La fecha meta se diluye. Los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial se vuelven a sentar este lunes para intentar desencallar las negociaciones y consensuar quién ocupará la presidencia del Órgano de los jueces. Una elección clave para que la Justicia deje de estar paralizada tras los más de cinco años de falta de acuerdo político y los dos meses en los que los miembros del Consejo no han logrado ponerse de acuerdo para designar el cargo. La de este lunes será la cuarta reunión, pero reina el pesimismo en ambos bloques.
Fuentes del bloque conservador aseguran a Artículo 14 que a esta hora “lo ven complicado”. Por su parte, los progresistas empiezan a asumir que se llegará sin presidenta a la apertura del año judicial: “Jurídicamente, no es ningún desastre. Pero socialmente ya está mal que no hayamos llegado a acuerdo”, lamentan.
El tiempo apremia si pretenden que el Rey Felipe VI sea recibido en las puertas del Tribunal Supremo este jueves por el futuro presidente del Poder Judicial. El nuevo cargo tendría que jurar la Constitución en el palacio de la Zarzuela un día antes, o sea, este miércoles. Por tanto, estos días las negociaciones se intensificarán. Eso sí, confirman que las conversaciones no han parado durante todo el verano y que nunca se han roto, aunque las fuentes consultadas las describen como un “juego de póker”.
En principio, el nuevo Consejo eligió a siete magistrados del Tribunal Supremo como candidatos a su presidencia: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. Entre esos siete tienen que elegir a uno por una mayoría de tres quintos. Es decir, como mínimo 12 de los 20 vocales tienen que dar su voto favorable a uno de estos siete candidatos.
El claro favorito del bloque conservador es Pablo Lucas, mientras que para los progresistas no hay mejor candidata que Pilar Teso. El problema es que ninguno de los dos sectores se ha movido hasta ahora de estas dos preferencias iniciales.
Pilar Teso es magistrada de la Sala Tercera del Supremo (TS), desde 2008 y entró en la carrera judicial en 1985. Para el ala progresista es la candidata con “mejor carrera judicial” y la “más cercana a la ciudadanía”. Insisten en que ya estuvo postulada a presidir el órgano en un principio de acuerdo entre PP y PSOE en 2022 para renovar el Consejo. Y además subrayan la importancia de que presida el Poder Judicial por primera vez en la historia una mujer para cumplir con la ley de paridad.
Pero desde el sector conservador la ven como la “candidata de la Moncloa” y, aseguran, “viene teledirigida”. Idea que refutan desde el otro bando. Para ellos, Pilar Teso no está adscrita a ninguna asociación de jueces e incluso dudan “de si Teso es progresista”.
Las posturas están enrocadas. Los conservadores se muestran inamovibles ante cualquier idea que no sea Pablo Lucas el elegido. Su candidato es Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y el encargado del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.
Ferrer, el plan “B”
En las últimas horas, el sector progresista deslizó la idea de que pudieran renunciar a Pilar Teso si su otra candidata, Ana Ferrer, era la elegida. Pero para los conservadores “no es un cambio significativo”.
Las fuentes consultadas lamentan la falta de consenso: “La impresión que trasladamos es que somos incapaces. Nos quejamos de que nos impongan al presidente y cuando nos dejan elegir no somos capaces de llegar a un acuerdo”.
Esta es la primera vez que el acuerdo político para renovar el órgano no incluye la designación del presidente del Consejo, que lo será también del Tribunal Supremo. El acuerdo firmado entre PP y PSOE dejó, por tanto, libertad a los vocales para que fueran ellos los que seleccionaran a su presidente. Por tanto, la parálisis de la Justicia ya no la pueden achacar a falta de responsabilidad de Estado política. La pelota está en su tejado.
Y es grave porque hasta que no haya presidente, el órgano de gobierno de los jueces no puede comenzar a trabajar con normalidad. No se pueden constituir comisiones de trabajo, ni realizar el casi centenar de nombramientos pendientes que mantienen a la Justicia paralizada. Por tanto, el órgano no puede gestionar peticiones como la del expresident Carles Puigdemont, quejándose de “la desatención y el retraso injustificado y reiterado” del magistrado Pablo Llarena para resolver los recursos interpuestos contra la no aplicación de la ley de amnistía.
Tampoco puede pronunciarse el órgano si algún juez pide su amparo reclamando independencia judicial. De hecho, el sector conservador a la salida de la última reunión y viendo el bloqueo, filtraron un comunicado a la prensa en defensa de la independencia judicial a raíz de unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurando que la decisión del Tribunal Supremo sobre no aplicar la ley de amnistía en el delito de malversación de Carles Puigdemont “no había por donde cogerla”.
Para los vocales conservadores del Consejo, esas declaraciones “excedían de lo que es el legítimo uso de la libertad de expresión” y, por eso, en el escrito hacían un llamamiento a la contención del Ejecutivo en ese tipo de manifestaciones públicas. Un documento que podría haberse debatido en el Consejo en condiciones normales y publicarse de manera oficial, pero que sin presidente no puede, siquiera, plantearse.
Ni mucho menos se puede empezar a discutir la propuesta que tienen que enviar a las Cortes para reformar el sistema de elección del órgano de los jueces. La nueva ley del Poder Judicial aprobada tras el acuerdo PP-PSOE da un plazo de seis meses al Consejo para realizar los cambios y enviar el texto a las Cámaras. Un reto que tendrán que solo podrán empezar a discutir cuando el órgano se constituya.
En definitiva, una Justicia que se abona al bloqueo indefinido. Pese a todo, el aire no es irrespirable en la mesa de los 20 vocales. Aseguran las fuentes consultadas que “hay buen ambiente” que no hay “hostilidades” al igual que tampoco hay entendimiento.