La investigación en torno al presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez continúa dando pasos en dirección al Palacio de la Moncloa. El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, ha citado a declarar como imputada a Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que colaboró con Begoña Gómez en gestiones con la Universidad Complutense en busca de financiación para la cátedra extraordinaria que codirigía la esposa del presidente del Gobierno. Lo hará el próximo 28 de febrero.
Según el juez, existen sospechas de que Cristina Álvarez ayudó a la mujer del presidente del Gobierno en su actividad privada y, por tanto, atendió la imputación solicitada por la acusación popular que ejerce Hazte Oír.
La de Begoña Gómez y Cristina Álvarez es una vieja historia que no comienza ni en el Palacio de la Moncloa, ni en los despachos de la Universidad Complutense. La relación entre la mujer del presidente del Gobierno y su ahora asistente —adscrita desde 2018 como directora de Programas en el departamento de Presidencia— se remonta a bastantes años atrás, ya que ambas coincidieron durante bastante tiempo en Inmark (una empresa de telemarketing dirigida a recaudar fondos para organizaciones no gubernamentales). Ambas aterrizaron en esta empresa a finales de los años 90 y no tardaron en unir sus caminos en la tarea de captación de fondos para ONG.
El magistrado quiere obtener el registro de llamadas realizadas y recibidas por Álvarez desde su nombramiento hasta día de hoy a teléfonos vinculados al Instituto de Empresa, al IE-Africa Center, a la OMT, a Indra Sistemas SA, Google Spain, Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, Función Caixa, Reale Seguros o cualquier otra entidad o mercantil que patrocinara las cátedras extraordinarias en las que participó Begoña Gómez.
Su declaración como testigo
Álvarez contó en su declaración como testigo ante el propio juez Peinado el pasado mes de diciembre que cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura a Mariano Rajoy y llegó a la presidencia del Gobierno, su mujer, Begoña Gómez, la llamó para ofrecerle un puesto directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia.
A efectos prácticos, según relató, es la asesora de Gómez: controla su agenda, la pone en conocimiento de seguridad, protocolo, etc. Álvarez titubeó respecto a si existía un documento que especificara las funciones de su cargo y cómo se había otorgado: “Begoña me comentó que era un puesto de confianza de la mujer del presidente, era lo que había ocurrido siempre con otros gobiernos”.
Y acabó admitiendo que no tuvo que pasar ningún tipo de proceso de selección, que, simplemente, ella aceptó la propuesta para encargarse de “todo” lo que girara en torno a la vida personal y profesional de la esposa del presidente.
En ese contexto, el juez empezó a indagar en las gestiones concretas que realizó Álvarez con respecto a las relaciones de Gómez con la Complutense. Cabe recordar que Begoña Gómez está siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción, intrusismo profesional y apropiación indebida porque está bajo la lupa del juez la forma en que fue designada para liderar dos Cátedras en la universidad pública; cómo consiguió financiación privada para los cursos que impartía; si se adueñó ilícitamente de un software que desarrollaron tres empresas privadas para su máster; y si se excedió de sus competencias al firmar ciertos documentos sin ser personal de la Complutense.
“Me dice Begoña”
Peinado le preguntó a Álvarez por correos que ella misma había enviado. Le preguntó en concreto por uno del 8 febrero de 2024 en el que ruega a Pilar Suárez-Inclán, una directiva de Reale Seguros, que no le quite la financiación a la cátedra de la mujer del presidente: “PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis”, escribió Álvarez.
Menos clara fue Álvarez cuando le preguntaron por el registro de la marca de la cátedra. Begoña Gómez dijo en su declaración de este jueves que nunca tuvo intención de adueñarse de la cátedra” y Álvarez dudó de su participación en esa gestión. Llegó a decir que le ponían en las cadenas de correos con la Oficina de Transferencia de Resultados y Transformación (OTRI), encargada del registro de la marca, pero que ella no estaba en eso.