El Gobierno marca récord de frentes abiertos en una semana frenética, a punto de publicar en el BOE varias leyes de calado y de inaugurar formalmente la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. A las causas judiciales se les unen las amenazas de varios socios y sus vetos cruzados, que van sumándose para hacer peligrar varias iniciativas legislativas de peso. La mera enumeración de estos frentes ya es vertiginosa, y las conversaciones para tratar enderezar el rumbo en la esfera política se suceden como una suerte de circo de varias pistas.
Sin ir más lejos, fuentes del Ejecutivo criticaron este martes su indefensión frente a una de las causas judiciales abiertas, que tiene como uno de sus investigados al empresario Víctor de Aldama. Sostienen que en este procedimiento, en el que el empresario ha arremetido sin aportar pruebas contra destacadas figuras del PSOE y del Ejecutivo, deberían respetarse “las garantías”.“No tiene ni pies ni cabeza”, “parece la Inquisición”, afirman, “en vez de un Estado de Derecho”
Hasta ahora, Aldama ha presentado “un papelito”, en palabras del portavoz parlamentario, Patxi López, como único sustento a sus acusaciones, “frente a un informe serio del Ministerio” de Transportes. “Colaborar con la Justicia no es acusar sin pruebas, eso es difamar”, afirmó el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El lunes declaró Aldama ante el Tribunal Supremo; el martes lo ha hecho Koldo García, en el marco de la misma causa de supuesta corrupción (ambos, como investigados). El exasesor de José Luis Ábalos secundó la versión del diputado y exministro como testigo, y arremetió contra el empresario. El miércoles es el turno de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, que volverá a la Plaza de Castilla para declarar; está citada como investigada por los presuntos delitos de intrusismo y apropiación. Sobre ella pesa también la citación por supuestos tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La semana negra para el Gobierno arrancó con la admisión por parte del Tribunal Supremo de una demanda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por supuesta intromisión al derecho al honor. González Amador, que denunció ser víctima de una filtración de sus datos por la que ya está imputado el fiscal general, Álvaro García Ortiz, abrió este frente a la ministra por asegurar que había indicios de que cometió “dos graves faltas” contra la Hacienda pública.
Dentro y fuera de cámara, desde el Ejecutivo sostienen ser víctimas de una campaña de “acoso” político, con colaboración de “algunos” jueces, que persigue su destrucción. Especialmente, la “destrucción personal” de Sánchez, cuyo hermano, David Sánchez, también está imputado por un juzgado de Badajoz por supuesta malversación. A finales de la semana pasada, el propio Banco BBVA remitió un escrito a la jueza que lo investiga aclarando que su patrimonio en acciones en esa entidad es de 71.000 euros, y no de 1,4 millones, como afirmaba la denuncia del sindicato Manos Limpias.
Esto apenas supuso un pequeño balón de oxígeno para el Gobierno, que critica la apertura de investigaciones en base “a bulos”, y que de hecho ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para combatir la difusión de noticias falsas. La futura ley orgánica reguladora del derecho a la rectificación afecta a los usuarios con más de 100.000 seguidores en plataformas digitales, a los que persigue obligar a rectificar cuando difundan noticias falsas.
Las advertencias de Podemos y el PNV y los dardos de Junts
En lo que afecta directamente a su actividad política, el Gobierno tiene sobre la mesa la amenaza directa de Podemos sobre dos de sus leyes, y en una de ellas sí tiene margen para actuar. Se trata de la ley de eficiencia procesal, que el Congreso debe votar el jueves. Los morados amenazan con tumbarla si de ella no se elimina una enmienda del PNV que permite agilizar desahucios de quienes okupen viviendas. No necesariamente se resolverá este jueves: tienen dos meses de plazo para levantar el veto del Senado, o para dejar que la ley decaiga.
La enmienda fue introducida por un error de ERC y Bildu, que reconocieron el fallo y que trabajan para encontrar una solución, que difícilmente puede llegar en esta tramitación. El enfrentamiento en Podemos y Junts, que se acusan de mentir, ha llegado incluso al pleno de la Cámara, aunque se debatían cuestiones que nada tenían que ver con esta norma. “Podemos vuelve a tratar de confundir a la ciudadanía”, acusó el PNV en una nota de prensa. “Podemos y Bildu apoyan la ocupación; el PNV no”, apostillaron en tribuna.
Y, como lamenta un dirigente socialista, la pelota siempre acaba en su tejado. “Siempre estamos buscando fórmulas”, admiten fuentes del PSOE, que señalan que esta corrección debe hacerse a través de otra iniciativa legal. También buscan soluciones para esquivar el pacto PP-Junts en la tramitación de otra norma, que suprimiría el impuesto a la producción de energía eléctrica. En este caso la opción que cobra vuelo pasaría por dejar caer su proyecto de ley sobre comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para presentar una nueva iniciativa desde cero.
La otra amenaza tiene que ver con el paquete fiscal, que Podemos avaló tramitar con sus cuatro votos a cambio de extender el impuesto a las energéticas ya vigente para estudiar una futura reedición del mismo. Esto se vertebra a través de una mesa de negociación entre partidos de la que se ausentaron el PNV y Junts la semana pasada. La mayoría de las partes niegan que haya visos de alcanzar un acuerdo que pueda lograr los votos necesarios.
Prevén volver a reunirse este miércoles, pero los morados ya han hecho pública su desconfianza ante Hacienda, que plantea un esquema de deducciones e incentivos que vaciaría de capacidad recaudatoria al gravamen. Por su parte, fuentes del PNV han incidido en que no quieren extender el gravamen que hoy está en vigor, y advierten de que votarán en contra de cualquier norma que incluya esta prórroga.
Aquí, los intereses del PNV y Junts son irreconciliables con los de la izquierda a la izquierda del PSOE, y los morados pretenden utilizarlo. Ni en el PSOE ni en Sumar creen que vayan a tumbar el paquete fiscal si no logran sus objetivos. El jueves se votarán las enmiendas parciales, pero no hay opción de que decaiga la ley en su conjunto, a pesar de las advertencias de los morados. Tampoco parece probable que avalen modificaciones impulsadas por el PP.
Junts aprieta, pero no ahoga
Por lo pronto, Carles Puigdemont concedió una entrevista a TV3 este martes en la que criticó los “incumplimientos” del PSOE y trasladó nuevos avisos, pero sin concretarlos. Que PSOE y Sumar hayan optado por la patada hacia adelante en la Mesa del Congreso, retrasando su decisión sobre si debe o no tramitarse una iniciativa de Junts, “deja todas las opciones abiertas”. Debían pronunciarse sobre la petición de Junts de votar en pleno si Sánchez debe presentar una cuestión de confianza. “Se tendrá que tramitar sí o sí”, advirtió, o llevarán “la legislatura al colapso”.