De facto, la ley ya está aprobada. A no ser que el PSOE retire la proposición de ley- cosa que no parece probable según sus últimas declaraciones- es imposible revertir la tramitación parlamentaria de la norma. Un texto que conmutará las penas en el extranjero y por la que, hasta 44 etarras, podrán verse beneficiados. El “error injustificable” al que hacía referencia Alberto Núñez Feijóo por haber pasado por alto las consecuencias de la aprobación de la ley, impedirá que el PP pueda hacer nada en las Cortes. Ni si quiera retrasar su aprobación aprovechando su mayoría en el Senado. Un mecanismo que acostumbran a usar los populares cuando les llegan normas del PSOE que no les gustan, como pasó con la ley de amnistía.
El PP no se dio cuenta de lo que votaban, según afirman, y la norma contó con la unanimidad del Congreso de los Diputados. PP y Vox no introdujeron enmiendas, es decir, no propusieron ninguna modificación al texto. De ahí, se remitió al Senado donde el PP cuenta con mayoría. En la Cámara Alta, podrían haber introducido de nuevo enmiendas o vetar la ley. El veto es la figura que permite a los populares retrasar dos meses las normas que llegan del Congreso y que no les gustan. Pero en ese punto del trámite parlamentario aún no habían caído en el “error” y el plazo culminó sin enmiendas ni vetos a la norma.
Fuentes jurídicas de las Cortes preguntadas por este periódico solo ven una vía posible para poner piedras en lo poco que queda de tramitación de la ley: “Pueden pedir votación separada de los apartados doce y catorce del articulo único, y votar en contra. Eso obligaría a mandarlo al Congreso y que este decida”. De esta forma, retrasarían su aplicación en el BOE. Pero las fuentes aseguran que aplazar la votación es “complicar las cosas”. Explican que como la ley no se enmendó ni se vetó podría ser publicada en el Boletín Oficial del Estado sin pasar una segunda vez por el Congreso de los Diputados, informa Alejandro de Miguel.
Las fuentes consultadas, además, hacen referencia a un precedente 1996 que avalaría esta publicación automática de la norma en el BOE. Hablan del ‘caso de Ses Salines’, una ley para declarar reserva natural las salinas de Ibiza. La norma no pasó segunda vuelta en el Congreso porque no se vetó en el Senado. El Tribunal Constitucional entonces sentenció que, si la norma no presenta veto o este no se aprueba, la Cámara Alta pierde la capacidad de bloquearla.
Una vez en el BOE, los jueces de oficio o los abogados de los presos que hayan cumplido penas fuera de España, como es el caso de los 44 etarras, podrán solicitar la aplicación de la norma y la adaptación de su pena. Según explica el Magistrado Joaquim Bosch: “Hay que analizar el ajuste de la situación concreta con el cambio legal”. Pero será obligatorio aplicar la reducción de condena, no habrá lugar a ningún tipo de interpretación jurídica. Además, Bosch calcula que el trámite podría tardar como máximo pocas semanas: “Es un trámite muy breve: alegaciones de las partes y Fiscalía y resolución judicial”. Por tanto, de publicarse en el BOE el próximo lunes, los presos podrían tener conmutada su pena para finales de este mes de octubre.
La única vía que quedaría al PP para intentar revertir la situación es recurrirla al Tribunal Constitucional. Pero esto no paralizaría las excarcelaciones. La deliberación del recurso llevaría años, teniendo en cuenta los plazos del Tribunal de Garantías. Por tanto, los presos podrían salir de prisión al conmutar sus penas con la nueva norma y, años después, si el Constitucional tumbara finalmente la ley, la reducción de condenas quedaría anulada. En ese caso, explica Bosch, los etarras o todo aquel excarcelado por la aplicación de esta ley tendría que regresar a la cárcel para cumplir con los años convalidados en un principio.