La Constitución Española de 1978 es una buena receta en manos de malos cocineros, según una amplia mayoría de españoles.
Al analizar el funcionamiento de cualquier institución —ya sea pública o privada— es necesario distinguir entre dos dimensiones: su razón de ser y su grado de eficacia en la consecución de sus objetivos. Esto es lo que en sociología se conoce como “legitimidad de origen” y “legitimidad por desempeño”.
La democracia española alcanzó su legitimidad de origen el 6 de diciembre de 1978, cuando más del 88% de los españoles votó a favor del proyecto constitucional. Ahora, cuarenta y seis años después, y con buena parte del censo renovado, esa legitimidad de origen parece mantenerse: más del 70% de los españoles confía en la vigente Constitución Española.
Esta confianza ciudadana en nuestra norma constitucional se apoya en la creencia de que la democracia es, por ahora, el mejor camino para la convivencia. Según los datos, un 81% considera que es preferible a cualquier otra forma de gobierno, y un 87% opina que, aunque pueda tener problemas, sigue siendo el mejor sistema de gobierno.
Sin embargo, esa legitimidad de origen, que en principio parece incuestionable, no es invulnerable. La legitimidad de origen se obtiene, pero la legitimidad por desempeño se mantiene. Y en este aspecto, los españoles comienzan a albergar serias dudas sobre el funcionamiento de nuestra democracia.
Un 63% de los ciudadanos se declara insatisfecho con el funcionamiento actual del sistema democrático, frente a un 35% que se muestra satisfecho. Este deterioro es evidente al comparar con el pasado: hace veinte años, en 2004, las cifras eran opuestas, con un 61% satisfecho y un 34% insatisfecho.
La raíz de esta insatisfacción es clara y parece encontrarse en la clase política. Un 76% desconfía de los partidos políticos y un 68% manifiesta poca o ninguna confianza en el Gobierno central. La decepción es tal que ya cuatro de cada diez españoles (39%) creen que la democracia podría funcionar sin partidos políticos, un aumento significativo respecto al 12% que opinaba lo mismo en 2004.
Es interesante observar cómo varían las percepciones según el sexo y la edad. Entre quienes pudieron votar en el referéndum de 1978, la confianza en la Constitución es la más alta y 10 puntos superior en hombres que en mujeres (81% frente a 71%). En las generaciones de entre 35 y 64 años apenas hay diferencia por sexo (72% frente a 71%), mientras que, entre los menores de 35 años, donde menos apoyo recibe la Constitución, las mujeres muestran más confianza que los hombres (68% frente a 64%).
Los dos electorados que depositan más confianza en la Constitución son los de los partidos tradicionales: PP (88%) y PSOE (80%). Entre los votantes de los partidos que refuerzan los bloques, la confianza también es mayoritaria, aunque algo menor: Vox (66%) y Sumar (60%). Sin embargo, entre los votantes de los socios parlamentarios del actual Gobierno, la confianza en la Constitución de 1978 es mínima: ERC (37%), Junts (21%) y Bildu (14%).
En suma, nos enfrentamos a una profunda crisis de representación. Tras una década marcada por la impugnación de los partidos tradicionales, con la aparición y desaparición de nuevas fuerzas políticas, los ciudadanos tienen pocas dudas de que la receta y los utensilios de la cocina democrática son adecuados. Sin embargo, el juicio sobre la incapacidad del equipo de cocineros es casi unánime. Y como sucede en cualquier lugar, si los comensales entienden que no les atienden, se desentienden. La alarma ya está sobre la mesa: uno de cada tres jóvenes menores de 35 años ha comenzado a pedir la cuenta. Así que nadie se extrañe si en algún momento se pone de moda una cocina alternativa.