Las necesidades de la sociedad son cambiantes y es nuestra obligación como representantes públicos adaptar las políticas que implementemos a estos requisitos. Sin duda, uno de estos importantes cambios ha sido la plena incorporación de la mujer al mercado de trabajo, poniendo de relieve la importancia de las políticas de conciliación y corresponsabilidad familiar como instrumento para garantizar la igualdad de género facilitando la participación de las mujeres en el mercado laboral, el reparto igualitario entre hombres y mujeres de las responsabilidades en el cuidado de familiares y para que sea posible la eliminación de las desigualdades de género en materia de ingresos y salarios.
Todos los datos revelan que las brechas de género están directamente vinculadas con las dificultades para conciliar que afectan mayoritariamente a las mujeres, demostrando que esa igualdad está aún lejos de ser real y efectiva.
Pero no es solo eso, hoy las generaciones que se incorporan al mundo laboral han cambiado la filosofía que en generaciones anteriores predominaba. Antes el trabajo era el centro de la vida diaria y, ahora, para ellos el trabajo debe ser lo que les permita vivir, pero vivir mejor. Disponer de tiempo es fundamental en su escala de prioridades y esto que los jóvenes ambicionan, debe ser también una oportunidad para todos, para la mejora de nuestra calidad de vida, siempre sin poner en peligro la trayectoria laboral y la productividad de las empresas de nuestro país.
Además, estas políticas públicas que desarrollemos deben tener en cuenta la realidad demográfica actual. Por supuesto, los efectos del envejecimiento de la población, ya que una sociedad sostenible desde un punto de vista demográfico exige hombres corresponsables en el cuidado, la crianza y la educación de los hijos, hijas y ascendientes y, a su vez, también demanda los recursos suficientes para que sea posible compatibilizar estas responsabilidades familiares con el trabajo y la vida personal.
Nos encontramos, por tanto, con una realidad social que hace que muchas familias se planteen cuándo y cuántos hijos tener, con datos que afirman que las mujeres desearían tener más hijos de los que realmente tienen, lo que unido al progresivo envejecimiento de la población nos sitúa ante un desafío demográfico de primer nivel, con grandes implicaciones sociales como la adaptación y mantenimiento del Estado del Bienestar, pero también de carácter económico porque ninguna gran economía puede mantenerse sin una fuerza productiva joven.
Ante esta situación, no hay tiempo que perder. La sociedad reclama al Estado políticas que reviertan la situación actual y permitan a las familias, en un entorno estable y de libertad, tener los hijos que desean permitiendo conciliar la vida personal, familiar y laboral.
La Directiva Europea 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores, sin duda nos abre el camino poniendo el acento en la necesidad de avanzar en políticas de corresponsabilidad, proporcionando mayores incentivos a los hombres para que asuman la misma cantidad de responsabilidades que las mujeres en el cuidado de sus familiares.
El derecho a conciliar no puede ser una opción, sino una realidad que hay que abordar con garantía de éxito, y en esto nos vamos a empeñar desde el Partido Popular. Por eso hemos registrado en el Congreso de los Diputados nuestra Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar, la más ambiciosa de la democracia y cuyo objetivo fundamental es mejorar la vida de los ciudadanos planteando medidas concretas.
Estamos ante algo más que un cambio cultural, es necesario articular una política de Estado que apueste por todo tipo de medidas, que incentive el uso indistinto y consecutivo de los permisos parentales para alargar su duración y reforzar un vínculo temprano entre padres e hijos; que contemple los cuidados familiares tanto de descendientes como ascendientes; que amplíe la oferta de servicios de la educación de 0 a 3 años y de cuidados de larga duración, accesibles y asequibles; que atienda las necesidades específicas de cuidado de todas las familias; que aporte apoyo económico y reconocimiento social a las familias y a las empresas familiarmente responsables; que profundice los derechos de los trabajadores al descanso y a la desconexión digital en el marco de la negociación colectiva premiando las buenas prácticas; y en definitiva, que aborde este reto de forma integral y con ambición de futuro.
La realidad actual de nuestra sociedad nos interpela para adaptar las políticas públicas de conciliación a los tipos de familias que hoy tienen necesidades muy diversas que atender. Porque las familias demandan pasar tiempo juntas. Los padres y madres deben tener la oportunidad de disfrutar de tiempo de calidad con sus hijos, poder participar en los momentos que marcan su infancia y adolescencia, y que no se vuelven a repetir. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de los abuelos, que son una pieza clave de la conciliación en nuestro país, aportando su tiempo y dedicación al cuidado de sus nietos, pero debemos conseguir que su papel sea el de proveedores de cariño y no el de sustitutos de servicios.