del presidente. Izquierda Unida, la organización integrada en Sumar que presenta posiciones más duras, acusó al PSOE en un comunicado de haber colado esta cuestión “a última hora” y “unilateralmente”. “Los temas importantes no acordados en los pactos programáticos de Gobierno se debatan previamente, no se impulsen unilateralmente y se cuelan a última hora en el Consejo de Ministros”, reprocharon.

Una actuación así, argumentan desde la Vicepresidencia Segunda en las observaciones planteadas ante la decisión del Consejo de Ministros, “Requiere de un debate en profundidad y acuerdo en el seno de este Gobierno de coalición”. “Ante su ausencia, la posición de esta Vicepresidencia solo puede ser de rechazo a la aprobación del Plan. Por tanto, se solicita su retirada del índice del Consejo de Ministros”, reza el texto.

En paralelo, Sánchez vendía la existencia de “un consenso” con sus socios “en la mayoría de los puntos del plan”. Minimizó la “discrepancia” de Sumar, hasta el punto de aludir a meros “matices”, y de presumir de que el Gobierno está “unido”. Había enfado entre algunos dirigentes de Sumar, pero también silencio de sus ministros.

En el ala socialista del Ejecutivo reconocen las enormes dificultades de los partidos de la coalición de Díaz para justificar ante sus respectivos electorados la aprobación de este plan. Asumen como “lógico” que haya “discrepancias” en esta materia, pero afirman que no les están poniendo “en un aprieto”, porque “no se toca el gasto social” para ejecutar estas inversiones, como les requirieron. “Hemos incorporado cuestiones que ellos pedían”, sostienen.

“Podemos les aprieta a ellos y es lógico que no estén cómodos”, explican. Otras voces del Gobierno agradecen que los ministros de Sumar hayan sido “leales”. Y eso no quita para que recuerden que el reparto de competencias en la coalición siempre ha sido el mismo: “Estaba claro que las carteras de Defensa e Interior dependen directamente del presidente”, zanjan.

El Ejecutivo deja la puerta abierta a nuevos incrementos

Por otra parte, ante las cámaras y micrófonos, ni Sánchez ni María Jesús Montero han querido pillarse los dedos descartando nuevos incrementos de estas partidas. Fuera de plano, fuentes del Ejecutivo dejan la puerta abierta a destinar todavía más recursos a estas materias, pero en plazos menos apretados. Y condicionándolo a que haya “consenso” entre los socios de la UE y la OTAN.

Estas fuentes sostienen que la mayoría de los expertos consultados por el Gobierno alertan de la existencia de importantes amenazas para la seguridad del país, como defendió Sánchez. E incluso que algunos de ellos afirman que invertir el 2% “es poco”. “Hay enemigos estatales y no estatales a los que sólo se les disuade así”, afirmó el presidente para justificar que un 19% de estas partidas vaya destinado a la adquisición de armamento, aún por detallar.

El escenario de que aprueben destinar más recursos a estos fines está abierto, pero hoy no quieren avanzar más pasos, y creen que no tendrán que contemplarlos hasta la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en La Haya, en junio. En esta ocasión, justifican la premura con la que han elaborado y presentando este plan aludiendo a los plazos que les ha dado la OTAN. Lo remitirán a Bruselas este miércoles, el último día para hacerlo llegar a la Alianza Atlántica.

Para que efectivamente se considere que España invierte el 2% de su PIB en 2025, algo más de 33.000 millones de euros, necesitan ejecutar lo presupuestado, porque así lo exige la OTAN, según fuentes del Ejecutivo. Tienen algo más de 8 meses para hacerlo.

Por lo pronto, dicen confiar en que la Alianza Atlántica avale que todos los gastos comprometidos, desde el aumento de salarios a los profesionales de las Fuerzas Armadas a los nuevos equipos para gestionar emergencias, se computen como inversión en defensa. El Ministerio del ramo, en manos de Margarita Robles, es quien ha estimado que estas partidas cumplen los requisitos que exige la OTAN para computarse como tales: “Lo tienen muy experimentado”, afirman desde Moncloa.

Sin preguntar al Congreso

Hay muchas incógnitas sobre su propia hoja de ruta que, por el momento, el Gobierno no puede o no quiere despejar. Se espera que el propio Sánchez comparezca en el Congreso a primeros de mayo para informar del contenido de este plan, aunque no para someterlo a votación. Sostienen que, al no tener que requerir créditos, no necesitan someterlo a la consideración de la Cámara Baja. Que actúan en el margen de sus competencias.

Para costear esta inversión, Montero, explicó que recurrirán a “otras partidas” incluidas en los Presupuestos para el ejercicio en el que entraron en vigor, 2023. El Gobierno los ha prorrogado ya en dos ocasiones, y la ministra de Hacienda afirmó en el Senado que hay partidas que hoy “no tienen razón de ser” porque “se pagaron en un su momento” y hoy “se ejecutarán” para un propósito distinto.

Fuentes del Ejecutivo insisten en que, más allá de la “reorientación” de algunas partidas, como ocurre con fondos europeos Next Generation, por valor de 1.300 millones, el grueso de los recursos provendrán de esas cantidades incluidas en el capítulo 8 de las cuentas en vigor, la que recoge los activos financieros. “No se pueden dedicar a otras políticas”; “En ningún caso estos 10.000 millones pueden competir con otro tipo de políticas”, argumentó la número dos del Gobierno.

Un ejemplo claro son las partidas que se proyectaron y aprobaron en 2023 como compensaciones a las comunidades autónomas para amortiguar el impacto de la pandemia de covid-19. Y otro chorro de maná, mientras fluya, lo atribuyen a la las buenas cifras macroeconómicas de las que presumen. Con unos Presupuestos prorrogados, explican, es común que los Ministerios modifiquen “a diario” el fin de las partidas con las que trabajan. Lo que no es común es que lo hagan con 10.471 millones.