El caso de Isabel García es la última polémica que rodea al PSOE, aunque lo hace de una forma indirecta. Después del estallido del ‘caso Koldo’ y con la sombra de la corrupción y el tráfico de influencias de Begoña Gómez, ahora la legislatura de Pedro Sánchez lidia con una controversia que salpica de costado al socialismo y que tiene un profundo impacto en la cartera de Igualdad debido a la relación de las protagonistas. Repasamos las claves de la potencial corrupción de la directora del Instituto de las Mujeres y la gestión de los Puntos Violeta.
¿Quiénes son Isabel García y Elizabeth García?
Isabel García es la actual directora del Instituto de las Mujeres y Elizabeth García, su mujer. Esta institución es un organismo dependiente del Ministerio de Igualdad y, por tanto, responsabilidad de la ministra Ana Redondo. De hecho, la propia Redondo salió recientemente a hablar acerca de lo sucedido y admitió que ha pedido explicaciones a Isabel García para que aclare la situación. Al mismo tiempo, Sumar y Podemos están exigiendo su cese. Un cese que, por el momento, se no ha materializado.
¿Qué ha sucedido en el caso de Isabel García?
La directora del Instituto de las Mujeres y su esposa están en el punto de mira de la agenda política porque, presuntamente, obtuvieron sesenta y cuatro contratos públicos que fueron adjudicados a dos empresas que ambas comparten. Esos contratos públicos fueron entregados ‘a dedo’ por ayuntamientos donde gobernaba el PSOE. ¿El propósito? Organizar los famosos Puntos Violeta del Ministerio de Igualdad. Se trata de una serie de espacios seguros para víctimas de violencia machista con los que, presuntamente, Isabel García y su mujer se habrían enriquecido a manos llenas.
¿Cuánto dinero se ha llevado la directora del Instituto de las Mujeres?
Isabel García durante un acto público (Instituto de las Mujeres)
Según la información publicada por el diario El Español, Isabel García y su mujer se habrían llevado un total de 250.000 euros gracias a las licitaciones. Esta cifra habría entrado directamente a las dos empresas que ambas comparten, y que fueron las beneficiarias de las adjudicaciones públicas por parte de ayuntamientos socialistas para la instalación de los mencionados Puntos Violeta.
¿Cuáles son las empresas de la pareja?
Las empresas que se beneficiaron de las licitaciones llevan los nombres de IMBER Consultoría de Igualdad y Elig Consultoría de Igualdad y Diversidad. Según las descripciones oficiales de ambas empresas, están «especializadas en estrategia y gestión de políticas públicas» y en «actividades relacionadas con la igualdad y la diversidad». En ambos casos, tanto en el caso de IMBER como en Elig, no hay ningún trabajador en nómina y la mayoría de las personas vinculadas a las consultorías son voluntarias.
¿Qué ayuntamientos otorgaron las licitaciones para los Puntos Violeta?
Presuntamente, las adjudicaciones de las que se beneficiaron las empresas de Isabel García y Elizabeth García proceden de decenas de ayuntamientos gobernados por el PSOE. Es el caso de los siguientes:
- Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid)
- Ayuntamiento de Catarroja (Valencia)
- Ayuntamiento de Picanya (Valencia)
- Ayuntamiento de Burjassot (Valencia)
- Ayuntamiento de Moncada (Valencia)
- Ayuntamiento de Manises (Valencia)
- Ayuntamiento de Sueca (Valencia)
- Ayuntamiento de Godella (Valencia)
- Ayuntamiento de L’Eliana (Valencia)
- Ayuntamiento de Alcàsser (Valencia)
- Ayuntamiento de La Vall d’Uixo (Valencia)
- Ayuntamiento de Cullera (Valencia)
- Ayuntamiento de Alaquàs (Valencia)
- Ayuntamiento de Llíria (Valencia)
- Ayuntamiento de Foios (Valencia)
La vía por la que se otorgaron estas concesiones fue tanto por concesión directa ―en lenguaje vulgar, ‘a dedo’― como por concurrencia competitiva (concurso público). Sea como sea, en ambos casos, las licitaciones acabaron en manos de las empresas de la directora del Instituto de las Mujeres y su esposa.
¿Existieron «competidores falsos» en los concursos públicos de los Puntos Violeta?
Una de las cuestiones más polémicas que rodean este caso tiene que ver con los «competidores falsos» que se presentaron a los concursos públicos que acabaron llevándose las empresas de Isabel García y su mujer. Según El Español, hay al menos dos casos en el que existió un «competidor falso» que fue colocado por la propia directora del Instituto de las Mujeres y en el que intercedió una tercera persona en su favor.
Por lo visto, en los dos concursos públicos que se realizaron en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, Isabel García se aprovechó de una empresa llamada Afianza Global Service SL y cuya única propietaria es María Tato, directiva de la RFEF y del próximo Mundial 2030. Afianza Global Service simuló competir con la directora del Instituto de las Mujeres. De esa forma, se aparentaba que había diversas empresas luchando por la adjudicación pública. Sin embargo, tanto García como Tato habían acordado previamente la licitación.
De hecho, la empresa de María Tato figuraba con la dirección de correo electrónico personal de la propia Isabel García. Curiosamente, las «mejores ofertas» para las adjudicaciones públicas fueron realizadas por la directiva de la Federación. Por lo que sea.
¿Cuál ha sido la reacción de la directora del Instituto de las Mujeres?
Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres (Redes sociales)
“Tengo la conciencia tranquila y la certeza de haber hecho las cosas bien”, aseguró Isabel García cuando salió a la luz el posible caso de corrupción de la directora del Instituto de las Mujeres, su esposa y la gestión de los Puntos Violeta. «He cumplido y cumplo la ley reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado de manera escrupulosa, como no podía ser de otra manera”.
Isabel García sostiene que una de las empresas se creó con mucha antelación a las concesiones de los contratos públicos, y que, en el momento de la creación de la consultoría de igualdad, no existía ningún vínculo personal que le uniera al PSOE o a la Administración Pública. Además, presuntamente redujo su titularidad en las firmas al 8%, ya que la ley solo permite a los trabajadores públicos un máximo del 10%, y terminó cediendo el control de la gestión empresarial a su mujer.
“Mi mujer tiene derecho a trabajar, a comer y a vivir”, defendió la directora del Instituto de las Mujeres de manera vehemente, enfadada porque los medios han pintado una diana tanto a ella como a su círculo cercano por el caso de los Puntos Violeta. “Lo que no puede ser es que las parejas de las políticas y los políticos no tengan derecho a comer”. ¿Quién sabe? Tal vez estaba haciendo una referencia a la situación judicial que lidia Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, y la imputación del juez Peinado por el posible caso de corrupción y tráfico de influencias de la mujer del Presidente.
