EH Bildu plasmó hace pocas semanas una magistral maniobra parlamentaria para sus intereses, que pasó inadvertida para PP, Vox y UPN. El Congreso aprobó la modificación de la ley orgánica 7/2014 (regula el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea) con el objetivo de aplicar una transposición Europea, es decir, permitir el intercambio de los antecedentes penales dentro del ámbito comunitario. El resultado de esta modificación legal, que este martes se debatirá en el Senado, es que una cuarentena de presos de ETA verán reducidas sus penas de cárcel y algunos —los que cumplieron condenas en Francia— incluso conseguirán su excarcelación gracias al descuento que conseguirán por su tiempo entre los barrotes franceses.
Esta modificación legal permitirá restar de la pena española el tiempo que ciertos presos hayan pasado entre rejas en otros países y pasó por debajo del radar de PP, Vox y UPN en el trámite del Congreso.
Según datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en total se perdonarán unos 400 años de cárcel a 41 terroristas, entre otros a uno de los terroristas más sanguinarios de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco, el joven concejal del PP de Ermua. Este miembro de la banda cumplió seis años de cárcel en Francia y su fecha prevista de excarcelación era 2031.
El Gobierno remitió el pasado mes de marzo al Parlamento el proyecto de ley que contempla este cambio sustancial en beneficio del mundo de ETA. Tanto sus abogados como Bildu llevaban desde el año 2015 demandando la derogación de un precepto de la norma —la disposición adicional única— para que se descontara a los presos de la banda el tiempo cumplido en cárceles francesas. De hecho, esta cláusula fue entonces incorporada en su momento por el PP en el Senado para impedir que los condenados antes de agosto de 2010 pudieran beneficiarse del nuevo cómputo más favorable.
Los populares no han advertido hasta ahora que la modificación de la ley 7/2014 comportaría la rebaja e incluso la excarcelación de miembros de la banda, y ahora se propone estudiar cuantos recursos haya a su alcance para impedirlo. Pero no lo va a tener sencillo, puesto que en este caso el Senado no podrá frenar su aprobación incluso votando en contra de la norma salida del Congreso.
Bolaños se lava las manos
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, se lavó las manos, dijo que la modificación está en tramitación parlamentaria y que no tiene nada que ver con el Gobierno. “Es una modificación de una ley que lo que hace es garantizar que se aplique la directiva europea en España. Es una tramitación parlamentaria pacífica. En el Congreso se votó a favor por todos los grupos, por PP, por Vox… Esa tramitación también ha continuado en el senado donde ni siquiera ha habido enmiendas”, recordó (y así es).
El PP, por su parte, aseguró que ha sufrido un engaño: “Si se confirma ese ultraje y esa indecencia a la que ha sometido a este Parlamento y el engaño a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, desde luego que desde el Partido Popular vamos a estudiar todas las herramientas políticas, jurídicas y parlamentarias para evitar que esto se consume”, dijo la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, Noelia Núñez, en una declaración ante los medios en el Congreso.